La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela en enero de 2026 marcó un punto de inflexión en la política de seguridad hemisférica. La captura de Nicolás Maduro no fue un episodio aislado ni excepcional, sino la expresión más clara de una nueva doctrina impulsada por Donald Trump: frente al narcotráfico y al crimen transnacional, Washington ya no busca solo contener, debilitar o administrar amenazas, sino destruir completamente a las organizaciones criminales cuando las considera una amenaza directa a su seguridad nacional.
Este precedente es una advertencia directa para México. La designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y la calificación del fentanilo como “arma de destrucción masiva” establecen el marco legal y político para acciones extraordinarias. En esta lógica, los decomisos, las detenciones y las extradiciones —aunque relevantes— son vistos como insuficientes si las organizaciones criminales continúan operando, regenerándose y controlando territorios, rutas y economías ilícitas.
La conversación entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se descartó verbalmente una intervención militar estadounidense, debe entenderse como una pausa táctica, no como una garantía estratégica. Cuando Trump señala que “México puede hacer más”, no alude a mejorar indicadores, sino a desmantelar de forma irreversible a los cárteles: destruir sus finanzas, sus liderazgos, sus redes de protección institucional y su capacidad de control territorial.
Desde la perspectiva estadounidense, el problema no es el esfuerzo del Estado mexicano, sino la persistencia del enemigo. Mientras los cárteles sigan funcionando como estructuras resilientes, Washington seguirá considerando que la amenaza permanece intacta. El discurso de que “México está gobernado por los cárteles” no es una provocación retórica, sino un marco conceptual que, de consolidarse, puede servir para justificar acciones unilaterales bajo el argumento de que el Estado ha perdido control efectivo.
México aún cuenta con una ventaja clave que Venezuela no tenía: una profunda interdependencia económica, social y fronteriza con Estados Unidos, que eleva considerablemente el costo de cualquier intervención abierta. Sin embargo, esa ventaja se erosiona rápidamente si la percepción en Washington es que el país administra el problema, pero no lo elimina. En ese escenario, aumentan las probabilidades de operaciones “quirúrgicas” sin consentimiento, como ataques selectivos con drones o fuerzas especiales.
La conclusión es contundente: el margen de maniobra de México se está cerrando. En la nueva lógica de seguridad de Estados Unidos, la soberanía no se protege solo con discursos o cooperación limitada, sino con resultados estructurales que demuestren control real del territorio y capacidad para destruir a las organizaciones criminales. La captura de Maduro no es solo un hecho venezolano; es una advertencia. Para México, la soberanía hoy se defiende con eficacia. Mientras los cárteles existan como poderes funcionales, la presión externa no hará más que aumentar.
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