El EPPO: el nuevo organismo europeo antifraude

El European Public Prosecutors’ Office (EPPO)1 o Fiscalía Europea, es una agencia basada en Luxemburgo que inició labores recientemente. El organismo fue creado por 22 países miembros de la Unión Europea (UE) con el fin de perseguir...

31 de agosto, 2021

Liliana Alvarado Baena

El European Public Prosecutors’ Office (EPPO)¹ o Fiscalía Europea, es una agencia basada en Luxemburgo que inició labores recientemente. El organismo fue creado por 22 países miembros de la Unión Europea (UE) con el fin de perseguir delitos que involucran el mal uso de los fondos de la UE y otros fraudes en el IVA y en las aduanas. Dinamarca, por ejemplo, no se ha unido al organismo, pues está fuera de todos los asuntos en materia de justicia de la UE. Suecia ha señalado que se unirá pronto. También quedan fuera Polonia y Hungría, donde las cortes están controladas por grupos políticos. El EPPO está conformado por una fiscal en jefe, Laura Codruta, quien de 2013 a 2018 dirigió la agencia nacional anticorrupción de Rumania.

En el contexto europeo actual, los países donantes como Alemania y Países Bajos, buscan garantizar por medio de organismos como el EPPO que los recursos sean utilizados adecuadamente, y al mismo tiempo, que si se diera un mal uso, éste pudiera ser detectado oportunamente. Por ejemplo, los países donantes ven con preocupación el caso de Italia, por ser un país plagado por el crimen organizado. Asimismo, están reacios a otorgar mayores recursos a la UE en tanto no tengan la seguridad de que los recursos se van a ejercer de manera honesta. Algunos de los aspectos de diseño que han comenzado a garantizar el buen funcionamiento del EPPO son la centralización, la independencia y el blindaje ante riesgos de cooptación. A partir de su diseño institucional supranacional, el EPPO se apoya en esos pilares para alcanzar sus objetivos.

La centralización es un aspecto clave para el buen funcionamiento del EPPO debido a que los fraudes con los fondos europeos pueden efectuarse mediante transacciones internacionales que involucran a varios países. No obstante, cabe resaltar que el personal del EPPO trabaja de manera coordinada con equipos de fiscales (delegados) que son nombrados por los gobiernos y aprobados por la EPPO. Los delegados tienen un período inicial de 5 años que se puede renovar de manera indefinida a discreción del EPPO. Finalmente, los casos son resueltos en las cortes nacionales.

Cabe señalar que el organismo no ha estado exento de intentos de cooptación por parte de gobiernos de algunos países que buscan colocar a fiscales que velen por intereses de grupo en lugar de velar por el interés general. Por citar un caso, el EPPO rechazó a 6 de las 10 personas propuestas por el gobierno de Bulgaria para incorporarse al EPPO. De este modo, si bien los gobiernos nacionales tienen la facultad para postular a los posibles fiscales, el EPPO no acepta todas las propuestas que se le envían.

La independencia del EPPO respecto a los gobiernos nacionales es otro aspecto clave para alcanzar buenos resultados, pues hace posible procesar incluso a servidores públicos electos. En Europa, existen casos que involucran a servidores públicos y a políticos del más alto nivel, incluidos primeros ministros, quienes enfrentan acusaciones graves, pero que debido a la existencia de poder político y/o económico que los respalda dentro de sus países logran evadir la acción de la justicia. Sin embargo, esas redes de protección que logran ser tan poderosas al interior de los países pueden ser trastocadas por la acción de organismos supranacionales como el EPPO.

Con base en lo anterior, podemos concluir que la sola existencia y el tipo de funcionamiento del EPPO es por demás interesante e innovador en el diseño institucional. Conocer esquemas como el EPPO permite a gobiernos y sociedad civil ampliar el criterio para incorporar nuevas experiencias y formas de abordar y enfrentar el fenómeno de la corrupción en lo general.

1 Este texto se basa en el artículo Fighting Fraud. Enter the cleaner, publicado por la revista The Economist, en su edición del 21 de agosto de 2021.

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