El crimen organizado incidirá más en las elecciones que la tragedia del Metro

1 de junio, 2021

Israel Aparicio

Esta semana se cumplirá un mes de la tragedia del Metro donde murieron 26 personas cuando las trabes de la Línea Dorada se desplomaron mientras un convoy del Metro circulaba en una parte del tramo de las estaciones Tezonco y Olivos. La escena dantesca, producto de problemas estructurales, falta de mantenimiento y corrupción rampante, será icónica en lo que queda del sexenio y trascenderá en el tiempo.

Sin embargo en las próximas elecciones del 6 de junio donde se renovarán el congreso federal y 15 gubernaturas, será el crimen organizado a nivel local el que incidirá en algunos comicios municipales al ya dominar zonas específicas del territorio nacional.

El periodo de campañas electorales en México estuvo plagado de atentados, asesinatos, secuestros y violencia por parte de grupos delincuenciales que pretenden incidir en los resultados electorales para continuar con su dominio en numerosas y variadas ramas de negocios lícitos e ilícitos. La última semana de campaña cerró con la trágica cifra de 89 muertes violentas atribuibles a la violencia política, donde 39 de esos asesinatos eran candidatos.

Gerson Morales, candidato a la presidencia municipal de Yanga (Veracruz) fue herido de gravedad la tarde del 31 de mayo cuando dispararon contra su automóvil. Por la noche hubo un atentado contra la candidata del PT a la alcaldía de Cuitzeo (Michoacán), Rosa Elia Milán, a quien le dispararon desde motocicletas cuando regresaba de un evento de campaña. La semana pasada, asesinaron al candidato a regidor por un partido local en Chiapas, Cipriano Villanueva.

Destaca el terrible asesinato de la candidata de Moroleón, Guanajuato, Alma Barragán quien fue ultimada en pleno mitin el pasado 25 de mayo. Lupita Jones, candidata a la gubernatura de Baja California, denunció que habían intentado comprarla con 5 millones de dólares para declinar a favor de Jorge Hank Rhon.

Incluso el presidente de Morena, Mario Delgado, denunció en sus redes sociales que el pasado viernes un convoy armado le había cerrado el paso en su viaje por carretera de Matamoros a Reynosa. Aunque el gobierno del estado señaló que dichas acusaciones eran falsas ya que el vehículo que se les emparejó eran militantes indignados que gritaron consignas en contra de Delgado.

Sin embargo, pantomima o no, se sabe que el tramo de la carretera en cuestión es uno de los más peligrosos del estado y que la controlan grupos delincuenciales que dominan de forma definitiva amplias zonas de la entidad fronteriza.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a reconocer el raro clima de violencia que se vivió durante las campañas, aseguró que la cobertura de la nota roja ligada al periodo electoral era simple amarillismo. Solamente se centró en llamar al voto a la ciudadanía para evitar que grupos delincuenciales impongan sus negros intereses.

AMLO había estado renuente a mandar condolencias a los familiares de las víctimas de la tragedia del Metro y sobre todo a visitar la zona del desastre, según dijo para evitar la raja política. Empero, era inevitable el uso politiquero del accidente en espera del peritaje de las autoridades y de la empresa noruega tendiente a esclarecer el motivo del derrumbe de la obra emblemática de los gobiernos capitalinos. Cualquier especulación y deslindes prematuros eran predecibles.

Es difícil intentar interpretar las reacciones electorales ante las dimensiones de esta catástrofe, las encuestas de la semana pasada mostraban que si bien el partido gobernante es señalado como responsable de no haber evitado el terrible accidente, no se sabe si será un factor definitivo en la pérdida de los escaños morenistas rumbo a la renovación del congreso federal.

Si bien es cierto que la vorágine informativa hace que temas tan delicados como la tragedia del Metro pasen a un segundo plano informativo, la violencia contra candidatos y políticos en funciones no ha dejado de ser noticia, acosan por igual a gobiernos, candidatos y funcionarios de los distintos partidos políticos.

La presencia de las amenazas del crimen organizado no es una generalización en la totalidad del territorio nacional, pero sí afecta a localidades, ciudades y municipios donde ya mantienen un control en zonas específicas, áreas productivas y con una base social para sus ilícitos fines.

El crimen organizado también vota, lo hace a su manera violenta, copta a políticos o funcionarios, cobra la vida de quien no se doblega a sus intereses, o manda mensajes intimidatorios a los punteros de los procesos electorales locales.

La lucha entre dos proyectos políticos y económicos que pretendía ser la continuidad del régimen encabezado por el poderoso presidente AMLO o su debilitamiento ante el amasiato opositor, se verá interrumpida localmente por un protagonista indeseado, pero que nunca ha dejado de estar presente, el narcotráfico y el crimen organizado.

Si bien los grupos delincuenciales no serán el fiel de la balanza en la renovación del congreso, ni dictarán agenda legislativa con diputados afines, sí tienen la capacidad de incidir en elecciones locales debido a su innegable presencia territorial, económica y bélica.

La tragedia del Metro tiene aún muchas aristas que revisar, no se sabe si podría descarrilar las aspiraciones presidenciales de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, las del canciller Marcelo Ebrard y la carrera política de Mario Delgado, al ser las caras más reconocibles en las responsabilidades políticas.

Sin olvidar al ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera que mantuvo cerrada la Línea 12 por meses, con la consigna de reparar los desperfectos, mientras realizaba una cacería del también ex jefe de gobierno Ebrard que tuvo que exiliarse del país para evitar ser procesado. Al actual régimen, e incluso hasta la oposición, no les importaría convertir en chivo expiatorio al intrascendente senador Mancera, su peso político es apenas testimonial como el valor de membrete de lo que queda del PRD.

Lo que nadie puede predecir o controlar es, sin duda, el papel hegemónico del crimen organizado en zonas identificables del país, ellos no requieren de dictámenes, investigaciones o politiquería para imponer su legado ilícito. Son un poder fáctico irracional y coercitivo que enrarece el clima político local.

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