El pasado lunes 19 de mayo fueron asesinados la secretaria particular de la jefa de gobierno, Ximena Guzmán, y José Muñoz, un asesor legislativo por un sicario en la populosa avenida Tlalpan. Aunque las investigaciones siguen en curso por el cobarde crimen, no se puede dejar de deducir que esta afrenta en contra del estado de derecho mexicano es un mensaje criminal político que busca intimidar a las autoridades encargadas de recuperar las calles de la delincuencia organizada y del narcotráfico.
La fiscalía general de justicia de la ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dieron una conferencia conjunta el pasado 21 de mayo, donde informaron que se realizan búsquedas mediante el sistema de video vigilancia de seguridad del C5, además de que se logró capturar a algunos sospechosos implicados en el doble homicidio. Las primeras imágenes muestran a un sicario solitario que espera a los dos funcionarios abordar su camioneta, para después disparar contra ellos y darse a la fuga.
De la información oficial brindada por los funcionarios, Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC y de la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, se desprende que el asesinato fue realizado por un asesino profesional, con la colaboración de tres personas más que mediante un acción coordinada y con planeación previa, lograron emboscar a los funcionarios muy cercanos a la jefa de gobierno, Clara Brugada.
En medio de la conferencia matutina del pasado lunes, fue evidente como el secretario de seguridad pública federal, Omar García Harfuch atendía llamados y brindaba una tarjeta informativa a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la tragedia ocurrida a las 7:30 de la mañana. La propia jefa de gobierno, Clara Brugada encabezó un mensaje a los medios de comunicación donde informó del ruin asesinato de sus colaboradores, estoica y visiblemente afectada, adelantaba que no se cedería en la lucha por la seguridad pública en la ciudad.
Si bien se dejó claro que las investigaciones recién comienzan, por lo que se pidió ser prudente y evitar especulaciones sobre la motivación y autoría del doble crimen, es lógico que los focos mediáticos caigan sobre cuestiones de seguridad, y de enfrentamiento con grupos delincuenciales. Como se ha informado en el nuevo enfoque en materia de seguridad pública de la presidenta Sheinbaum y de Clara Brugada, es desmantelar y enfrentar a los denominados grupos generadores de violencia. Por ello, no sería raro que la respuesta a estas acciones era atentar contra dos funcionarios reconocidos como ejemplares, y que no tenían ninguna vinculación con fiscalías o agencias policiacas.
El asesinato de los funcionarios es un intento de intimidación de las bandas delincuenciales contra las autoridades de todos niveles, donde resalta la vulnerabilidad real de cualquier actor político. Pero la narrativa ni la percepción ciudadana debe ser de un dominio del crimen sobre la muy golpeada sociedad mexicana. Permitir a los grupos de poder fácticos ilegales, imponer su terror y yugo contra la ciudadanía, es claudicar ante la barbarie de la fuerza irracional, por lo que las instituciones de justicia enfrentan una prueba que no pueden perder.
Las naturales reacciones de la oposición se cernieron en la más despreciable carroña, digna de la inhumanidad envilecida contra el oponente. La inmerecida beligerancia contra dos funcionarios de gran labor política, sin ningún vínculo con el crimen organizado, exhibió la podredumbre moral de los malquerientes del expresidente AMLO y los apátridas negacionistas de la presidenta Sheinbaum. Los odiadores del régimen, no ocultaron sus reacciones viscerales, dignas de patologías mentales con tal de sacar sus frustraciones personales contra el régimen morenista, en una lógica suicida de quien no entiende que el enemigo no está entre las autoridades elegidas de forma democrática, sino en la ruindad de los grupos delincuenciales.
El asesinato de los colaboradores de la jefa de gobierno marcará un antes y un después en el sexenio morenista, que enfrenta además de los retos internos de gobernanza por inseguridad, la amenaza real de una recesión internacional, cortesía de la suicida política económica de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump. Con la llegada del nuevo embajador Ronald Johnson, la beligerante relación bilateral, así como la deportación masiva de connacionales y el gravamen de 3.5% de impuestos a las remesas enviadas a los ciudadanos mexicanos, presentan los ingredientes un coctel explosivo en materia de seguridad y de limitado crecimiento económico para México.
El país no se encontraba tan estresado, con retos históricos magnificados que con la agravante de la llegada de gobiernos de extrema derecha internacional, que no resuelven las causas de la pobreza, la marginación o la inseguridad, sumado al cambio climático que niegan, pero que terminan afectando de manera irreversible.
El abrazo a la locura que representa la llegada al poder de los falsos libertarios, provocará generaciones de ignorantes fanatizados y negacionistas hasta de las vacunas, por lo que la humanidad, contrario a lo que se pensaba en los relatos fantásticos, parece haber retrocedido varias décadas en su desarrollo humanista. Propiciando que la narcocultura tenga un campo fértil entre amplios sectores juveniles que no tienen posibilidades de un bienestar real, garantizado desde el Estado, que ahora se enfrenta al poder enorme de los grupos delincuenciales, quienes no pueden quedar impunes en la lacerante realidad de una inseguridad pública que afecta a la sociedad en su conjunto.
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