Autor: Carmen Chinas Salazar Profesora e investigadora sobre inseguridad, prevención de las violencias y cultura de paz, Universidad de Guadalajara
A una década del crimen de Iguala, las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos siguen exigiendo justicia y verdad, mientras que el caso ha sido calificado oficialmente como un crimen de Estado.
De la investigación inicial, denominada por las autoridades mexicanas “verdad histórica” y rebautizada por las familias como “mentira histórica”, al momento actual, hay avances. El más importante es que se reconoce de forma oficial un delito de desaparición forzada contra los alumnos. Sin embargo, todavía se desconoce el paradero de los estudiantes.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ya se ha reunido con las familias. Su compromiso garantiza que no habrá un cierre de la investigación durante su Gobierno, que inicia el próximo 1 de octubre. Al menos hasta no tener certeza y deslindar responsabilidades sobre las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron.
Los hechos
La desaparición de 43 estudiantes de una escuela normal rural, donde se preparaban para ser futuros maestros, ocurrió el 26 de septiembre de 2014. Los jóvenes intentaban salir de la ciudad de Iguala en autobuses que habían confiscado para asistir a una marcha en Ciudad de México.
En el trayecto fueron interceptados por diversas corporaciones de seguridad del gobierno local. Esto desencadenó una serie de violentos ataques con un saldo de seis personas muertas, decenas de heridos y la desaparición forzada de 43 futuros maestros.
La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en la que estudiaban los jóvenes, forma parte de una red de instituciones creadas durante la Revolución Mexicana para formar maestros rurales entre hijos de campesinos, en su mayoría de origen indígena o afromexicano.
Estas escuelas tienen una fuerte carga política y han sido históricamente objeto de represión debido a su tradición de lucha y resistencia ante el Gobierno.
La “verdad histórica” y el fracaso de la justicia
Las primeras investigaciones presentadas por el Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, conocidas como la “verdad histórica”, afirmaban que los estudiantes fueron entregados a un grupo criminal. Miembros del mismo los habrían incinerado en un basurero de la localidad de Cocula, en el estado de Guerrero.
Este relato fue rápidamente desmentido con el apoyo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que demostró la imposibilidad científica de dicha versión.
Las pruebas obtenidas mediante tortura y la falta de evidencia forense sólida llevaron a una desconfianza generalizada en la investigación oficial. A partir de 2018, con el cambio de Gobierno en México, se creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ). Esta reconoció que se trataba de un crimen de Estado.
El nuevo proceso de investigación enfrentó numerosos obstáculos, fruto de la corrupción y la colusión entre autoridades estatales y el crimen organizado.
Complicidad del ejército y participación estatal
El GIEI y otros organismos de derechos humanos señalaron también el papel del ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes. Según sus conclusiones, sectores de las fuerzas armadas tenían conocimiento de los hechos desde su inicio y probablemente participaron en el encubrimiento.
Aunque se han identificado más de 400 actores involucrados en el crimen, incluyendo miembros de la policía, el ejército y grupos delictivos, las investigaciones han avanzado lentamente. Hasta la fecha, solo se han encontrado restos de tres estudiantes.
Solidaridad internacional y activismo por la memoria
El caso de Ayotzinapa generó una ola de indignación y protestas, no solo en México sino a nivel global.
Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el GIEI desempeñaron un papel clave en la investigación, desafiando la narrativa oficial y exigiendo justicia.
A lo largo de los años, las familias de los desaparecidos han mantenido viva la memoria de sus hijos a través de manifestaciones y acciones simbólicas. Es el caso del “antimonumento” +43 en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, que recuerda la exigencia de justicia.
Las “Acciones Globales por Ayotzinapa” se celebran el día 26 de cada mes y son una muestra del continuo esfuerzo por mantener la atención en el caso y exigir respuestas. Sin embargo, la impunidad prevaleciente en el sistema de justicia ha limitado los avances reales.
A 10 años de la desaparición forzada de los estudiantes
El crimen de Ayotzinapa evidencia la compleja relación entre sectores del Gobierno mexicano durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto y el crimen organizado, así como la persistente cultura de impunidad.
Las primeras investigaciones (2014 a 2018), lejos de contribuir a la verdad y el esclarecimiento de los hechos, constituyeron una acción deliberada para el ocultamiento de la información.
La investigación presente (2019 a 2024), que reconoce las acciones como un crimen de Estado, ha determinado la presunción de que los jóvenes fueron privados de la vida desde el primer momento. Pero no se ha podido tener certeza del paradero de los estudiantes, a pesar de que se han realizado numerosas acciones de búsqueda.
Aunque en su momento se crearon de mecanismos de justicia extraordinarios y se contó con la participación de organismos internacionales, las familias denuncian que persisten encubrimientos y pactos de silencio que siguen obstaculizando la búsqueda de la verdad.
Ayotzinapa: un símbolo de lucha contra la impunidad
Para las familias, la participación del ejército no ha sido suficientemente aclarada. Aunque las fuerzas militares han proporcionado informaciones que mantenían bajo su resguardo, los padres consideran que todavía es necesario realizar visitas a los cuarteles militares, tener una mayor cantidad de entrevistas a integrantes de las fuerzas armadas y que sean entregados los documentos que todavía custodian.
A diez años de los hechos, Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia de Estado y la impunidad en México. Las familias y los movimientos sociales continúan su lucha, apelando a la memoria y la solidaridad internacional para exigir justicia.
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