Día Internacional contra la Corrupción

La opacidad del gobierno en los contratos que asigna de manera directa dinamita de lleno el discurso en el que se insiste que ese mal desapareció como por arte de magia.

10 de diciembre, 2021 Día Internacional contra la Corrupción

El 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. El presidente López Obrador insiste en que ya no hay corrupción, por lo menos en las altas esferas, pero las cifras contradicen el punto de vista del presidente.

De acuerdo con cifras del INEGI, los mexicanos gastamos 12 769.7 millones de pesos en corrupción el año pasado. Esa cifra es 64% mayor a la del año 2017, por ejemplo. El promedio del gasto en corrupción de cada víctima fue de  3822 pesos, es decir, 1372 pesos más que hace 4 años. 

En cuanto a las personas, la incidencia en la corrupción se ha venido incrementando. En 2013 había una incidencia de 12.1% de corrupción y el año pasado esta incidencia fue de 15.7% 

En el tema de la corrupción de la que son víctimas las empresas, sí hubo una disminución: entre 2016 y 2020 se redujo casi en 50% el promedio del monto que las empresas tuvieron que gastar por corrupción, pues de un promedio de 14 535 pesos que pagaban por corrupción en 2016, pasaron a 7419 pesos en 2020.

Prácticamente el 55% de los mexicanos mayores de 15 años reconoció a la corrupción como uno de los tres principales problemas que enfrentamos como país en 2020. Todas, como lo mencioné anteriormente, son cifras del INEGI.

¿Cuándo se presenta mayor corrupción? De acuerdo a personas y empresas, esto se da con mayor frecuencia cuando se trata de alguna autoridad de seguridad o de justicia. En cuanto a las sanciones por corrupción a funcionarios del gobierno federal, sucede lo mismo que con todo lo demás relacionado al sistema de justicia en nuestro país: impunidad total. 4.5% de las denuncias fue procedente, 54.5% siguen sin ser atendidas, 36.9% fueron declaradas como no procedentes y el 4% fue derivado a alguna otra autoridad.

En el ámbito estatal funcionan un poco mejor las cosas, pero no es como para festejarlo: 44.7% de las denuncias por corrupción presentadas contra funcionarios locales procedieron, 23.8% se derivó a otra autoridad, 17.1% se declaró como no procedente y el 10% están pendientes de atención.

De acuerdo con el INEGI, 59 de cada 100 personas adultas que tuvieron algún tipo de contacto con servidores públicos hasta diciembre de 2019 fueron víctimas de corrupción.

Transparencia Internacional publica cada año el índice de Percepción sobre corrupción e, históricamente, a nuestro país no le ha ido bien en este índice. En el índice más reciente estamos en el lugar 124 de 180 países. El continente americano está encabezado por Canadá y Uruguay con calificaciones de 77 y 71 puntos respectivamente, mientras que México, con 31 puntos, sólo se encuentra mejor calificado que República Dominicana, Paraguay, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela.

La corrupción es un gran lastre histórico de este país que ha contribuido a mantenernos en la mediocridad y mientras no la superemos realmente, mucho más allá de los discursos, no habrá manera de sacar al país adelante.

 

Comentarios
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La complejidad del problema, exige mecanismos de medición multidimensional que utiliza el Coneval y que aplicados con eficacia permitirán el diseño de políticas públicas para atender a la población vulnerable por carencias sociales, físicas (discapacidad) o económicas. Así, en ese difícil entorno, la falta de vivienda o la pésima calidad de ellas, se manifiesta con crudeza en el incremento de personas que “viven en condición de calle” (según la CEPAL, hoy en el país 14 millones de personas en la indigencia). Estas personas, constituyen parte de un grupo social excluido donde coexisten niñas, niños, jóvenes y adultos mayores que sobreviven en medio de la adversidad de la calle. Su situación es muy grave puesto que no solo no tienen un sitio que les otorgue mínimos de bienestar (un techo, servicios sanitarios, de alimentación o salud), son sujetos de discriminación, sometidos a maltrato y  no reciben atención bajo ningún protocolo. Son vistos como potenciales delincuentes, lo que agudiza los actos de discriminación y violencia tanto del Estado como de la población en general. Carecen de documentos oficiales como actas de nacimiento, comprobante de domicilio (obvio) y la falta de estos les impiden acceder a cualquier tipo de programa social. No existen convenciones o tratados internacionales específicos para que los Estados se comprometan a respetar los derechos de quienes viven en esta condición. Su baja visibilización y la clandestinidad de su accionar obstaculizan su atención por parte de Derechos Humanos. ¿Quiénes son los más afectados? Los niños sin duda. Según el DIF hoy en el país 95 mil niños en condición de calle (según CEPAL, son casi 2 millones) Los ancianos que en condiciones de indigencia con alguna discapacidad física, sea por mutilación o enfermedad crónica y que carecen de apoyo familiar, están condenados a inhumanas condiciones de supervivencia. Según el Consejo Nacional de Población CONAPO, de los 10 millones de personas mayores de 60 años que habitan en el país, el 25% viven en condiciones de calle y esto se entiende si el 82% de esos 10 millones vive en condiciones de pobreza, sea monetaria o alimentaria. Y por esa condición, su familia (si aún la tienen) los abandonan a su suerte. ¿Dónde “viven” las personas en condición de calle? En plazas, parques públicos, bajo puentes vehiculares, autos abandonados, refugios habilitados por ellos mismos que les permitan guardar algunas pertenencias, debajo de cobertizos o voladizos de comercios o casas habitación, en albergues o casas de asistencia administradas por los gobiernos municipales o estatales.  Las principales causas de salida de las personas del medio familiar hacia las calles son problemas de diversa índole como la violencia o el maltrato, expulsión por consumo de drogas o abuso físico o sexual al interior de la casa ¿Qué opciones existen hoy para la atención de este gravísimo problema social? En los últimos 30 años, gracias a la existencia de las Comisiones de Derechos Humanos, la acción del Estado mexicano ha ido evolucionando de una postura de carácter represivo que criminalizaba la indigencia, a algunos avances en medidas legislativas y políticas de corte asistencial. En 2009 la Comisión de Derechos Humanos del D.F. emitió una recomendación para evitar un modelo que operaba en aquel entonces y se conocía como “discriminación tutelar” era un modelo de asistencia que imponía el traslado forzoso a un albergue sin tomar opinión del afectado. Hoy día, existen varios modelos de atención (todos ellos insuficientes) en albergues o dormitorios públicos, locales de corte provisional habilitados por colectivos de indigentes, refugios habilitados por agrupaciones civiles de voluntarios. ¿Quién contabiliza en México a la población en condición de calle? El INEGI no lo hace en virtud de que el censo se realiza mediante visitas domiciliarias. Existe el Instituto de Asistencia e integración social (IASIS), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del Bienestar, quien en 2017 (antes SEDESOL) coordinó el primer “censo de población callejera”. Los datos, resultaron muy imprecisos y no reportaron ni con mucho la gravedad del problema. Ante todo lo anterior, ¿qué se puede hacer?
  • Dimensionar el problema, ubicar en cada ciudad la ubicación de esos pobladores.
  • Identificar con precisión las causas y medios para mitigar los efectos
  • Mejorar los mecanismos de denuncia de violencia y abuso
  • Castigar esos abusos en forma ejemplar
  • Construir albergues asequibles para dotar de servicios básicos a la población infantil, adolescente y de adultos mayores.
  • Facilitarles el acceso a documentos de identidad que los hagan candidatos a los beneficios de programas sociales de todo tipo (salud y otros programas asistenciales).
  • Ofrecerles trabajar en servicios públicos urbanos de limpieza, parques, jardines, entre otros.
  • Fortalecer los mecanismos de denuncia para reducir los abusos y violencia  intrafamiliar.
  • Combatir frontalmente la pobreza no solo con programas asistenciales sino impulsando la educación de calidad promoviendo la inversión productiva, legislando en apoyo a este sector poblacional para sacarlos de esa grave condición.
  • Construir y habilitar albergues, refugios y comedores comunitarios.
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