DESPLAZAMIENTOS FORZADOS DE POBLACIÓN Y SU IMPACTO TERRITORIAL 

Hace apenas unos días se informó de la trágica muerte de 53 migrantes asfixiados en la caja de un tráiler sin ventilación al sur de San Antonio Texas, el tráiler fue abandonado por el conductor (que para...

4 de julio, 2022

Hace apenas unos días se informó de la trágica muerte de 53 migrantes asfixiados en la caja de un tráiler sin ventilación al sur de San Antonio Texas, el tráiler fue abandonado por el conductor (que para ocultarse se hizo pasar como inmigrante y fue detenido).

El fin de semana, una nueva caravana migrante integrada por cerca de 4000 personas salió de Tapachula (Chiapas), un nutrido grupo de venezolanos, colombianos, nicaragüenses y salvadoreños.

Esta es la 8ª movilización del año. El Instituto Nacional de Migración está rebasado y no hay lugar en los albergues, se vive por enésima vez un nuestro país una grave crisis humanitaria, cuyo costo social, económico y político es muy elevado.

Estas caravanas de migrantes con origen en Centroamérica dieron inicio en octubre de 2018, empujados por la pobreza y la violencia en sus países de origen. Desde entonces se han recibido muchas más, todas con un común denominador: los migrantes sufren a su paso de todo tipo de abusos y vejaciones.

El Gobierno Mexicano presionado en su momento por Donald Trump se convirtió en una barrera de contención con la Guardia Nacional como responsable en la frontera sur, dando inicio a un programa que se le denominó “Quédate en México”.

Pero no solo es preocupante la migración que se da de Centroamérica a nuestro país con destino final a los Estados Unidos, lo es también y mucho, la provocada por la presencia de los grupos del crimen organizado y los càrteles de la droga que provocan que comunidades afectadas abandonen sus viviendas y poblados con destino a otras entidades del país o engrosen la ola migrante hacia Estados Unidos, donde la posibilidad de encontrar la muerte o la detención son altamente probables.

Desplazados en el país por la violencia y la delincuencia organizada

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y  promoción de derechos humanos  (CMDPDH), entre 2020 y 2021 se cuadriplico el número de personas desplazados por violencia en el país, al pasar en ese periodo de 9470 a 44 869.

Un caso que se repite en estados como Michoacán es el despojo de sus fincas y huertos a productores de aguacate, si denuncian, en represalia les matan a un familiar o a varios y corren de la población a quien quede  hasta que entregue la documentación de la finca (San Juan Nuevo, Michoacán).

En teoría las autoridades municipales conocen la denuncia, se sabe que ocupan la propiedad y nadie les molesta.

Otras casos como el de un terrateniente en Tepalcatepec, Michoacán que fue agredido y despojado de 100has de cultivos y ganado, hoy vive en calidad de indigente y  espera asilo del gobierno de Estados Unidos en un albergue de Tijuana.

Estos casos solo ilustran dos de los 44,869 citados que por un fenómeno conocido como “desplazamiento forzado interno” avanza a gran ritmo en extensas franjas del territorio dejando pueblos fantasmas, donde la desolación y los delincuentes son lo que queda.

El fenómeno no es nuevo, aunque en el año que comento se observa un crecimiento exponencial.

Hay que destacar que el fenómeno dio inicio con la declaratoria de “guerra al narco” en el Gobierno de Felipe Calderón.

Si reconocemos el terrible dato de número de muertos por sexenio, veremos que va en aumento prácticamente sin control:

2006-2012 → 120 mil 463 (6 años)

2013-2018 →150 mil (6 años)

2019-2022 (mayo) → 121 mil 731 (3.5 años)

Agreguemos que a ese número de fallecidos, corresponde un número de desplazados, forzados por  la presencia de grupos delincuenciales, autodefensas, grupos paramilitares, conflictos  políticos regionales, etc.

Las entidades más afectadas son Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas, Durango, Baja California, Chihuahua y Guanajuato. Omito mencionar a entidades como Coahuila, Jalisco, Veracruz, Quintana Roo y Zacatecas, porque si bien suman muchos casos, su nivel de gravedad es aún menor que los antes citados.

Superficie del Territorio Nacional de mayor afectación

Es difícil cuantificarlo con precisión, lo que es indiscutible es que los grupos criminales tienen la suficiente fuerza territorial para asegurar la producción y trasiego de estupefacientes. 

Hace meses el jefe del Comando Norte, el General Glen D. VanHerck, dio el dato (sin sustentarlo) de que el 30% del territorio mexicano era controlado por el narco.

La superficie total del territorio nacional es de 1,964 millones de km2.

Superficie total de los estados más afectados  (en miles de km2)

No. de municipios 
Guerrero     —————   63.79           85
Michoacán  —————   58.59 113
Chiapas      —————   73.31 125
Baja California      ——   71.45 7
Sinaloa       —————   58.20 18
Tamaulipas   ————-   80.24 43
Durango     —————   10.04 39
Chihuahua   ————- 247.45 67
Guanajuato  ————– 30.60 46

    La superficie total de esas entidades es de 623.67 miles de km2

Si bien no podemos asegurar que los grupos  delincuenciales se han apoderado del 100% de esas entidades y considerando que hay células grandes en estados como Coahuila, Jalisco, Veracruz, Quintana Roo y Zacatecas por mencionar solo 5 más, la aseveración del General, jefe del Comando Norte, no es tan distante de la realidad.

El No. de municipios afectados en gran medida es de 543 ( sin considerar los de los 5 estados cuya situación tiende hacer muy grave), basta señalar el total de municipios del país es de 2471, es decir vive en condiciones de grave inseguridad casi el 25% de los municipios del país.

Impacto de la violencia o de otras formas delincuenciales en el municipio

  • Pérdida de vidas
  • Migración por desplazamientos forzados
  • Perdida del patrimonio y fuente de trabajo e ingresos 
  • Formación de autodefensas o grupos paramilitares
  • Abandono de actividades productivas licitas sustituidas por actividades ilícitas
  • Baja participación en lo electoral y lo político
  • Impacto económico descomunal

El Instituto para la Economía y la Paz, externa que solo en el 2019 el impacto económico fue de 4.5 billones de pesos una cifra equivalente al 21.3 del PIB.

En tanto, el IMCO señala las variables analizadas en un estudio similar del 2020.

  • Inseguridad objetiva
  • Eficiencia municipal y estatal
  • Confianza en la procuración de justicia
  • Impacto en los procesos de inversión
  • Atracción o perdida de talento humano

Los costos para las personas, sus familias y para las finanzas municipales  y del país son muy cuantiosos y van dejando una terrible estela de devastación social, económica y territorial.

Las caravanas de migrantes centroamericanos a los que se suman cientos de mexicanos desplazados en forma forzada, prenden los focos rojos  en el territorio nacional por varias razones:

  • Una enorme porción de territorio nacional, está en manos de la delincuencia organizada.
  • La pérdida de vidas van en aumento junto con los desplazados que teniendo algún patrimonio hoy viven en la indigencia.
  • Las denuncias ante las autoridades de los 3 órdenes de gobierno no tienen respuesta.
  • No hay suficiente  infraestructura de atención para mitigar el sufrimiento y dolor de los afectados y de las víctimas.
  • Las pérdidas humanas, económicas y su impacto en el tejido social son aterradores.
Comentarios


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 Durante un encuentro con autoridades de la Secretaría de Economía federal, la titular del ramo en Puebla, Olivia Salomón postuló a tener al estado en la mira de la inversión y alianzas con empresas locales.

Asimismo, refrendó que la forma más adecuada de política económica son los clústeres para el desarrollo con progreso social, en el marco de la visita del subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía federal, Héctor Guerrero Herrera, al Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios (CIEN) y su encuentro con empresarios del clúster textil-confección (Itexcon).

La funcionaria informó que la balanza comercial textil-confección es superavitaria, al exportar 659.4 millones de dólares en 2021, en contraste con importaciones por 405.4 millones de dólares, aunado a que es uno de los sectores industriales con mayor generación de empleos.

El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía federal, Héctor Guerrero Herrera anunció políticas para ubicar vocaciones futuras que se traduzcan en clústeres. Refirió que el Gobierno Federal busca entender a los empresarios y consolidar las cadenas de valor en 55 distintas ramas productivas.

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Han sido juzgadas por un sistema legal que prefiere encontrar rápido un culpable y dar carpetazo a cambio de dinero. Muchas veces fueron amenazadas, engañadas y torturadas para aceptar la culpa. Sobre eso muy poco se puede hacer. Para entender el nivel de injusticia en nuestro sistema penal, primero tenemos que revisar las cifras de personas que están privadas de su libertad sin que se les haya dictado una sentencia.  Es decir, las personas que están encarceladas sin que haya una sentencia judicial que determine que son culpables del delito que se les acusa. Si analizamos los datos oficiales (Cuaderno Penitenciario de Información Estadística Penitenciaria Nacional, diciembre 2021), 41% de las personas están en prisión sin haber recibido una sentencia, cifra que es mayor para mujeres, ya que de las mujeres en prisión (52%) no han recibido una sentencia. Esto ocurre dado que nuestro sistema legal permite que una persona sea encarcelada en lo que se investiga el delito del cual se acusa (si es un delito que merece prisión preventiva oficiosa) o si un juez determina que la persona acusada representa algún riesgo de escaparse o de perjudicar al proceso o a las víctimas. Dado el nivel de impunidad en nuestro país, es urgente analizar si los niveles de impunidad que tenemos en México responden a la falta de sentencias en personas en prisión que están siendo procesadas o a las carencias de investigación de las autoridades responsables de investigar si un delito ocurrió y quién es el probable responsable, en este caso, las autoridades de procuración de justicia.  Si analizamos las cifras anteriores podemos darnos cuenta que es mucho más probable que haya una falla en las autoridades responsables de investigar los delitos que ocurren. Es decir, que es mucho más probable que la falla esté en las policías y agentes del ministerio público. Para llegar a esta conclusión podemos analizar algunos de los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad o ENPOL 2021. De acuerdo con la ENPOL 2021, de las personas privadas de su libertad 44% reportó estar en prisión por haber sido acusada falsamente de un delito. De estas personas 43% reportó haber sido detenida sin una orden de aprehensión. Además, de las personas presas que sí fueron interrogadas (ya que no todas fueron interrogadas), 42% fue golpeada o torturada psicológicamente para echarse la culpa de lo que lo acusaban y 34% fue engañado. Por otro lado, de las personas en prisión que no tenían sentencia, 24% pasó más de dos años en lo que se les dictaba una sentencia. Por último, es importante señalar que de las personas en prisión solo 25% de la población con una sentencia tuvo un asesor (abogado) privado. ¿Quién da la cara por ellas? ¿A quién le importa lo que pase con sus vidas? Son las mujeres olvidadas por todos, en la sombra. Detrás de los muros y las rejas de la cárcel estas mujeres no encuentran consuelo ni apoyo, solo albergan rencor en su alma, un resentimiento que lejos de “readaptarlas”, sembrará en ellas un deseo de venganza, un dolor que las anula como personas, que les seca el corazón, que les demuestra que para ellas no hay justicia y que muy poco pueden devolver a la sociedad o nada, tal vez si haya algo que puedan hacer cuando algún día salgan libres, delinquir para que ahora sí el mundo las repudie con razón." ["post_title"]=> string(36) "La injusticia detrás de la justicia" ["post_excerpt"]=> string(144) "Son las mujeres olvidadas por todos, en la sombra. Detrás de los muros y las rejas de la cárcel estas mujeres no encuentran consuelo ni apoyo." 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