De Frente y Claro | MUJERES Y SALUD, FUERA DE LA AGENDA DE LA 4-T

El trato a las mujeres en los servicios médicos de la CDMX durante la pandemia, ha sido pésimo. Así lo demuestran datos de la CDHCM.

21 de julio, 2022 Del predominio económico: la concepción errónea de la 4t

Pasados 3 años y 7 meses de que inició López su administración, ha sido muy claro y contundente que ni las mujeres ni la salud son temas prioritarios en su agenda. Así lo han demostrado con quitar presupuestos y desaparecer organismos y programas que apoyaban a las mujeres, al igual que con el presupuesto destinado a salud en general, y la desaparición del seguro popular creando el Instituto de Salud Para el Bienestar (INSABI) que ha sido un fracaso total. Lo mismo sucede en la CDMX, donde la jefa de gobierno ha sido igual.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) en su Informe Anual de Actividades 2021, de junio del 2022, se dio a conocer que las mujeres pacientes y las especialistas de la salud fueron las que más padecieron violaciones a sus derechos en la pandemia de COVID-19.

Y como ejemplo citan a Lourdes Martínez Herrera, quien es una adulta mayor de 67 años, que padece diabetes, hipertensión, problemas de ansiedad y durante la pandemia de COVID-19 se vio en la necesidad de comprar sus medicamentos en farmacias privadas y atenderse con médicos particulares pese a tener seguro social. En esos dos años no fue al hospital a tratar sus padecimientos ni a consultas de control. Y apenas en enero de 2022 retomó sus citas con el médico del seguro, lo que le da tranquilidad.

Lo que le sucedió es lo que comprueba que las autoridades de la Ciudad de México deben mejorar sus políticas públicas y así evitar que los derechos de las mujeres sean violentados en situaciones de emergencia, como aconteció en la crisis sanitaria de Covid-19, declarada oficialmente por la Secretaría de Salud del Gobierno de México el 23 de marzo de 2020. 

Es muy claro que, aunque supuestamente se habla de avances en los derechos de las mujeres, en países de Latinoamérica se siguen enfrentando situaciones de acoso y trata de personas, sin que las autoridades responsables hagan nada al respecto. 

Por otra parte, en el Informe Anual de Actividades 2021 de la CDHCM, se destaca que, en el 2021, esta Comisión, atendió a mil 121 personas por situaciones relacionadas con la pandemia, 581 mujeres y 540 hombres, mostrándose que las mujeres padecieron más agravios a sus derechos que los hombres durante la contingencia sanitaria. Se desglosa que, de esas quejas relacionadas con el COVID-19, hubo agravio a mujeres y niñas, en por lo menos 49 de ellas, relatándose los obstáculos que enfrentaron en la aplicación de su ejercicio del derecho a la salud, como saber la disponibilidad, la accesibilidad física, económica, a la información y no discriminación, la aceptabilidad y la calidad de los establecimientos, bienes y servicios de salud.

Asimismo, 43 de los testimonios denunciados fueron referentes a que la atención médica especializada se les negó o fue obstaculizada, mientras que 6 quejas fueron por la falta de derecho a la salud maternal y prenatal.

A través de estos testimonios y narraciones, se demuestran los retos que el Gobierno de la CDMX enfrenta para cumplir con lo establecido en la Constitución Política local, donde se reconoce que todas las personas tienen derecho a acceder a un sistema de salud público que disminuya los riesgos a la salud, la morbilidad y mortalidad.

MALTRATO A MUJERES TRABAJADORAS DE SALUD

Pero no solamente las mujeres que requieren de atención a su salud fueron las afectadas en esta pandemia, sino también las trabajadoras de la salud, resultaron víctimas de violaciones a sus derechos durante la pandemia. En México la mayoría de los trabajadores de la salud son mujeres.

Los números son muy claros, durante el primer trimestre de 2020, en México, alrededor de 2.7 millones de personas trabajaba en el sector salud, y de ellos 1.7 millones eran mujeres, representando el 63 por ciento de la población total ocupada en dicho sector.

El Informe de la CDHCM documenta que por lo menos 4 de cada 10 especialistas de la salud sufrieron discriminación, acoso verbal, violencia física y estrés laboral durante la pandemia de COVID-19, siendo de los más recurrentes impedir que usaran medios de transporte público, agredirles física y verbalmente, bloquear los accesos a sus centros de trabajo y ocasionar daño a propiedad privada, entre otros. Debido a lo anterior, la CDHCM emitió recomendaciones como generar diagnósticos al interior de las dependencias para identificar las problemáticas enfrentadas a partir de la contingencia sanitaria e implementar estrategias para su atención con perspectiva interseccional. Asimismo, que se asegure la participación de las mujeres en la toma de decisiones relativas a las medidas de respuesta y recuperación en todos los niveles y sectores, y evaluar los trámites y servicios que fueron suspendidos o convertidos en modalidad en línea para verificar su eficacia, eficiencia, utilidad y pertinencia. Respecto a temas de atención médica, urgió que debe darse seguimiento al adecuado funcionamiento de los servicios de salud materno-infantil, sexual y reproductiva, incluyendo la continuidad y el abastecimiento de métodos anticonceptivos, tomando en cuenta la experiencia vivida en la pandemia. Y considerar esencial los servicios de salud mental ante la crisis sanitaria.

Grave y preocupante la realidad de lo que en esta pandemia han padecido uno de los sectores más importantes de nuestra sociedad como lo son las mujeres, a quienes solamente por ser mujeres, damas, se les debería dar una mejor atención. Pero, antes al contrario, como lo señalé al inicio, para López, Sheinbaum y su 4-T no son prioridad en su agenda.

Pruebas de ello hay infinidad, basta revisar los programas que al inicio de esta administración existían para apoyar a las mujeres, la mayoría han desaparecido y los que quedan, simplemente les han dejado un miserable presupuesto que no alcanza para nada. Con ello es muy claro que, insisto, las mujeres no le importan en lo más mínimo a López, a quien se le ha considerado misógino, lo cual se ha ganado a pulso.

Por otra parte, el informe de la CDHCM da fe y datos de que en cuanto al sector salud de la Ciudad de México, en dos años de pandemia, el trato y atención hacia las mujeres fue nefasto. Lo cual es peor aún, si nos enfocamos a que quien por lo menos cobra como jefa de gobierno, es mujer. Razón importante para que tuviera y pusiera mucha más atención en las mujeres. Pero no es así, y al igual que López, no está en su agenda ni darle más y mejor atención a las mujeres y tampoco a la salud. Dándole más prioridad a su obsesión de ser candidata presidencial en el 2024, donde obviamente, buscará el voto y apoyo de las mujeres. Y es cuando espero que las mujeres en defensa de su dignidad, no lo hagan, no solamente porque no les ha cumplido, sino porque en su calidad de mujer, la jefa de gobierno debió darles y brindarles una mayor atención. ¿Y qué decir de los varones en la CDMX, a quienes también en el tema de salud, no los trataron nada bien?

En fin, para 2024, la jefa de gobierno de la CDMX no podrá  pedir el apoyo ciudadano con aquello de “amor con amor se paga”, porque el pésimo trato a mujeres y hombres de la Ciudad de México ha sido nefasto. Simplemente, si es que llega a ser la candidata, “Cosechará lo que sembró”. Tiempo al tiempo.

 

Comentarios


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La violencia está en la estructura social, en la cultura, en las relaciones entre género, en el sistema normativo, en la comunicación cotidiana.  Es importante reconocer las limitaciones del ejercicio de toda política pública, en particular, en la reducción de la violencia lo bien intencionado o el carisma de quienes diseñan y deciden el ejercicio de una estrategia de atención no son elementos que sumen a la eficacia. Las limitaciones son intrínsecas a todo plan, porque en él se definen tiempos y metas, objetivos, se usan recursos y en la selección se quedan elementos por fuera que quizá no debieron dejarse. Pero precisamente por ese reconocimiento a las limitaciones de las acciones gubernamentales frente a este tema y a la necesidad de, al menos, reducir los indicadores de actos violentos, es urgente tener mayor precisión en identificar las causas y atenderlas, sin prejuicios y sin excluir factores posibles.  Además de lo anterior, la aplicación de políticas públicas relativas a reducir los índices en general de criminalidad, encuentran resistencias en todos los campos de la estructura social. Desde el crimen organizado que desarrolla “contraestrategias”, para hacer frente a las actividades gubernamentales, hasta el padre de familia que “esconde” a sus hijos para que no se los lleve el DIF por vivir en condiciones no aptas para el desarrollo integral del menor. Quien golpea se resiste a dejar su vínculo a los vicios que lo llevan a cometer actos que dañan la integridad de su pareja, hijos o en general al prójimo. 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A pesar de que todos vivimos los efectos negativos de su expresión, seguimos en una escalada que va desde los escenarios familiares y laborales hasta los discursos políticos nacionales e internacionales.  ¿Por qué hacemos eco de discursos políticos que en su raíz plantean uso de términos y perspectivas que ofenden a otras personas o sectores sociales? ¿O porque la humanidad se refugia en prácticas religiosas o espirituales que incentivan la agresión a seres vivos en general? ¿O en las que legitiman a personajes que en el imaginario al menos practicaban delitos?  ¿Por qué al interior de las familias y los matrimonios continúa ejerciéndose la violencia en sus diferentes formas y no únicamente como consecuencia del consumo de alcohol y droga? ¿Por qué las bandas de delincuentes siguen al acecho de niños y adolescentes en redes sociales siendo conscientes del gran daño que se ocasiona? 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En otros reportes, como el de Fortinet, citado por Forbes, en 2021 México encabezó la lista de países en Latinoamérica con mayor número de ciberataques. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publica anualmente el análisis de “Ciberseguridad: riesgos, avances y el camino a seguir en América Latina y el Caribe”. Es un estudio detallado de expertos internacionales sobre las políticas y prácticas de ciberseguridad en la región, desde 2016. Examina la madurez cibernética de cada país mediante la aplicación del Modelo de Madurez de Capacidad de Seguridad Cibernética (CMM). En dicho índice, en el último reporte de 2020, México aparece como un país de “mediana a baja madurez” con un puntaje de entre 2 y 3 (siendo 5 el máximo).  En la medida que crecen los avances en la digitalización, aumentan los riesgos de cibercriminalidad. Nuestro país presenta graves vulnerabilidades en las cinco dimensiones que analiza el BID: 1) Política y estrategia de ciberseguridad; 2) Cibercultura y sociedad; 3) Habilidades de educación, capacitación y ciberseguridad; 4) Marcos Legales y Regulatorios; y 5) Normas, organizaciones y tecnologías. ¿Qué es un ataque cibernético? Este tipo de ataques se presentan cuando una persona o una organización intenta deliberada y maliciosamente violar el sistema de información de otro individuo o persona u organización. Si bien casi siempre hay un objetivo económico tras de estos, también se busca la destrucción de datos, afectación de reputación o son producto de activismo político. Según Miguel A. Porrúa, coordinador de Gobierno Digital y Datos del BID: “la industria del ciberataque, del ciberdelito, es una industria del mal muy poderosa. 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La industria de la cibercriminalidad y el narcotráfico Según Cybersecurity Ventures (empresa global especializada en ciberseguridad), se espera que los costos de la cibercriminalidad a nivel internacional alcancen un valor de 10.5 trillones de dólares anuales en 2025 (de 3 trillones que representaba en el 2015), lo que pudiera generar ganancias mayores que el tráfico global ilegal de drogas.  Y, de acuerdo con datos del Foro Económico Mundial, los cibercriminales lograron extraer 600 billones de dólares a nivel mundial de gobiernos, empresas e individuos en 2020. En tanto, el impacto económico ascendió a 5.2 trillones de dólares. En el caso del narcotráfico, el valor del negocio fue de alrededor de 300 billones de dólares anuales, con un impacto negativo de 2.2 trillones en la economía mundial. Los ciberdelincuentes se mantienen por delante de las autoridades para generar sus ganancias. En la economía digital, con las nuevas tendencias tecnológicas ahora existen nuevas herramientas por lo que las autoridades se deben mantener al día para prevenir el “ransomware” (que es un tipo de malware que impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales y que exige el pago de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos), y “phishing” (que es un método para engañar a los usuarios y hacer que compartan información confidencial de servicios digitales), además de ataques a infraestructuras, entre otros. Ante todo, el crimen organizado es un negocio. Quienes participan en él están motivados en gran medida por ganancias financieras. Los delincuentes no sólo obtienen beneficios económicos de los ingresos ilícitos, sino que utilizan los ingresos para sostener operaciones y financiar actividades criminales adicionales. El ciberpoder en el siglo XXI La invasión de Rusia a Ucrania ha puesto de manifiesto la importancia de detentar ciberpoder. Los ciberataques rusos a los ucranianos representan la campaña ofensiva más agresiva de una potencia contra otro país. Por otra parte, en el caso de las recientes protestas en Irán, el grupo hacktivista Anonymous juega un rol central, a favor de la población que se levanta, y ha declarado que ha desactivado e intervenido varias cuentas del gobierno iraní, además de hacer llamados a la insurrección desde redes sociales.  El avance digital es fundamental en la vida de las sociedades modernas. Como lo señala Andrea Rizzi, en El País, “la prosperidad y seguridad de una nación dependen de ella, y su adecuada defensa es por tanto una cuestión existencial para un Estado. Hay varios vectores de interés para un gobierno en este dominio, bien por el lado defensivo u ofensivo. 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Una  resiliencia    cibernética    fuerte    requiere    un abordaje colectivo y amplio. Debe haber un enfoque más integral y de políticas transversales, y debe invertirse en expertos calificados que garanticen ciberseguridad y autonomía estratégica. Resulta evidente que el Estado debe invertir para fortalecer su capacidad de protección de manera efectiva y anticipar posibles ciberamenazas e incidentes de ciberseguridad, y fortalecer nuestras estructuras y defensa, para recuperarnos rápidamente de cualquier ciberataque y disuadir a los responsables de futuros ataques. Solo así podrá proporcionarse un   ciberespacio abierto, seguro y protegido para todos.  Hoy ya fue violada la información de la autoridad militar en el país. Es un asunto de seguridad nacional.   Referencias: https://www.statista.com/statistics/818412/latin-american-countries-highest-share-cyber-attacks/   https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2021_IC3Report.pdf   https://www3.weforum.org/docs/WEF_Partnership_against_Cybercrime_report_2020.pdf   https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/20/asi-miden-los-carteles-del-narco-su-productividad/    " ["post_title"]=> string(69) "México: ¿paraíso de los cibercriminales? Ciberataques y ciberpoder" ["post_excerpt"]=> string(154) "Austericidio, no invertir en ciberseguridad. Hoy ya fue violada la información de la autoridad militar en el país. Es un asunto de seguridad nacional. 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La violencia está en la estructura social, en la cultura, en las relaciones entre género, en el sistema normativo, en la comunicación cotidiana.  Es importante reconocer las limitaciones del ejercicio de toda política pública, en particular, en la reducción de la violencia lo bien intencionado o el carisma de quienes diseñan y deciden el ejercicio de una estrategia de atención no son elementos que sumen a la eficacia. Las limitaciones son intrínsecas a todo plan, porque en él se definen tiempos y metas, objetivos, se usan recursos y en la selección se quedan elementos por fuera que quizá no debieron dejarse. Pero precisamente por ese reconocimiento a las limitaciones de las acciones gubernamentales frente a este tema y a la necesidad de, al menos, reducir los indicadores de actos violentos, es urgente tener mayor precisión en identificar las causas y atenderlas, sin prejuicios y sin excluir factores posibles.  Además de lo anterior, la aplicación de políticas públicas relativas a reducir los índices en general de criminalidad, encuentran resistencias en todos los campos de la estructura social. Desde el crimen organizado que desarrolla “contraestrategias”, para hacer frente a las actividades gubernamentales, hasta el padre de familia que “esconde” a sus hijos para que no se los lleve el DIF por vivir en condiciones no aptas para el desarrollo integral del menor. Quien golpea se resiste a dejar su vínculo a los vicios que lo llevan a cometer actos que dañan la integridad de su pareja, hijos o en general al prójimo. Y quien agrede la integridad emocional de su pareja con una infidelidad lo vuelve a realizar. ¿A qué se debe la resistencia a dejar la agresividad y la violencia como parte de las conductas individuales y sociales? A pesar de que todos vivimos los efectos negativos de su expresión, seguimos en una escalada que va desde los escenarios familiares y laborales hasta los discursos políticos nacionales e internacionales.  ¿Por qué hacemos eco de discursos políticos que en su raíz plantean uso de términos y perspectivas que ofenden a otras personas o sectores sociales? ¿O porque la humanidad se refugia en prácticas religiosas o espirituales que incentivan la agresión a seres vivos en general? ¿O en las que legitiman a personajes que en el imaginario al menos practicaban delitos?  ¿Por qué al interior de las familias y los matrimonios continúa ejerciéndose la violencia en sus diferentes formas y no únicamente como consecuencia del consumo de alcohol y droga? ¿Por qué las bandas de delincuentes siguen al acecho de niños y adolescentes en redes sociales siendo conscientes del gran daño que se ocasiona? La impunidad, la recompensa económica y emocional que se recibe son algunas de las explicaciones posibles, por irracionales que nos puedan parecer.  Los credos y organizaciones tienen sus respuestas, las organizaciones civiles otras y seguirán haciendo su trabajo, los psicólogos y estudiosos de la cultura tendrán las suyas y en general cada afectado o cada profesionista dará explicaciones al hecho, pero mientras tanto, las resistencias siguen y la cultura del delito se reproduce de nación en nación, de casa en casa y de generación en generación. Y las limitaciones de las políticas públicas se hacen cada vez más claras.  El secreto parece estar en no justificar las resistencias, en no ser laxos con el niño que agrede al interior de un hogar o escuela, en ser críticos con el consumo de alcohol y droga, ser empáticos frente al desempleo, solidario con el menor que sufre o vaga por la calle, exigentes con los comercios que transgreden la norma y no ser condescendiente con el político o líder social que con ambigüedades o deliberadamente introduce en su discurso términos despectivos y agrede. Claros en la exigencia de una sociedad más justa.  El método es comprender las resistencias, comprender para actuar, para aportar microsoluciones en los espacios donde podemos incidir. Minuciosos en la acción educativa, responsables en nuestra conducta y proactivos en promover la no violencia, la construcción de la paz.  La atención a las causas que generan la violencia es todavía una deuda y que además crece. Al margen de quien decida y administre las políticas públicas, mientras existan feminicidios, violaciones, abuso de menores, robo, agresiones en las escuelas, asaltos en carretera, retenes no estatales y una larga lista de problemas y delitos,  se hará evidente que las estrategias para enfrentar los orígenes no han logrado sus metas.  Necesitamos cambiar el rumbo y realmente atender las causas. " ["post_title"]=> string(29) "Violencia. ¿Tiene solución?" ["post_excerpt"]=> string(119) "La atención a las causas que generan la violencia es todavía una deuda que como sociedad debemos realmente atender. 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Violencia. ¿Tiene solución?

La atención a las causas que generan la violencia es todavía una deuda que como sociedad debemos realmente atender.

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