Este 2025 habrá elecciones en 17 estados del país y en 6 de ellos, sus Institutos Electorales presentan graves problemas, lo que pone en riesgo esos procesos electorales, a los que se suma el de la elección judicial federal.
Esta situación fue dada a conocer por el Instituto Nacional Electoral (INE), siendo catalogada como crítica su situación en los denominados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en seis estados. De ellos, Zacatecas, Colima, San Luis Potosí han sido clasificados por el INE como de alto riesgo presupuestal; y Tamaulipas, Ciudad de México y Quintana Roo como de riesgo medio.
Lo anterior puede presentar una crisis próxima, dado que acorde con la reforma constitucional al Poder Judicial, en todo el país habrá proceso electoral el 1º de junio, en el que se votará por 881 cargos del Poder Judicial Federal, sumándose que 17 estados reformaron sus constituciones locales para elegir a sus magistrados y jueces locales.
Así será en Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas. Y podría sumarse Nayarit, quien reformó su constitución local el 27 de enero del 2025, sin lograr ser considerada por el INE, por un acuerdo que puso un plazo a las actividades de los procesos locales.
FALTA DE PRESUPUESTOS
Uno de los más graves problemas, es el de sus presupuestos, dado que acorde con el Informe sobre la Situación Presupuestal de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), presentado ante el Consejo General del INE, en la mayor parte de las entidades los Congresos locales, en los que Morena y aliados tienen mayoría, se llevaron a cabo reducciones a los presupuestos solicitados por la autoridad electoral.
Y como consecuencia, los estados que tienen elección judicial local y presentan los recortes más drásticos son: Colima, con 68.9% respecto a lo solicitado; San Luis Potosí, 67.8%, Zacatecas, 65.9%, Tamaulipas, 53.9%, Aguascalientes, 31.2%, Ciudad de México, 29.2%, Veracruz, 24.5%, Quintana Roo, 23.9%, Estado de México, 18.5% y Tabasco, 12.8%.
Por otra parte, hay siete estados con elección judicial local, en los que los recortes a los OPLE fueron mínimos o no existieron como en Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Michoacán, Sonora y Tlaxcala.
De acuerdo al Informe del INE, clasifica las 32 entidades en tres niveles de riesgo presupuestal, con cuatro en riesgo alto y siete en riesgo medio. Y de esos 11 estados considerados de riesgo, seis tendrán elección judicial local el 1º de junio: Zacatecas, Colima, San Luis Potosí, Tamaulipas, Ciudad de México y Quintana Roo.
El Informe establece “Para clasificar a los OPL en riesgo alto o medio, adicional al porcentaje de recorte en los decretos de egresos, también se consideran los antecedentes relevantes del ejercicio presupuestal 2024, así como el mandato constitucional para organizar elecciones de los poderes judiciales locales en 2025”. La información será actualizada al Consejo General del INE a finales de febrero.
Citándose el caso de Zacatecas, donde el OPLE fue recortado 33.8% en 2024, y 65.9% en 2025. Es el único OPLE que tiene adeudo con el INE, por los convenios de colaboración para sacar adelante la elección local concurrente de 2024, que suma 6.5 millones de pesos.
En Colima, su situación es tan crítica, que el OPLE debió impugnar el presupuesto de egresos del estado ante el Tribunal Electoral local, declarándose impedido para cumplir con sus funciones constitucionales.
La CDMX, catalogada como de riesgo medio, en donde habrá elección de cientos cargos judiciales locales, el OPLE tendrá un presupuesto de 2 mil 153 millones de pesos, que no contempla más de 883 millones solicitados para organizar la elección judicial local.
En Informe se establece, que la consejera presidenta, aseveró que las condiciones no son las óptimas para realizar los compromisos que se les asignaron como la elección de personas juzgadoras, no obstante, se comprometió a buscar el cómo sí cumplir, llevar a cabo las acciones sin pretexto, y en aquellas actividades que se restringieron o estarán a la espera como las actividades preparatorias para la consulta del presupuesto participativo 2026 y 2027, o bien para una iniciativa ciudadana emergente, en su momento se analizará la posibilidad de una ampliación presupuestal.
Cruda la realidad con que se llevarán a cabo procesos electorales y la elección del Poder Judicial en este 2025, la cual, por falta de presupuestos, podría tener graves consecuencias para esos estados y para el país.
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