Uno de los problemas durante la vejez es el cuidado que otras personas deben proporcionar a los ancianos, aún cuando éstos no presenten una discapacidad seria. Según datos del INEGI:
En 2018, el 11.2% de la población de 50 y más años de edad afirmó tener al menos una limitación para realizar actividades de la vida diaria como caminar, bañarse, comer, acostarse y levantarse de la cama. Para el caso de los hombres la proporción fue de 9.5% y para las mujeres de 18.3 por ciento. El 7.2% de la población de 50 y más años de edad afirmó tener al menos una de las siguientes limitaciones: manejar dinero, tomar medicamentos, hacer compras o mandados o preparar una comida (1).
Al momento enfrentamos una realidad que se convertirá en un reto todavía mayor conforme aumente la proporción de ancianos en el país. Hay dependencias “leves” como ciertos problemas de movilidad que pese a requerir apoyo, éste no es constante. Sin embargo, hay enfermedades graves como el Parkinson y el Alzheimer que producen una dependencia total, que sobre todo en sus etapas finales resulta de tiempo completo. ¿Quién se hará cargo de estos pacientes? La “carga” en la mayoría de los casos se da en la estructura familiar, lo que implica un enorme desgaste. Los familiares se convierten, muchas veces, en cuidadores de tiempo completo. Lo anterior suponiendo que haya la posibilidad de disponer de una persona que pueda dedicar todo su tiempo al cuidado de un paciente.
Así dicho parece resuelta la cuestión: a algunos les tocará realizar esos cuidados y otros no tendrán que enfrentarlos. Pero el desgaste emocional, físico y financiero de esas circunstancias sugiero debería de ser compartido por toda la sociedad y el propio Estado. No puede dejarse toda la responsabilidad a la familia. Hay que crear estructuras como redes de apoyo informales y formales que proporcionen la ayuda necesaria. En este sentido nuestro país tiene un retraso: las políticas públicas y las estructuras institucionales para brindar el apoyo requerido por las familias para atender a los adultos mayores con discapacidades graves es casi inexistente. No se disponen de cuidadores profesionales, cuyo costo debiera ser asumido por los tres niveles de gobierno. En efecto, existen servicios de cuidadores en el ámbito privado, pero resultan onerosos e inaccesibles para la mayoría de las personas.
Muchos servicios están diseñados para personas en situaciones donde no se presenta ninguna discapacidad: los bancos, las notarías. Los espacios públicos en general e incluso en las instalaciones de los servicios de salud pública, carecen de accesos adecuados para estas personas y sus cuidadores. Ahora bien lo anterior se multiplica por las necesidades de pacientes con deficiencias cognitivas graves, que convierten así un trámite sencillo en todo un desafío.
El gobierno, básicamente el federal, debe asumir el reto que se presenta ya en las familias. Deberán crearse todos los servicios indispensables para la necesidad de atención de personas con enfermedades severamente discapacitantes y no dejar toda la responsabilidad a los familiares.
Referencias:
(1) INEGI. El INEGI presenta resultados de la quinta edición de la encuesta nacional de salud y envejecimiento. Comunicado de prensa No 450/20. 1o de octubre del 2020. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ENASEM/Enasem_Nal20.pdf
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