Las vendettas políticas no son nuevas en México. Para unos es justicia y para otros abuso de poder. Ahora que el caso Emilio Lozoya se perfila para ser uno de esos circos que hacen historia, resulta saludable refrescar la memoria de quiénes pisaron la cárcel en otros sexenios. Veamos.
Miguel de la Madrid Hurtado fue contra el director de Petróleos Mexicanos, Jorge Díaz Serrano y Arturo el “Negro” Durazo, jefe de la policía capitalina. Ambos terminaron encarcelados. Carlos Salinas de Gortari encerró a Joaquín Hernández Galicia alias la “Quina”, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos; Eduardo Legorreta, director de la Bolsa Mexicana de Valores en el crash de 1987; y al cantante argentino Laureano Brizuela, mejor conocido como “el ángel del rock”.
Por su parte, Ernesto Zedillo encarceló a Raúl Salinas de Gortari, “el hermano incómodo”, del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Por su cuenta, Vicente Fox fue tras a uno de los dueños de Altos Hornos de México: Alonso Ancira. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, se arrestó a la maestra Elba Esther Gordillo, lidereza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, ya está en prisión la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.
Y en este tenor, el circo de muchas pistas del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, ya comenzó. Lozoya denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) la operación en México de un presunto esquema de fraude transexenal liderado por tres expresidentes, que durante doce años se encargaron de enriquecerse a costa del erario, de extorsionar a empresarios a cambio de contratos, y de traficar influencias. En síntesis, de perpetrar “una traición a México” a través de un esquema de “fraudes y engaños” organizado como en “La Estafa Maestra”, según el exdirector de PEMEX.
La denuncia presentada por Lozoya está dirigida contra 15 personas a las que responsabiliza de liderar este aparato de corrupción, la mayoría de ellos exfuncionarios emanados del PAN y el PRI. Entre ellos, señala a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari.
También a los excandidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade; al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso; y a los exsenadores Francisco Javier Cabeza de Vaca (actual gobernador de Tamaulipas), Francisco Domínguez Servién (actual gobernador de Querétaro), Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury, David Penchyna Grub, y Ernesto Cordero.
Así como a José Antonio González Anaya y Carlos Treviño Medina, quienes se desempeñaron, entre otros cargos, como directores de PEMEX. También denuncia a funcionarios de menor rango, entre ellos, Rafael Caraveo Opengo, exsecretario técnico del Senado y quien esta semana apareció en un video filtrado donde se muestra el pago de uno de los presuntos sobornos.
De acuerdo con Lozoya, este esquema de enriquecimiento personal, a costa de quebrar al erario, inició en el sexenio de Calderón donde a cambio de supuestos sobornos se favoreció la empresa Braskem, filial de Odebrecht, con la concesión del complejo petroquímico Etileno XXI que ha generado mas de 3 mil millones de pesos en perdidas a PEMEX. El fraude se afianzó y se consolidó en el sexenio de Peña Nieto con la confirmación de esa obra y la dotación de nuevos contratos.
Meade fue el operador transexenal de este esquema ya que, según Lozoya, en 2010 como secretario de Energía, autorizó el dicho contrato de Etileno XXI, ignorando advertencias de consejeros de PEMEX. De 2012 en adelante, ya como funcionario de Peña, se dedicó a encubrirlo y a recibir dádivas por dicho servicio. Videgaray, por su parte, consolidó los beneficios a Odebrecht y además ordenó el soborno a legisladores de oposición para la aprobación de la reforma energética.
En la denuncia presentada el pasado 11 de agosto ante FGR, Lozoya además conecta otros hechos de corrupción como la entrega de combustible gratis al gobierno de Javier Duarte (quien a cambio le regaló un Ferrari a Peña Nieto); presiones para entregar contratos a Grupo Higa como pago por construir la “Casa Blanca” y el llamado “Museo del presidente” en el Estado de México; y la compra de la planta chatarra Agronitrogenados a Altos Hornos. Lozoya no deja títere con cabeza y ahora tendrá que demostrar sus dichos y dar a conocer las pruebas con valor jurídico que se integrarían a la carpeta de investigación. De no hacerlo, todo quedará en mucho ruido y una falsa expectativa que por primera vez en la historia de México, un expresidente pise la cárcel. Al tiempo, pruebas.
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