Carmen Isolina Egea Gutiérrez – Cortines Profesora Políticas Públicas y Unión Europea, Universidad Francisco de Vitoria
29 días duró en su cargo Susan Monarez, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, nombrada por la propia Administración Trump.
Tras ella renunciaron cuatro altos cargos más del CDC. Todos argumentaron preocupación por los recortes en el organismo, la desinformación sobre las vacunas y la politización de los servicios de salud públicos que dirige Robert F. Kennedy Jr.
El cese de Monarez ha formado parte de un posicionamiento en materia de salud pública por parte del presidente Donald Trum que es más que discutible. La política influye en la salud, y esta no es ni la primera ni la última vez que lo veremos, pero este caso está teniendo especial relevancia.
No hay duda de que la sucesión de eventos políticos en Estados Unidos está provocando inestabilidad. La elección de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Estado de Salud generó un debate considerable en su día al haber sido un activista antivacunas durante la pandemia de la covid-19 y haberse unido a los que exponen que hay una unión entre determinadas vacunaciones y el autismo –algo más que descartado por la ciencia– .
Se han añadido recientemente a estos posicionamientos las declaraciones del presidente sobre la relación entre el consumo del Tylenol (que contiene paracetamol) y el autismo, en el fondo culpando de un problema muy complejo como es el autismo a la comunidad científica y también a las mujeres por el consumo de este medicamento durante el embarazo. Todo ello sin aportar evidencias sólidas y contribuyendo a la desinformación pública.
Desde que fue nombrado, el papel de Kennedy fue distinto al habitual en un puesto semejante. No hablaba de listas de espera o de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, la gran pandemia estadounidense. Eso sí, adoptaba un tono claramente sanitario –terminar con la epidemia de enfermedades crónicas–, otro técnico –la vuelta a una medicina y ciencia basada en la evidencia– y uno político –la lucha contra la corrupción en las agencias de salud–.
Un presupuesto de 3,4 billones de dólares
Y Kennedy se puso a trabajar para ejecutar su mandato. Siguiendo la línea de otros miembros del gabinete, como el secretario de Estado Marco Rubio o el controvertido Elon Musk, impulsó reformas en las principales agencias federales de salud. Esto tenía un alcance mucho mayor que en otros departamentos, ya que de él dependen organismos tan decisivos como el NIH – Instituto Nacional de Salud–, que financia la investigación básica en salud; la FDA –Administración de Alimentos y Medicamentos–, que aprueba medicamentos, y los CMS –agencias de salud–, que gestionan Medicare y Medicaid para más de 100 millones de ciudadanos. El presupuesto bajo su responsabilidad asciende a 3,4 billones de dólares
El cese de gran parte de los equipos anteriores a los actualmente nombrados por Kennedy ha llevado consigo acusaciones de presiones de la comisión para la aprobación de las vacunas del CDC.
La relación entre salud y política es mucho más estrecha de lo que solemos imaginar. Lo vimos en los distintos modos de respuesta a la pandemia de la covid-19. Ocurrió en Brasil y en México, pero también en Bulgaria o incluso en Estados Unidos.
Las decisiones sanitarias tocan tres fibras muy sensibles a la vez: la redistribución de recursos, la identidad personal y el peso de la ciencia. Por eso debates sobre vacunas, seguros médicos o acceso a tratamientos generan tanta controversia.
Las críticas a los cambios realizados en las distintas agencias se han escuchado y reflejado en la prensa. El impacto que tiene en la sociedad una situación de inestabilidad en un sector tan importante como el de la salud es enorme.
Confianza en el profesional y en el sistema
En general, el sistema sanitario, incluidos los tratamientos, tiene un componente importante de confianza en el profesional y en el propio sistema. La crítica a los procesos de aprobación de las medicaciones o de las vacunas, al igual que a los profesionales que realizan esta aprobación, produce una falta de adherencia a los tratamientos y, como resultado, un impacto sobre la salud de los pacientes.
En este caso, la revisión –compleja e injustificada en su explicación– de la política de vacunación tiene muchos efectos. Las declaraciones del secretario de Salud exponiendo que no prohibiría el uso a un padre o una madre, pero que sería objeto de revisión, conlleva una posible salida de las vacunas de la cartera de servicios del sistema de salud público. Así, cada progenitor tendrá que cubrir las vacunas de sus hijos.
La privatización de uno de los elementos más importantes de la prevención sanitaria como es la vacunación podría tener consecuencias terribles. Y ya hemos visto cómo han aumentado los brotes de sarampión en Estados Unidos.
Estamos presenciando un cambio en la manera de concebir la salud, marcado por tintes ideológicos, que traerá efectos muy graves.
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