Comisión Especial de la Verdad para el caso Sedenagate

La información obtenida y revelada por diversos medios de comunicación respecto a los Sedenagate debe investigarse. ¿Qué información se ha hecho pública en la última semana? El uso de las fuerzas armadas para cuidar a la familia...

11 de octubre, 2022

La información obtenida y revelada por diversos medios de comunicación respecto a los Sedenagate debe investigarse. ¿Qué información se ha hecho pública en la última semana?

  • El uso de las fuerzas armadas para cuidar a la familia presidencial.
  • La posible colusión de servidores públicos y grupos delincuenciales.
  • Una posible red de corrupción entre el asistente personal del presidente y empresas contratistas.

¿Por qué debe preocuparnos este asunto? Porque no ha habido ninguna acción contra quienes presumiblemente han sido señalados por cometer ilícitos. No hay carpetas de investigación ni hay renuncias ni rendición de cuentas, porque desde Palacio Nacional no se ha dicho nada al respecto.

¿Qué acciones se pueden promover desde el Senado?

  • Crear la Comisión Especial de la Verdad para el caso Sedenagate.
  • Esta semana, lo propondré al Pleno del Senado, esperando que los senadores de Morena y sus aliados voten a favor.
  • Se debe dar puntual seguimiento a la información revelada por el hackeo a la Sedena.
  • El Senado debe conocer, investigar y fijar una posición clara al respecto.
  • Los correos e información que se ha hecho pública ha marcado nuestra vida política como país.
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Con un odio común en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sin un proyecto alternativo de nación, pero con la convicción de ser los salvadores de la patria en contra de la embestida “dictatorial”, miles de manifestantes que no son tradicionalmente fieles de las marchas, se movilizaron exitosamente. Como se recordará el titular del ejecutivo envió una iniciativa de ley que pretende reformar al INE en ejes centrales de su tradicional funcionamiento, previo a los comicios del Estado de México y Durango, pero sobre todo, a la gran batalla que podría ser la elección presidencial de 2024. Con la oferta tentadora de hacer más económicos los procesos electorales, disminuir el número de legisladores y senadores, así como buscar que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos por voto popular, además de desaparecer los órganos electorales estatales, tratar de implementar el voto electrónico, la polémica reforma ha sido objeto de toda clase descalificaciones y de análisis tendenciosos de una y otra parte. Al parecer no transitará por lo polarizado del ambiente político en el congreso. La respuesta de la oposición fue convocar a una marcha en defensa del INE al acusar un intento de desaparecer al árbitro electoral. Desde las cúpulas empresariales y de los partidos coaligados opositores, se gestó un movimiento en favor del instituto electoral que tiene una operatividad en la realización de comicios, así como brindar certidumbre a la ciudadanía en sus resultados a pesar de lo oneroso de su funcionamiento.  Sin embargo, existen dos elecciones presidenciales que han demostrado que los alcances de  dicho instituto, son por lo menos limitados y poco efectivos, cuando se trata de calificar elecciones cerradas, como la de 2006 o la de 2012 donde el rebase de topes presupuestales  no pudo ser sancionado de forma expedita. Se recuerdan dos multas históricas al PRI y PAN, por el pemexgate y amigos de Fox, que al final no representaron un cambio en la forma de operación electoral de la clase política mexicana. En aquel periodo del conflicto poselectoral estaba a cargo del entonces IFE, Luis Carlos Ugalde, que en comparación con la figura de José Woldenberg, resultaba una pieza insuficiente, sin personalidad, errática y tendiente a la parcialidad. A la postre con las reformas electorales que permitieron el voto por voto y los límites a la descarada participación de los privados en la contratación de propaganda, el polémico expresidente del INE fue defenestrado y se refugió en una consultoría que sigue succionando recursos públicos a cambio de sobrevaluados estudios electorales. Lorenzo Córdova, extendió su mandato como presidente consejero al transformarse el IFE en el actual INE, con las tradicionales cuotas de poder que los partidos hegemónicos en el congreso aplican para privilegiar sus intereses. No es que la estructura del organismo autónomo sea afectado por las politiquerías de la partidocracia, pues la estructura y logística de los procesos electorales han sido perfeccionados por décadas, pero los protagonismos y la falta de imparcialidad del presidente Córdova y del consejero Ciro Murayama son más que evidentes y rayaron en el golpismo político en contra del régimen actual. Sin olvidar su defensa irracional a sus privilegios como burocracia dorada a costa del erario. Con todo el prestigio y actuar que tiene el INE, su gran fracaso ha sido el fiscalizar de manera real, las fortunas económicas que se manejan en todos los partidos políticos para favorecer candidatos, comprar conciencias, contratar publicidad y sobre todo operar con mapaches electorales en el día de la jornada electoral. Al ser tan difícil perseguir los delitos electorales cometidos con dinero, el cacareado instituto le  ha fallado a los mexicanos que padecen la intervención descarada de actores políticos, sindicatos, poderes fácticos regionales y nacionales que inciden en los sufragios personales de los ciudadanos coptados. En esa lógica de delincuencia electoral, muchos de los actores perfectamente identificados con las prácticas clientelares en elecciones, como el exgobernador Roberto Madrazo a quien se le documento rebase estratosférico de los topes de campaña en Tabasco, no tienen empacho de trasvestirse de demócratas.  Así como las cúpulas empresariales que tradicionalmente se han beneficiado de gobiernos con dudosa legitimidad como el de Carlos Salinas de Gortari y sobre todo con Enrique Peña Nieto. El halo legitimador de la marcha alcanzó a la operadora estrella del magisterio sindical, Elba Esther Gordillo que hizo posible el voto corporativo a favor de Felipe Calderón y quien le permitió hacer sus mejores negocios desde la Secretaría de Educación. El expresidente Fox marchó junto a los creadores de Unidos sin acordarse mucho que desde el Tribunal Electoral se le señaló como la principal anomalía durante el traumático proceso de 2006, debido a sus posicionamientos y sobre todo por haber intentado proceder jurídicamente contra el entonces candidato AMLO, en una acción ventajista que buscaba sacarlo a la mala de la boleta presidencial. La marcha tuvo una afluencia mucho mayor a la esperada por sus organizadores que no se atrevieron a llegar al zócalo capitalino. 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