Comentario a la reforma de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

La consolidación y creación de empresas monopólicas, seguramente será fuente de ineficiencia administrativa y económica en el sector público, peor aún, estas empresas se transformarán en focos de corrupción al estar libres de controles administrativos y...

4 de agosto, 2020

Durante la discusión de la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el pleno del Senado de la República, la semana pasada, la senadora Beatriz Paredes hizo referencia, en su intervención ante el pleno, a un verso del poema de Mario Benedetti “Hombre Preso que mira a su Hijo”. El verso es el siguiente:

Uno no siempre hace lo que quiere

 pero tiene el derecho de no hacer

 lo que no quiere.

La senadora utilizó este verso para dejar en claro que, a pesar de su intención de lograr acuerdos con los grupos parlamentarios de la 4T, en esta ocasión no podía aprobar una reforma que terminaría en una “política de salud del Estado ineficaz y sin rumbo”.  En particular, la senadora hizo referencia a las consecuencias a largo plazo de una reforma que establece la eliminación de los requisitos necesarios en la adquisición de medicamentos y la creación de un ente monopólico para la adquisición y distribución de medicinas en el sector público. Quienes no conocen de estos asuntos no entienden las consecuencias, pues no perciben el riesgo de crear un ente monopólico sin contrapesos para la adquisición y distribución de medicamentos para el sector de salud público mexicano.

En particular los daños de esta reforma responden al hecho de que fue diseñada teniendo en mente no beneficios para la población, sino el interés del presidente López Obrador de “castigar” a los dueños de empresas farmacéuticas mexicanas, quienes en su opinión habían medrado del presupuesto federal mediante actos de corrupción en la asignación de compras y procesos de distribución durante los sexenios del período 2000-2018. Este propósito puede comprobarse por los pronunciamientos de legisladores de MORENA quienes dijeron lo siguiente: 

“Durante el actual gobierno se ha agudizado debido a la emergencia sanitaria, sobre todo, debido al sabotaje de algunos laboratorios que decidieron oponerse a los esfuerzos de la administración federal para acabar con un tema de contratos abusivos” (Diputada Beatriz Rojas, MORENA).

“La idea central es dotar al Ejecutivo de los instrumentos necesarios para que puedan comprar los medicamentos fuera de nuestro país, cosa que en este momento no se permitiría. Con esto rompemos un monopolio de medicamentos en nuestro país” (Diputado Oscar González Yáñez, presidente de la Comisión Anticorrupción).

En su intento de complacer los deseos del Ejecutivo, los legisladores que aprobaron esta reforma no consideraron los efectos negativos que causará en el largo plazo la remoción de dos elementos fundamentales que tenía la ley anterior: 1) la obligación de que los medicamentos adquiridos por el sector público estuvieran certificados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); y 2) que toda compra –como cualquier otra del gobierno federal– fuese  sujeta a licitación pública, buscando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

Un tercer efecto negativo quizá de menor importancia para la salud del público, pero no irrelevante, es la pérdida de empleos que generará la negativa del gobierno federal a adquirir medicamentos producidos en México, con esta acción, AMLO demuestra una vez más que no tiene empatía con la clase trabajadora del sector privado, por castigar a los dueños de las empresas, su solución anticorrupción castiga más a los trabajadores del sector que a sus empresarios. 

Por último, derivado de esta reforma se ha creado una empresa monopólica de distribución que según anunció AMLO “a partir del 15 de agosto de este año se encargará de llevar los medicamentos a todas las comunidades del país”. En su afán de consolidar la rectoría del Estado, López Obrador comienza a cometer los errores de las administraciones del período 1976-1988. La consolidación y creación de empresas monopólicas (PEMEX, CFE, esta nueva distribuidora) seguramente será fuente de ineficiencia administrativa y económica en el sector público, peor aún, estas empresas se transformarán en focos de corrupción al estar libres de controles administrativos y supervisión externa como lo marca la nueva ley aprobada por el Congreso. 

 Termino enfatizando que la actitud de Beatriz Paredes es digna de mención. Diariamente escuchamos críticas a las decisiones del presidente López Obrador, lo que no escuchamos son razonamientos morales como el de la senadora o propuestas sensatas que ayuden a evitar el resultado esperado de la modificación de leyes como la mencionada. Viktor Frankl decía: “No tenemos la libertad de escoger nuestros problemas, pero sí la tenemos para proponer soluciones a los mismos”. Es decir, en vez de seguir desgañitándonos ante las acciones de la 4T, deberíamos proponer soluciones que preserven mucho de lo bueno que existía anteriormente.  

En este caso, la pregunta obligada es ¿por qué los gobiernos estatales de oposición no hacen un frente común para la adquisición de medicinas para sus sistemas estatales de salud, en una alianza con hospitales privados y las empresas farmacéuticas cuestionadas por AMLO, para producir y distribuir en el sistema privado hospitalario y en el sistema público estatal medicinas producidas en México a menores precios y mejores condiciones de las ofrecidas en el exterior?  Solo con acciones de esta naturaleza se podrá contrarrestar la narrativa de la 4T y demostrar que existen alternativas viables para eliminar la corrupción y mejorar la eficiencia en nuestro país.

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No es discriminación contra los que no logran las calificaciones necesarias; no es un sistema arbitrario que deje fuera a unos y admita a otros.  Como todo en esta vida, la formación de médicos cirujanos demanda de manera puntual el cumplimiento de un perfil profesional determinado. Las ciencias médicas tratan con los bienes más preciados del ser humano: la salud y la vida. Para ello requerimos profesionales con la mejor preparación. No aplica jamás una actitud de improvisación, o poner por delante de esta premisa cualesquiera otras. Se ha dicho que los médicos cubanos son “especialistas”, aunque tenemos la experiencia anterior, cuando el pico de la COVID, se trajeron especialistas en salud pública, médicos comunitarios que cumplen funciones básicas con enfoque epidemiológico. Una queja que ha expresado más de una vez el presidente es que los especialistas no quieren irse a las zonas rurales. Lo anterior denota su desconocimiento acerca  del sistema de atención que se maneja desde hace muchos años en México. El primer nivel de atención cubre la mayor parte del territorio nacional, ya sea mediante médicos titulados, pasantes de medicina o técnicos médicos.  Ellos tienen a su cargo la atención general de los pacientes, y deciden cuáles requieren pasar a un segundo nivel de atención, esto es, con especialistas y subespecialistas: Medicina Familiar, Medicina Interna, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, y Pediatría.  Más adelante quedan las subespecialidades. Agotado este nivel, se recurre al tercer nivel de atención: Los superespecialistas, dedicados a atender casos menos frecuentes y más complicados, como serían neurocirujanos; oncólogos o hemodinamistas, por citar algunos. Resultaría ocioso, dada la limitación del recurso humano, colocar un pediatra en la Sierra de Guerrero para atender 20 niños enfermos, en lugar de concentrarlo en las urbes para atender una cantidad exponencialmente mayor de pacientes. El anterior es el sistema que ha funcionado para asegurar la adecuada atención de pacientes. En el último año de mi especialidad en Pediatría Médica, efectivamente me tocó pasar cuatro meses en una clínica del entonces IMSS-Solidaridad, en Doctor Arroyo Nuevo León. Los casos de enfermedades infecciosas como gastroenteritis o bronconeumonías se atendían con los recursos al alcance, lo que redundaba en buenos resultados. Casos más complejos se derivaban a hospitales de concentración, para bien del paciente. Así ha sido y así deberá ser, porque es lo que funciona mejor para todos. En nuestro país, para ejercer la especialidad, hay diversos requisitos. En primer lugar, el título de licenciatura expedido por una  universidad reconocida en la que el estudiante cursó sus estudios.  La comprobación de su servicio social.  El pase del examen nacional de residencias médicas (ENARM), para ingresar a hacer la especialidad en una institución debidamente reconocida.  Al término de ésta, la acreditación, tanto por parte de la institución de salud en la que se cursó la especialidad, como de la universidad que avaló el programa de especialidad. La expedición de la cédula profesional; la certificación por parte del consejo correspondiente a la especialidad, y la renovación de la certificación cada cinco años. Algo similar ocurre para la especialidad de Medicina Familiar.  De esta manera se puede garantizar que el médico que atiende a los pacientes cuente con la debida preparación y actualización para hacerlo. Cierto, hablando de especialistas hay cierta concentración del recurso humano. 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Y solo con este cambio, minúsculo en apariencia, la “cultura de la cancelación” quedaría prácticamente disuelta.  Web: www.juancarlosaldir.com Instagram:  jcaldir Twitter:   @jcaldir    Facebook:  Juan Carlos Aldir 1 Gomá Lanzón, Javier, Ejemplaridad Pública, Primera Edición, España, Penguin Random House - Taurus, 2014, P. 26" ["post_title"]=> string(64) "Tolerancia y ejemplaridad como antídoto a la “cancelación”" ["post_excerpt"]=> string(176) "Cerramos el tema de la “Cultura de la cancelación” charlando acerca de posibles posturas más constructivas que la conviertan en una especie de “crítica empática”. 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