Codere en Problemas

En la conferencia matutina presidencial del 15 de abril pasado, el presidente de México volvió a referirse a las empresas españolas. En especial destacó un boletín del periódico El País que defiende al empresariado español que hizo...

16 de abril, 2021

En la conferencia matutina presidencial del 15 de abril pasado, el presidente de México volvió a referirse a las empresas españolas. En especial destacó un boletín del periódico El País que defiende al empresariado español que hizo su agosto en México durante el periodo neoliberal… Cuando menos en la Industria del Juego con apuesta, esto es cierto. 

Codere es accionista mayoritario de la empresa Administradora Mexicana de Hipódromo con cerca del 85% del paquete accionario de la permisionaria y concesionaria del Hipódromo de las Américas. Su raquítica operación en esta industria pone en riesgo la cría de caballos Pura Sangre en México y el espectáculo que proporcionan. 

Lo he dicho y no me cansaré de repetirlo, solo por el entusiasmo y afición que tiene el segundo hombre más rico de México, Germán Larrea y otros caballistas infectados por el virus de la “hípica” como es Orlando Álvarez, mandamás de la Cuadra Soledad de Álvarez, se sostiene: sin los caballos de Germán ya no habría carreras de caballos Pura Sangre. 

Tenemos que aceptar que esta empresa española, desde su origen, planeó y ejecutó solo para su propio beneficio (no se necesita ser un genio para deducir que lo hizo con la complicidad de servidores públicos del pasado, bueno, cuando menos soy muy mal pensado). 

Como hemos sostenido en artículos anteriores, 15 días antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto, la permisionaria logró una prórroga por 15 años de su permiso, sin haber cumplido con el objeto del mismo e inventando que iban a construir un hotel con una inversión de 550 millones de dólares. ¿Por qué no han construido el hotel? Ah… por supuesto, la pandemia. ¡Es una perfecta excusa…! En fin… 

Lo que es preocupante es que la agencia de calificación de riesgos Fitch bajara la calificación de Codere un grado a “extremadamente especulativo” por lo que ha rebajado la calificación crediticia de la empresa de juego Codere desde CC a C, un escalón más hacia abajo dentro del “bono basura” y en niveles extremadamente especulativos, ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (española):

“La rebaja se extiende a la calificación crediticia corporativa y a dos emisiones de 500 millones de euros y 300 millones de dólares (255 millones de euros) de bonos sénior garantizados.

“Igualmente afecta a una emisión de 250 millones de euros de bonos súper sénior con vencimiento en septiembre de 2023, que pasa de CCC- a CC (también en “bono basura”). Fitch ya había rebajado un escalón la calificación crediticia corporativa y las de estas emisiones a principio de marzo y ahora baja un peldaño más”.

De Acuerdo con el especialista Manuel Torres Rivera, colaborador en este portal, lo explica en palabras sencillas: 

“Codere pierde oportunidad de colocar papel de deuda en mercados del exterior. Disminuye la confianza en el papel porque el retorno (pago) es incierto. Si ese papel lo toman inversionistas internacionales asumen un riesgo, pero cobran más. Por otro lado, aun cuando todavía no son chatarra existe una especulación en cuanto al cumplimiento en tiempo y forma.

“Todavía existen en los mercados, pero con una nota de alerta. Hay fondos que se dedican a cobrar bonos o instrumentos chatarra. No logran cobrar todo, pero logran fortunas.

“Así son los mercados, vigilan por cuenta de inversionistas para proteger o recomendar inversiones”.

Y nos sigue explicando:

“Las pérdidas de Codere por la pandemia podrían tener justificación; lo que no tiene justificación es el descuido del papel emitido en mercados del exterior. Estas emisiones debieron ser negociadas en sus plazos y vencimientos. No hacerlo ha provocado bajas en la calificación crediticia. No solo eso, el freno de emisiones futuras se cancela, pero lo más importante es el costo nominal de las emisiones, aumenta por castigo crediticio y eleva el servicio de la deuda. 

“Francamente encuentro una situación preocupante en las finanzas de Codere. Cuando una empresa pierde movilidad financiera, pierde un horizonte de posibilidades”.

Así pues, Codere, accionista mayoritario, usufructúa las 52 hectáreas de un bien del dominio público, en virtud de lo cual, de acuerdo con el Artículo 74, de la Ley General de Bienes Nacionales:

 

Las concesiones sobre inmuebles federales se extinguen por cualquiera de las causas siguientes:

 

III.- Desaparición de su finalidad o del bien objeto de la concesión; 

 

VII.- Cualquiera otra prevista en las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas o en la concesión misma, que a juicio de la dependencia concesionante haga imposible o inconveniente su continuación.

 

Me parece que las autoridades respectivas podrían catalogar este caso en alguno de los supuestos anteriores, y así revocar su concesión. Sostengo que “de pasadita” se ha llevado a la basura la operación del Hipódromo de las Américas.

 

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En un mitin, López Obrador anunció que había presentado una denuncia contra el presidente Peña Nieto por “traición a la patria”. Según López Obrador, tenía pruebas contundentes que demostraban que la reforma eléctrica de Peña Nieto se había pactado en Washington y en Londres, que era en perjuicio de México y que, por tanto, se había hecho con “traición a la patria”, además de que los legisladores se habían dejado sobornar para que dicha reforma pasara. Anunció en ese momento que cuando llegara al poder revertiría la reforma energética de Peña Nieto. El tiempo pasó, López Obrador llegó al poder y, en efecto, puso manos a la obra para desmantelar la reforma eléctrica de Peña Nieto. No acabo de entender por qué no lo hizo al principio del sexenio, cuando tenía muchos más legisladores que los que ahora tiene y cuando su poder parecía incontestable. Se esperó hasta la segunda mitad del sexenio, con un Morena y aliados debilitados en las elecciones federales de 2021 (aunque desde aquel lado ellos insisten en que son más fuertes que nunca, que es un momento histórico, y todas esas cosas). Y entonces sucedió lo que parecía “bola cantada”, para hablar en términos del béisbol: el desmantelamiento de la reforma eléctrica de Peña Nieto no fue posible. Lo primero que intentó López Obrador, para evitar el arduo mecanismo de reforma constitucional, fue modificar la Ley de la Industria Eléctrica. Para ello le bastaba la mayoría absoluta que tiene en el Congreso federal. El problema fue que al entrar en vigor se registró una lluvia de amparos y los legisladores de oposición interpusieron una acción de inconstitucionalidad. Hace unos días, la Corte resolvió el asunto y no se alcanzó la mayoría de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad, lo que el presidente anunció ante sus simpatizantes como un gran triunfo y un día histórico.  En ese momento yo escribí que una cosa es que la Corte declare la inconstitucionalidad de una ley, o otra distinta es que la falta de esta  declaración implique que la ley sea constitucional. Parece que así lo entendieron los seguidores del presidente (el presidente no lo entendió así, porque él es hábil y es muy difícil tomarle el pelo). Siete ministros encontraron que la Ley Eléctrica (técnicamente modificaciones propuestas por el presidente a la Ley de la Industria Eléctrica) era inconstitucional… y lo es. Tan es así que el gobierno no podrá cancelar contratos otorgados a particulares así nada más; y si los cancela, incurrirá en responsabilidad y perderá litigios no sólo en México, sino ante cualquier tribunal internacional, lo cual significará millonarias indemnizaciones que usted y yo pagaremos. El presidente lo sabe perfectamente. Aunque López Obrador anunció el fallo de la Corte como un triunfo histórico y los seguidores, de buena fe lo creyeron y lo creen, la verdad inobjetable es que era necesaria la reforma constitucional. Por eso el presidente envió su propuesta y la Cámara de Diputados la votó el Domingo de Resurrección. Es una retahíla muy socorrida aquella según la cual la oposición está muerta e inoperante, moralmente derrotada, y que no sirve para nada, pero desde esa muerte, inutilidad, derrota moral e inoperación, la oposición rechazó la reforma eléctrica constitucional del presidente y el proyecto fue desechado en la Cámara de Diputados. El sueño de desmantelar la reforma eléctrica de Peña Nieto quedó hecho pedazos y pareció de algún modo que la oposición “resucitó” el Domingo de Resurrección. El presidente, previendo que su proyecto no pasaría, había preparado un movimiento: nacionalizar el litio. Y así lo hizo ver a sus seguidores ese mismo Domingo de Resurrección al decir que, pasara lo que pasara, estaban blindados contra la traición. El discurso de la traición a la patria despegó a alturas que no se habían visto quizá desde el siglo XIX. Pero las cosas son como son, y no se pueden esconder. Una cosa es la reforma eléctrica con el fortalecimiento de la CFE, cuestión que no sucederá, al menos en este sexenio; y otra distinta es el asunto del litio. Insisto siempre en que el presidente López Obrador es muy hábil, lo cual me vale el insulto de las personas que no lo quieren, pero es la verdad. López Obrador mezcló los asuntos eléctrico y del litio y manejó el discurso de manera que sus seguidores pensaran que con la “nacionalización” del litio iba a quedar subsanado el rechazo de su reforma eléctrica en el Congreso. Los simpatizantes del presidente lo creen de buena fe, y si uno intenta desglosar las cosas y explicarlas, recibe de parte de ellos interminables insultos y hasta la ya manida –y en esa medida cada vez menos efectiva– acusación de “traidor de la patria”. Vaya, confieso que al principio daba miedo y preocupación que el presidente y sus simpatizantes llamaran “traidores” a los diputados que desecharon la reforma eléctrica constitucional, pero conforme pase el tiempo y se abuse de tal señalamiento, lo de la “traición a la patria” comenzará a dar risa. Volviendo al punto: la propuesta de “nacionalizar” el litio no tiene nada que ver ni subsana de modo alguno el rechazo, por parte de la oposición, de la reforma eléctrica constitucional propuesta y promovida por el presidente. Son dos asuntos diversos, y aunque los seguidores del presidente crean de buena fe lo que éste les dice, la nacionalización del litio no hará posible la reforma eléctrica que con tanto ahínco busca el presidente. En los siguientes meses se repetirá la historia: el presidente ya logró que su propuesta de reforma a la Ley Minera (nacionalización del litio) fuera aprobada por el Congreso. ¿Qué dicen estas nuevas disposiciones? Que el litio es de utilidad pública; que no habrá concesiones, contratos, licencias, permisos ni autorizaciones a particulares en esta materia; que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedará a cargo de un organismo público descentralizado (¿AMLITIO?); y que se considera zona de reserva minera aquella donde haya yacimientos de litio.  Todo esto suena muy bien, y en lo personal soy partidario de que el litio quede bajo el control del Estado Mexicano. Pero disculpe usted si resulto molesto, porque estas reformas a la ley minera, aunque se hayan anunciado como algo histórico para México, algo así como una nueva “expropiación petrolera”, no van a servir de nada. Actualmente hay concesiones en favor de empresas chinas, estadounidenses, inglesas, australianas, canadienses, españolas y mexicanas. Nada cambia que dichas concesiones se hayan otorgado en otra administración, estas empresas se van a amparar y van a ganar los amparos, porque la Ley Minera de López Obrador es anticonstitucional, no porque tenga yo animadversión hacia él (por supuesto que no la tengo ni la he tenido), sino porque conozco el esquema legal en mi carácter de estudioso del Derecho Constitucional. Si López Obrador quiere asegurar el litio de manera efectiva, necesita una reforma constitucional, punto. Como sucedió con la Ley Eléctrica, los seguidores del presidente creen de buena fe (es la cuarta o quinta vez que digo esto de la “buena fe”, disculpe usted) que ya con la ley del litio (Ley Minera) se acabó el problema. El litio ni se expropió ni se nacionalizó, ni quedó protegido, y si alguien lo cree es únicamente porque el presidente así lo dijo (Princeps dixit!). La Ley Minera del presidente y nada es casi lo mismo. Le anticipo lo que ocurrirá en los siguientes meses: la Ley Minera del presidente será combatida en tribunales, los jueces de distrito comenzarán a otorgar amparos a estas empresas, probablemente la oposición ejerza una acción de inconstitucionalidad; de ser así, llegará a la Corte y pasará exactamente lo mismo que con la reforma eléctrica: siete ministros la considerarán anticonstitucional y solo cuatro no, de manera que no se logrará la declaración de inconstitucionalidad, lo cual no significará que el gobierno mexicano no vaya estar destinado a perder (bola cantada) juicios en tribunales mexicanos y extranjeros, con las millonarias indemnizaciones que ello implicará; el presidente quizá promueva una reforma constitucional para de verdad proteger al litio, pero ésta no pasará en el Congreso. O sea, ese film de drama nacional llamado Litiomex o Amlitio ya lo vimos, exactamente igual, cuadro por cuadro, en la película de la trunca reforma eléctrica de Bartlett. Yo sé que muchos seguidores del presidente se enojan conmigo cuando explico las cosas. Lo único que pretendo es desglosar la verdad. La verdad nunca es mía, por eso es más factible entenderla y desmenuzarla, porque cuando la verdad es de “uno”, ya no es posible ni siquiera el diálogo. Y para terminar, Mario Delgado anda proponiendo retomar la denuncia que presentó AMLO en 2014 contra Peña y secuaces. Pero está proponiendo que sea a través de una consulta, para ver también si el pueblo quiere que los diputados que hace unos días rechazaron y dieron palo a la reforma eléctrica del presidente, sean acusados de traición a la patria. Por su parte, el priísto-morenista Ignacio Mier sugirió “fusilar” a los “traidores”, porque eso es lo que le pasa a los “traidores”: se les pone en el paredón para que el pueblo los fusile. Si bien aclaró que hablaba metafóricamente, quien debería dar el primer paso para subirse al paredón y ser fusilado es él, pues como diputado priísta aprobó el FOBAPROA en 1998 (sí, el robo más grande y vil que ha sufrido México en su historia fue apoyado y avalado por Mier); sí, el estridente Mier da consejos que si se aplicaran a su persona sería el primero en morir fusilado. Y para seguir con esta orgía de ejecuciones –que de tan grotesca parece guerra de pastelazos de una mala película mexicana–, la diputada petista Margarita García exigió “crucificar” a los legisladores del bloque opositor por haber votado en contra de la reforma de López Obrador.  ¿Se acuerda usted de La carabina de Ambrosio? Había un sketch en que un abuelito, protagonizado por Alejandro Suárez, si mal no recuerdo, entraba en cólera y se ponía a dar de bastonazos a un niño, protagonizado por Chabelo. El abuelito vuelto loco golpeaba a diestra y siniestra, pero no atinaba ningún golpe a Chabelo, y cada vez que lanzaba el bastonazo casi caía, pero el mismo Chabelo lo ayudaba a recuperar el equilibrio. En eso se está convirtiendo la estridencia de morena y sus rocambolescas propuestas de dar muerte a los traidores, ya sea exhibiéndolos y juzgándolos mediante consulta (Mario Delgado), fusilándolos (Mier), o bien crucificándolos (Margarita García). Y en la medida que son más chirriantes y estridentes las invectivas, más ridículo es el espectáculo. Con todo respeto, aunque esto pueda sonar como música para los oídos de los seguidores del presidente, va a acabar pasando lo mismo que con la consulta para enjuiciar a los ex-presidentes: nada. Como diría Shakespeare, “too much ado about nothing”." ["post_title"]=> string(88) "La verdad sobre el Litio, la reforma eléctrica que no pasó, y la traición a la patria" ["post_excerpt"]=> string(198) "El debate ha sido intenso estos días. 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Esta publicación internacional es una más que señala que en la vida política, económica y social predomina la discordia. Lo cierto es que hoy, la polarización y el populismo han cooptado la posibilidad de una discusión productiva que abone a la prosperidad y el futuro de México. La actividad política en los últimos tres años ha estado caracterizada por la falta de consensos y acuerdos entre los diversos sectores económicos y sociales que integran al país, lo que está saliendo muy caro en términos de bienestar para la población.  En la administración actual, se ha deteriorado sustancialmente la calidad de vida de la mayoría de la población. México se ubica cada vez más abajo en el ranking del Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (elaborado por la ONU), como lo refleja el que, en América Latina, el potencial de bienestar del país, medido por este índice, esté por detrás de economías como Cuba, y Trinidad y Tobago, además de Chile, Argentina y Uruguay1. La falta de seguridad se ha vuelto un tema de sobreviviencia en el país. En el Índice Global de Criminalidad, México ocupa el 4to lugar, entre 193 países evaluados. En cuanto a corrupción, el país ocupa el decil más bajo de la tabla en el Índice de Transparencia Internacional, con el lugar 124 de entre 180 países.   En términos de crecimiento económico, el FMI en su reciente reunión con el Banco Mundial, nos ubicó en el lugar 162 de 192 países, por los precarios resultados alcanzados en el último trienio. Desde 2020, México dejó de aparecer dentro del índice de los 25 países más atractivos para la inversión a nivel internacional, según la consultora Kearney2, debido a la incertidumbre por el cambio de marcos regulatorios en diversos sectores productivos. El Instituto de Finanzas Internacionales de Alemania acaba de declarar que cuatro economías emergentes han entrado ya a una etapa de estanflación, y México destaca entre ellas.3 Y sin la posibilidad de un diálogo constructivo entre los agentes económicos, políticos y sociales, las perspectivas del país son poco prometedoras.  ¿Qué se  debe hacer para conseguir un México robusto y renovado? Desde la perspectiva de la oposición, habría que empezar por desestigmatizar a quienes pueden incidir de manera directa y positiva en el desarrollo del país, como las cámaras y gremios empresariales, financieros, intelectuales y académicos, organizaciones no gubernamentales, y partidos políticos.  Y esos agentes deben considerar que la consecución de sus intereses de grupo, deben estar alineados a los intereses de la sociedad civil. Una sociedad civil que se organiza y exige, y está harta de ser moneda de cambio de los grupos de poder. La única manera de sacar al país adelante, es por la vía del consenso, donde se sustituya la confrontación, con el convencimiento. Por lo menos, debe evitarse caer en la retórica del gobierno, y empezar a manejar la agenda y la conversación pública, a favor de una narrativa constructiva y propositiva para el país. En vísperas de las elecciones para gobernadores en ciertos estados del país en junio, y hacia el inicio de las campañas para el 2024, resulta imprescindible buscar un clima de cohesión y recomposición del tejido social. La oposición en general, debiera dejar de ser caja de resonancia del encono y del discurso del odio, dirigidos desde Palacio Nacional, para encontrar en la unidad la manera de contrarrestar los ataques y la violencia que parten del gobierno y Morena. ¿A dónde debe llevarse el consenso en la oposición? Debe partirse de la definición del modelo de desarrollo que, con base en el aprendizaje de los errores del pasado, y la experiencia presente, puedan llevar al país a alcanzar los niveles de bienestar social a favor de los grupos más vulnerables, con los que siempre se ha estado en deuda. El nuevo orden internacional que se está conformando a raíz de los recientes eventos mundiales, cuestiona los mecanismos clásicos del liberalismo, donde el motor económico descansa en la producción y cadenas de suministro globales, eficiencia en la administración de inventarios y manufactura de bajo costo, y reducción del aparato gubernamental, entre otros.  Están construyéndose iniciativas que buscan reformar las sociedades capitalistas, y que buscan que los sistemas económicos y financieros tengan responsabilidad social, y que rindan cuentas por los efectos que producen, en la población y el planeta. Que tengan un papel central en la resolución de los retos sociales y ambientales que enfrenta la comunidad global, como la pobreza, seguridad alimentaria, desigualdad y cambio climático. Se habla de la “inversión de impacto” en proyectos que produzcan un beneficio para accionistas y la comunidad que se impacta (shareholders/stakeholders). Un ejemplo representativo es el del primer ministro japonés, Fumio Kishida, que ha puesto en marcha su modelo de “Nuevo Capitalismo”, enfocado en la “coprosperidad del capital y el trabajo, creando un círculo virtuoso de crecimiento y distribución”. Si bien como toda nueva inicitativa tendrá mucho que probar, es claro que pone de manifiesto la necesidad de la renovación del sistema capitalista, en un país que ha sido uno de sus grandes beneficiarios. En ese sentido en México debiera replantearse, para empezar, un modelo de capitalismo que sea incluyente y social, que favorezca la competencia equitativa y garantice la participación privada en la economía. Donde el gobierno actúe con una clara definición de lo que son realmente las funciones del Estado, como son ser garante del orden constitucional, la legalidad, y  la seguridad en el país. Que el gasto público en lugar de ser el motor inflacionario del consumo, se concentre en educación, investigación y ciencia; en desarrollo rural y urbano; servicios de salud eficientes y apoyos a la población vulnerable; cambio climático, y energías limpias y renovables.  En México hay grandes problemas, sin grandes respuestas. La oposición debe abrirse a la posibilidad del diálogo y la negociación entre los distintos participantes y agentes de cambio, que son las condiciones necesarias para la gobernabilidad en una democracia, y empezar a definir estrategias, planes y programas que conformen una propuesta viable como opción real a la visión errática de país de la administración actual.  Parafraseando al IPEA, no es con más violencia como se van a contrarrestar las calumnias, las amenazas y la difamación con las que el gobierno pretende incendiar al país, para tapar sus fracasos y culpar a la oposición. La unidad, la propuesta y la reconciliación es el mejor escudo, y debiera ser la única alternativa a la retórica polarizante y populista que predomina hoy en el país. 1 http://data.un.org/DocumentData.aspx?id=423 2 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-Brasil-Indonesia-e-India-se-encuentran-en-estanflacion-IIF-20220424-0078.html 3 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-Brasil-Indonesia-e-India-se-encuentran-en-estanflacion-IIF-20220424-0078.html" ["post_title"]=> string(90) "Populismo, polarización y destrucción de valor. ¿México irreconciliable? ¿Qué sigue?" ["post_excerpt"]=> string(216) "“México está inmerso en narrativas peligrosas que pueden conducirnos hacia escenarios indeseables, o no llevarnos a ningún lado y cancelar el progreso del país” (Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora)." 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En un mitin, López Obrador anunció que había presentado una denuncia contra el presidente Peña Nieto por “traición a la patria”. Según López Obrador, tenía pruebas contundentes que demostraban que la reforma eléctrica de Peña Nieto se había pactado en Washington y en Londres, que era en perjuicio de México y que, por tanto, se había hecho con “traición a la patria”, además de que los legisladores se habían dejado sobornar para que dicha reforma pasara. Anunció en ese momento que cuando llegara al poder revertiría la reforma energética de Peña Nieto. El tiempo pasó, López Obrador llegó al poder y, en efecto, puso manos a la obra para desmantelar la reforma eléctrica de Peña Nieto. No acabo de entender por qué no lo hizo al principio del sexenio, cuando tenía muchos más legisladores que los que ahora tiene y cuando su poder parecía incontestable. Se esperó hasta la segunda mitad del sexenio, con un Morena y aliados debilitados en las elecciones federales de 2021 (aunque desde aquel lado ellos insisten en que son más fuertes que nunca, que es un momento histórico, y todas esas cosas). Y entonces sucedió lo que parecía “bola cantada”, para hablar en términos del béisbol: el desmantelamiento de la reforma eléctrica de Peña Nieto no fue posible. Lo primero que intentó López Obrador, para evitar el arduo mecanismo de reforma constitucional, fue modificar la Ley de la Industria Eléctrica. Para ello le bastaba la mayoría absoluta que tiene en el Congreso federal. El problema fue que al entrar en vigor se registró una lluvia de amparos y los legisladores de oposición interpusieron una acción de inconstitucionalidad. Hace unos días, la Corte resolvió el asunto y no se alcanzó la mayoría de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad, lo que el presidente anunció ante sus simpatizantes como un gran triunfo y un día histórico.  En ese momento yo escribí que una cosa es que la Corte declare la inconstitucionalidad de una ley, o otra distinta es que la falta de esta  declaración implique que la ley sea constitucional. Parece que así lo entendieron los seguidores del presidente (el presidente no lo entendió así, porque él es hábil y es muy difícil tomarle el pelo). Siete ministros encontraron que la Ley Eléctrica (técnicamente modificaciones propuestas por el presidente a la Ley de la Industria Eléctrica) era inconstitucional… y lo es. Tan es así que el gobierno no podrá cancelar contratos otorgados a particulares así nada más; y si los cancela, incurrirá en responsabilidad y perderá litigios no sólo en México, sino ante cualquier tribunal internacional, lo cual significará millonarias indemnizaciones que usted y yo pagaremos. El presidente lo sabe perfectamente. Aunque López Obrador anunció el fallo de la Corte como un triunfo histórico y los seguidores, de buena fe lo creyeron y lo creen, la verdad inobjetable es que era necesaria la reforma constitucional. Por eso el presidente envió su propuesta y la Cámara de Diputados la votó el Domingo de Resurrección. Es una retahíla muy socorrida aquella según la cual la oposición está muerta e inoperante, moralmente derrotada, y que no sirve para nada, pero desde esa muerte, inutilidad, derrota moral e inoperación, la oposición rechazó la reforma eléctrica constitucional del presidente y el proyecto fue desechado en la Cámara de Diputados. El sueño de desmantelar la reforma eléctrica de Peña Nieto quedó hecho pedazos y pareció de algún modo que la oposición “resucitó” el Domingo de Resurrección. El presidente, previendo que su proyecto no pasaría, había preparado un movimiento: nacionalizar el litio. Y así lo hizo ver a sus seguidores ese mismo Domingo de Resurrección al decir que, pasara lo que pasara, estaban blindados contra la traición. El discurso de la traición a la patria despegó a alturas que no se habían visto quizá desde el siglo XIX. Pero las cosas son como son, y no se pueden esconder. Una cosa es la reforma eléctrica con el fortalecimiento de la CFE, cuestión que no sucederá, al menos en este sexenio; y otra distinta es el asunto del litio. Insisto siempre en que el presidente López Obrador es muy hábil, lo cual me vale el insulto de las personas que no lo quieren, pero es la verdad. López Obrador mezcló los asuntos eléctrico y del litio y manejó el discurso de manera que sus seguidores pensaran que con la “nacionalización” del litio iba a quedar subsanado el rechazo de su reforma eléctrica en el Congreso. Los simpatizantes del presidente lo creen de buena fe, y si uno intenta desglosar las cosas y explicarlas, recibe de parte de ellos interminables insultos y hasta la ya manida –y en esa medida cada vez menos efectiva– acusación de “traidor de la patria”. Vaya, confieso que al principio daba miedo y preocupación que el presidente y sus simpatizantes llamaran “traidores” a los diputados que desecharon la reforma eléctrica constitucional, pero conforme pase el tiempo y se abuse de tal señalamiento, lo de la “traición a la patria” comenzará a dar risa. Volviendo al punto: la propuesta de “nacionalizar” el litio no tiene nada que ver ni subsana de modo alguno el rechazo, por parte de la oposición, de la reforma eléctrica constitucional propuesta y promovida por el presidente. Son dos asuntos diversos, y aunque los seguidores del presidente crean de buena fe lo que éste les dice, la nacionalización del litio no hará posible la reforma eléctrica que con tanto ahínco busca el presidente. En los siguientes meses se repetirá la historia: el presidente ya logró que su propuesta de reforma a la Ley Minera (nacionalización del litio) fuera aprobada por el Congreso. ¿Qué dicen estas nuevas disposiciones? Que el litio es de utilidad pública; que no habrá concesiones, contratos, licencias, permisos ni autorizaciones a particulares en esta materia; que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedará a cargo de un organismo público descentralizado (¿AMLITIO?); y que se considera zona de reserva minera aquella donde haya yacimientos de litio.  Todo esto suena muy bien, y en lo personal soy partidario de que el litio quede bajo el control del Estado Mexicano. Pero disculpe usted si resulto molesto, porque estas reformas a la ley minera, aunque se hayan anunciado como algo histórico para México, algo así como una nueva “expropiación petrolera”, no van a servir de nada. Actualmente hay concesiones en favor de empresas chinas, estadounidenses, inglesas, australianas, canadienses, españolas y mexicanas. Nada cambia que dichas concesiones se hayan otorgado en otra administración, estas empresas se van a amparar y van a ganar los amparos, porque la Ley Minera de López Obrador es anticonstitucional, no porque tenga yo animadversión hacia él (por supuesto que no la tengo ni la he tenido), sino porque conozco el esquema legal en mi carácter de estudioso del Derecho Constitucional. Si López Obrador quiere asegurar el litio de manera efectiva, necesita una reforma constitucional, punto. Como sucedió con la Ley Eléctrica, los seguidores del presidente creen de buena fe (es la cuarta o quinta vez que digo esto de la “buena fe”, disculpe usted) que ya con la ley del litio (Ley Minera) se acabó el problema. El litio ni se expropió ni se nacionalizó, ni quedó protegido, y si alguien lo cree es únicamente porque el presidente así lo dijo (Princeps dixit!). La Ley Minera del presidente y nada es casi lo mismo. Le anticipo lo que ocurrirá en los siguientes meses: la Ley Minera del presidente será combatida en tribunales, los jueces de distrito comenzarán a otorgar amparos a estas empresas, probablemente la oposición ejerza una acción de inconstitucionalidad; de ser así, llegará a la Corte y pasará exactamente lo mismo que con la reforma eléctrica: siete ministros la considerarán anticonstitucional y solo cuatro no, de manera que no se logrará la declaración de inconstitucionalidad, lo cual no significará que el gobierno mexicano no vaya estar destinado a perder (bola cantada) juicios en tribunales mexicanos y extranjeros, con las millonarias indemnizaciones que ello implicará; el presidente quizá promueva una reforma constitucional para de verdad proteger al litio, pero ésta no pasará en el Congreso. O sea, ese film de drama nacional llamado Litiomex o Amlitio ya lo vimos, exactamente igual, cuadro por cuadro, en la película de la trunca reforma eléctrica de Bartlett. Yo sé que muchos seguidores del presidente se enojan conmigo cuando explico las cosas. Lo único que pretendo es desglosar la verdad. La verdad nunca es mía, por eso es más factible entenderla y desmenuzarla, porque cuando la verdad es de “uno”, ya no es posible ni siquiera el diálogo. Y para terminar, Mario Delgado anda proponiendo retomar la denuncia que presentó AMLO en 2014 contra Peña y secuaces. Pero está proponiendo que sea a través de una consulta, para ver también si el pueblo quiere que los diputados que hace unos días rechazaron y dieron palo a la reforma eléctrica del presidente, sean acusados de traición a la patria. Por su parte, el priísto-morenista Ignacio Mier sugirió “fusilar” a los “traidores”, porque eso es lo que le pasa a los “traidores”: se les pone en el paredón para que el pueblo los fusile. Si bien aclaró que hablaba metafóricamente, quien debería dar el primer paso para subirse al paredón y ser fusilado es él, pues como diputado priísta aprobó el FOBAPROA en 1998 (sí, el robo más grande y vil que ha sufrido México en su historia fue apoyado y avalado por Mier); sí, el estridente Mier da consejos que si se aplicaran a su persona sería el primero en morir fusilado. Y para seguir con esta orgía de ejecuciones –que de tan grotesca parece guerra de pastelazos de una mala película mexicana–, la diputada petista Margarita García exigió “crucificar” a los legisladores del bloque opositor por haber votado en contra de la reforma de López Obrador.  ¿Se acuerda usted de La carabina de Ambrosio? Había un sketch en que un abuelito, protagonizado por Alejandro Suárez, si mal no recuerdo, entraba en cólera y se ponía a dar de bastonazos a un niño, protagonizado por Chabelo. El abuelito vuelto loco golpeaba a diestra y siniestra, pero no atinaba ningún golpe a Chabelo, y cada vez que lanzaba el bastonazo casi caía, pero el mismo Chabelo lo ayudaba a recuperar el equilibrio. En eso se está convirtiendo la estridencia de morena y sus rocambolescas propuestas de dar muerte a los traidores, ya sea exhibiéndolos y juzgándolos mediante consulta (Mario Delgado), fusilándolos (Mier), o bien crucificándolos (Margarita García). Y en la medida que son más chirriantes y estridentes las invectivas, más ridículo es el espectáculo. Con todo respeto, aunque esto pueda sonar como música para los oídos de los seguidores del presidente, va a acabar pasando lo mismo que con la consulta para enjuiciar a los ex-presidentes: nada. Como diría Shakespeare, “too much ado about nothing”." ["post_title"]=> string(88) "La verdad sobre el Litio, la reforma eléctrica que no pasó, y la traición a la patria" ["post_excerpt"]=> string(198) "El debate ha sido intenso estos días. 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