La noche del pasado 15 de diciembre, el periodista Ciro Gómez Leyva sufrió un atentado. Dos sicarios dispararon contra su camioneta blindada mientras regresaba a su casa después de haber conducido su noticiero nocturno. El condenable intento de asesinato del reconocido comunicador se da en un ambiente de violencia que afecta a amplias zonas del territorio nacional y que representa un desafío al Estado mexicano incapaz históricamente de proteger la difícil e importante labor periodística.
El atentado representa un ataque contra una figura mediática que es reconocida por su oposición al presente régimen, por lo que es muy preocupante. El gobierno debería garantizar la seguridad de cada periodista, comunicador, influencer y YouTuber que ejerce su derecho a la libertad de expresión, independientemente de la calidad y el rigor de su periodismo.
El secretario de seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, respondió vía Twitter a Gómez Leyva, minutos después del publicado el mensaje, que se investigaba el atentado y que serían atrapados los sicarios. En conferencia de prensa a la mañana siguiente, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que se investigaría a fondo el intento de asesinato, que se respetaba la libertad de expresión y reconoció la gravedad del suceso.
Durante su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el atentado. Manifestó su solidaridad con el comunicador, pero a su más fiel estilo, poco empático. El mandatario hizo innecesarios señalamientos en torno a comunicadores enfrentados a muerte con el régimen. Señaló que la fiscalía capitalina a cargo de Ernestina Godoy será la encargada de las investigaciones y descartarán todas las líneas de investigación posibles.
Hasta el momento salvo especulaciones y deslindes de personajes no se ha señalado a nadie como autor del atentado. El mismo comunicador decidió no culpar a nadie, confiará en las investigaciones que se realizan desde las instituciones de justicia. En lo que existe coincidencia en los ministerios públicos y las primeras investigaciones es que, en efecto, los sicarios con una moto persiguieron al periodista para asesinarlo, mientras otro vehículo impidió su avance en una acción coordinada. Se explicó que la empresa Imagen televisión otorgó a Ciro Gómez Leyva la camioneta blindada para su seguridad debido a lo complicado de su labor informativa. Al final fue gracias al vehículo reforzado que pudo salvar la vida.
Juzgar el profesionalismo y la calidad de los contenidos periodísticos es labor de los ciudadanos que con su madurez personal, seleccionan a qué tipo de comunicadores siguen y cuáles no. Un error que comete el presidente AMLO es pretender desde la tribuna más poderosa del país, descalificar las críticas, ataques y señalamientos realizados por todo el amplio espectro de la prensa opositora.
Es cierto que a diferencia de otros sexenios en el presente gobierno no existen presiones a los medios de comunicación para censurar sus contenidos o la coacción para la salida del aire de periodistas incómodos. El señalamiento y las críticas contra los comunicadores opositores (no pocos con pasado corrupto), los muchos desencuentros con la prensa internacional y sobre todo el muy poco tacto político en cuanto al periodismo regional, incomoda la labor periodística que es más vulnerable en los estados del país.
No se había cumplido ni una hora de que el propio comunicador había notificado a través de mensajes de Twitter de su atentado, cuando la politiquería barata y sin escrúpulos ya había hecho de las suyas, al culpar sin pruebas del ataque al presidente AMLO. No pocos simpatizantes del régimen se lamentaron de que los sicarios no hubieran tenido éxito, desnudando la bajeza en que puede caer el debate político, sobre un tema que afecta a todos por igual, la impunidad ante la violencia generalizada.
Desafortunadamente México es el país más peligroso para el ejercicio periodístico desde hace más de una década. No es posible concebir que los periodistas de medios locales hasta nacionales padezcan las agresiones y letalidad propias de países en guerra. Esto debido al profundo abandono del poder judicial que no garantiza la justicia para comunicadores, o simples ciudadanos que padecen la violencia impune en casi el 99% de los casos. El deterioro del estado de derecho y el poder corruptor de la delincuencia organizada es evidente en casos de asesinatos de periodistas y comunicadores digitales que están indefensos ante los revanchismos de los poderes fácticos, económicos y políticos.
Si bien es cierto que desde las mañaneras de palacio nacional no se abona en favor de la tolerancia y se respeta al periodismo opositor, el fenómeno de la comunicación política y sus intereses económicos no son un tema que debiera limitar el debate nacional. Esto debido a que las empresas de medios informativos tienen intereses particulares que se han visto afectados con la llegada del presente régimen, con quien no comparten visión económica, pero que no justifica, el ataque verbal que se realiza desde las conferencias.
Corresponderá a la fiscalía de la Ciudad de México realizar una investigación impoluta que esclarezca el intento de homicidio contra el periodista, ya que permitir que las especulaciones sobre un autoatentado o la falacia de un fallido crimen de Estado, rompería con la inaplazable certeza jurídica necesaria en casos emblemáticos que atentan contra los valores de nuestra incipiente democracia.
Garantizar la seguridad de los comunicadores, sin importar sus agendas políticas, por muy identificadas y militantes que sean, es la tarea de todo sistema democrático que se precie de serlo. Es indefendible cualquier ataque a los posicionamientos diferentes por más excesos y falacias que se viertan en la prensa escrita o desde los medios electrónicos y digitales.
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