El pasado 28 de agosto el Tribunal electoral ratificó la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados, desechando las impugnaciones presentadas por la oposición. Con el respaldo de anteriores procesos electorales que definen la repartición de puestos plurinominales, las peticiones de torcer la ley de los representantes del PRIAN se vieron frenadas, así como el intento de obtener de forma ilegítima la representación legislativa que la ciudadanía no les otorgó en la pasada elección.
Las presiones contra los magistrados del TEPJF fueron enormes, incluidas hasta las del propio poder judicial encabezado por la ministra Norma Piña, que en un acto cuasi golpista, dio entrada a un recurso impulsado por el PAN para tratar de contaminar el dictamen del tribunal electoral que sería votado y ratificaba la asignación de plurinominales. Por increíble que pareciera, fue el propio ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, quien detuvo la auténtica bomba política que hubiera representado el pronunciarse en el tema de la sobrerrepresentación, invadiendo atribuciones del máximo tribunal electoral.
El ministro Carranca en el pragmatismo de evitar una mayor polarización se pronunció por analizar el espinoso tema de forma cuidadosa, aseguró que cualquier posicionamiento no sería retroactivo, es decir no se aplicaría al actual proceso electoral. Pero sobre todo, aseveró que pronunciarse en este momento sería más perjudicial que beneficioso. La jugada politiquera de la presidenta de la corte, Norma Piña, es una chicana más en su breve estancia al frente del poder judicial, pues como se recordará en la pasada reunión clandestina con el ahora líder vitalicio del PRI, Alejandro Moreno, ya se exhibía su parcialidad y complicidades con la oposición.
El PRIAN ha apostado al descarrilamiento de un proceso que debería ser natural, al no haber obtenido los votos suficientes que les permitiera ser al menos un dique de contención como el que fueron en el sexenio de AMLO. La oposición, las élites económicas, un grupo de jueces en paro y hasta los gobiernos de EEUU y Canadá se han manifestado en contra del proyecto de ley de la reforma judicial.
Este proceso político que ya provocó la pausa diplomática con EEUU después de los pronunciamientos en contra de la reforma judicial por parte de los embajadores de los países socios del T-MEC, es el escenario perfecto para que el saliente presidente AMLO se envuelva en la bandera de la soberanía nacional e hiciera que el embajador Ken Salazar suavizara su tono de posible destrucción de la democracia mexicana, al de la verdadera preocupación por los intereses económicos norteamericanos.
La relación bilateral históricamente desigual, con una costumbre de sumisión ante el imperio norteamericano por parte de los gobiernos neoliberales, enfrenta sus momentos más ríspidos. El presidente AMLO que logró imponer una relación más digna y pragmática con su principal socio comercial, además de haber logrado capotear el impredecible mandato de Donald Trump en la casa Blanca, hace trabajar horas extras a la diplomacia para restaurar la compleja relación de cara a la elección presidencial norteamericana, donde México será el blanco favorito de ataques para demócratas y republicanos.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum secundó la posición del presidente AMLO, en una lógica de pretender detener los tradicionales posicionamientos intervencionistas de EEUU, a costa de que la fluctuación del peso se depreciara. Aún es un misterio si la implementación de la reforma judicial se de en fast track, o si tendrá mayores modificaciones. Lo que sí es real, es que poco le importó a los dos senadores del PRD unirse a la bancada morenista en el senado, aun sin instalarse la siguiente legislatura.
En el fondo de la discusión está el tipo de reforma que se busca implementar, pues aunque al interior del poder judicial se reconoce la necesidad imperante de cambios, la verdad en ese sistema opaco y lleno de nepotismo, todos apuestan más al gatopardismo. Sin quitar mérito a la carrera judicial que existe en el interior de este poder, que a veces es autónomo, pero que por lo general es obediente y expedito ante el interés del poder económico y mediático.
Es deseable que esta importante e impostergable reforma tenga la mayor preparación y siga los procedimientos legislativos correctos, pero las formas miopes y golpistas de varios ministros abonan muy poco a la confianza ciudadana en su lucha. Las movilizaciones y paros del poder judicial no concitan el menor de los apoyos populares, por lo que la natural interlocución se ve cerrada con actores políticos tan desprestigiados, que terminan siendo tan destructivos para la democracia, como los males que dicen enfrentar.
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