| Profesor Acreditado Catedrático de Sociología, Universidad de Córdoba
El caso Negreira, el caso de supuesta corrupción por el cobro de favores de arbitraje en La Liga española en el que habría intervenido el Barcelona F.C., ha abierto un capítulo crucial en el ya complicado derrotero que vive el fútbol español en los últimos tiempos.
Este caso es el más actual y uno de los que más revuelo han causado, porque pone en cuestión la integridad del resultado de varias ediciones de la liga de fútbol de primera división. Aunque también siguen presentes los escándalos que relacionan al presidente de la Real Federación Española de Fútbol por el supuesto manejo de dinero federativo para fines ilícitos y señaladas comisiones.
Hechos a los que se suman acusaciones contra clubes por amaño de partidos, el fomento del juego a través de las apuestas deportivas o el oscuro mercado de fichajes en algunos de los más importantes equipos de fútbol de este país. Uno de los motivos por los que estos hechos llaman la atención de la opinión pública de una forma especial es porque muchos tenemos muy interiorizados ciertos valores positivos asociados al deporte, y nos resulta dicotómica la conexión entre corrupción y deporte.
Algo parecido a la corrupción urbanística
Las circunstancias que explican la corrupción en el fútbol son similares a las que han influido tradicionalmente en la corrupción urbanística. Durante muchos años se ha dejado en manos de constructores el desarrollo urbanístico de la ciudad, delegando en ellos sin los necesarios instrumentos de control y fiscalización decisiones delicadas de desarrollo económico.
El matiz que diferencia a constructores y federaciones deportivas es que en España éstas últimas tienen una naturaleza público-privada, pues son entidades privadas, pero tienen competencias públicas delegadas; ostentan una función delegada por Ley para organizar el deporte de competición.
Desde hace unos años las legislaciones deportivas autonómicas han incorporado normas de código de buen gobierno y transparencia en las cuentas de las federaciones deportivas, algo que no ha llegado a la Ley estatal hasta diciembre de 2022. Pero, además, las federaciones deportivas dependen de las subvenciones públicas y se financian con parte de la recaudación de las apuestas deportivas del Estado, por lo que deberían estar sometidas a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Ciertamente, cabe pensar que la autonomía que tiene la Real Federación Española de Fútbol debería estar sujeta a un mayor control público, máxime dadas las grandes cuentas económicas que maneja, más del 1% del PIB español y 137 millones de euros de gestión propia.
La corrupción en el fútbol ya se equipara a la corrupción política
La corrupción en el fútbol se ha convertido en un fenómeno tan insoportable para las aficiones como el que representa la corrupción en la política. Y lo que provoca esta situación es la deslegitimación del fútbol como institución, de la misma manera que la que produce la corrupción política sobre las instituciones públicas.
Basta comprobar que, según Transparencia Internacional, sólo 14 de las 209 federaciones nacionales de fútbol publican sus presupuestos y las retribuciones de sus cargos, mostrando una realidad normalizada en este deporte.
En 2015, esta ONG llevó a cabo una encuesta entre hinchas de fútbol de una treintena de países –más de 35.000 personas–, con el propósito de evaluar la percepción que tenían sobre la corrupción y los problemas de gobernanza en el fútbol. Pues bien, 8 de cada 10 personas encuestadas se mostraron en desacuerdo entonces con la gestión del presidente de la FIFA.
El veneno de la corrupción, según Merkel
La excanciller alemana Angela Merkel llegó a decir aquel año que “el veneno de la corrupción ha invadido la política y el deporte, que se ha contaminado. Hay que limpiar las cañerías de la FIFA. Es absurdo que las cosas sigan como están en esa organización”.
En torno al fútbol español la situación es similar. Según evaluó Transparencia Internacional en 2015, la Real Federación Española de Fútbol se situaba en el puesto 56 de 65 federaciones deportivas en transparencia, con 27 de 100 puntos.
Además, algo más de la mitad de los clubes españoles en primera y segunda división suspendieron en transparencia. Solo superaron el aprobado 17 de los 41 evaluados por esta organización.
Respuesta liviana
Estos últimos días las aficiones del Barcelona F.C. han exigido a los directivos de su club mayor transparencia y publicidad en sus cuentas. Y no es para menos, el club acumula ya un largo expediente de casos de corrupción que le abocan a afrontar su futuro con grandes incertidumbres y pocas ilusiones para sus seguidores.
Pese a todos estos hechos, la respuesta política ha sido siempre liviana y equidistante, aun siendo una realidad que exige máxima implicación de las autoridades deportivas.
La única manera de que el fútbol español no continúe deteriorando su imagen social es restablecer su integridad pública, algo que exige el máximo compromiso para luchar contra la corrupción en su seno. Y la corrupción se evita cuando existe un adecuado sistema de control y fiscalización, código de buen gobierno, recursos que garanticen el funcionamiento de éste y una voluntad política decidida.
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