La verdad histórica del emblemático caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dio un giro de 180 grados al ser vinculado a proceso el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien es acusado por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia en audiencia del pasado 24 de agosto en el reclusorio Norte de la Ciudad de México. Desde el 18 de agosto el tema de la tragedia ocurrida a los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Brugos en Tixtla (Guerrero), regreso a ser tema nacional, cuando el subsecretario Alejandro Encinas, aseguró que había elementos suficientes para asegurar que el asesinato de los estudiantes era un crimen de Estado.
Luego de que diera a conocer el informe preliminar de las investigaciones de la comisión de la verdad, se comunicó que el proceso judicial continuaría, destaca que existen hallazgos importantes que dan fe de las complicidades y omisiones que existieron en el ejército mexicano que estuvo informado de la evolución de los hechos sangrientos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, sin que hiciera nada por impedir el asesinato de los estudiantes.
Se dio la primicia de que existía un elemento castrense, cuyo nombre era Julio César López Pololtzin, quien estuvo infiltrado en la normal rural de Ayotzinapa. Dicho elemento activo del ejército mexicano fue desaparecido junto con los normalistas que fueron asesinados en diferentes grupos y lugares. Su último reporte sobre las actividades de los estudiantes se dio el 26 de septiembre de 2014 a las 10:00 horas, sus superiores y la institución militar mexicana lo abandonó y negó su existencia.
La denominada falsificación de hechos que aducía que todos los desaparecidos fueron asesinados y quemados vivos por el grupo criminal de guerreros unidos en el basurero de Cocula, fue desechada con las nuevas pesquisas. Días más tarde, Encinas aseguró que debido a la premura con que se pretendió cerrar el caso para no involucrar a autoridades estatales y federales, se omitió informar que existían estudiantes vivos días después de la emboscada.
La tragedia de Ayotzinapa es un ejemplo claro de los miles de casos de desaparición forzada que se da en contra de inocentes y miembros de grupos criminales, a los que difícilmente se les puede localizar y brindar justicia por sus muertes. Bajo el estigma de la culpabilidad anticipada, la narrativa oficial, los jueces y las autoridades condenan a las víctimas a ser estigmatizadas como delincuentes que merecían su trágico destino.
En el caso de la judicialización del caso de los normalistas, los jueces de siete estados donde se desarrollan los procesos, no tienen criterios comunes para el enmarañado caso lleno de incompetencia en sus investigaciones, corrupción, trabas burocráticas o la increíble liberación de detenidos que fueron sometidos a tortura. A pesar de la urgencia de establecer una necesaria jurisdicción única en torno al caso, la Suprema Corte de Justicia no ha atendido dicha petición de los padres de los normalistas desaparecidos.
La denominada “verdad histórica” del gobierno del expresidente Enrique Peña fue impulsada desde varios medios masivos y con comunicadores que sin escrúpulos, buscaron imponer el discurso único de una confusión entre grupos delincuenciales y la complicidad de algunas policías locales. Siempre se pretendió minimizar las protestas de los padres de los normalistas inconformes con la amañada investigación, sumado a que desde el poder político se pretendió olvidar el caso incómodo y ejemplar de la corrupción judicial y criminal en México. A pesar de existir certezas desde el grupo interdisciplinario internacional de que existía manipulación de pruebas y tortura de los inculpados por parte del prófugo exdirector de la Agencia Federal de Investigación, Tomas Zerón de Lucio, fueron desechadas en aras de manipular la investigación.
La clase política derrotada en el pasado proceso presidencial siempre ha abonado verdaderas posturas impresentables en torno al caso Ayotzinapa, destacando la del expresidente Vicente Fox que pedía “ya superar” los acontecimientos, o la del polémico publicista Carlos Alazraki quien desnudó su clasismo y racismo al “llamar comemierdas” a los padres de los normalistas y a todos los que clamaban justicia en torno al caso que derrumbó la credibilidad del régimen priísta peñista. Columnistas y comentócratas impresentables que defendieron la verdad histórica de Murillo Karam, no tienen empacho en revolcarse en el lodo del descrédito y la falacia, al continuar considerando que el nuevo informe de la comisión de la verdad, “no aporta nada nuevo”
Luego del salto al precipicio de la oposición que significó el abrazo a “Alito” Moreno contra los “ataques” desde la presidencia, indicó la inviabilidad de Va por México, asegurado su fracaso electoral al sumarse a la defensa velada del exprocurador y exgobernador de Hidalgo. Por lo pronto la radiografía demoscópica de las encuestas, demostró que en ningún escenario son competitivos contra el régimen morenista en las siguientes elecciones por realizarse.
El ansiado esclarecimiento de los hechos de la trágica noche de Ayotzinapa es un pendiente gigantesco del presidente Andrés Manuel López Obrador, los padres y la opinión pública están ávidos de conocer la verdad. Sin embargo, la judicialización del caso podría empantanarse al no poder probar los dichos de las investigaciones de los fiscales, sobre todo porque la prisión justificada contra Murillo Karam se dio gracias a que el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, se sumó a la tesis de que el exprocurador estaba al tanto de la fabricación de los hechos, a pesar no estar señalado directamente por ninguno de los muchos involucrados en las desaseadas investigaciones.
El proceso apenas empieza y los informes preliminares testados son indicios de que el esclarecimiento de la desaparición forzada de los normalistas pasará por muchas complicaciones, un ruido político enorme y un ambiente de escepticismo generalizado que siempre persigue a los casos de justicia emblemáticos en la historia del país.
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