Ayudar y recibir ayuda: directrices éticas

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31 de agosto, 2020

¿Qué tanto debemos ayudar a las demás personas? Y al revés, ¿qué tanta ayuda debemos recibir? La respuesta simple es: debemos recibir o dar ayuda solo lo necesario para salir adelante en la tarea propuesta. Así, cuando pedimos ayuda, por ejemplo, para terminar un trabajo, no se trata de que yo deje de hacerlo y la persona me supla, sino más bien de acelerar o facilitar el proceso de la tarea para poderlo concluir. No consideramos ético que la ayuda sea o se convierta en plagio, es decir dejar de ser el autor de la tarea en cuestión. 

De modo semejante cuando ayudamos a alguien para que pueda resolver un problema económico, la mejor manera de hacerlo consiste en facilitarle las condiciones para que pueda conseguir un trabajo, por ejemplo, o prestándole el internet para que busque un empleo. O ayudarlo con la impresión del currículum o incluso ayudarle económicamente para poderse transportar a las entrevistas de trabajo. Pero de nuevo, se vislumbra un límite: no vamos a la entrevista por la persona y mucho menos suplantamos su identidad “para ayudarle”.

Los ejemplos anteriores ilustran muy bien un principio ético social que se ha denominado “subsidiariedad”. Este puede definirse como la acción que debe dejarse a los individuos o a los grupos sociales para la solución de sus problemas y en donde el Estado no debe de intervenir. También el principio alude a cuando se ayuda a un grupo determinado de personas, la ayuda debe ser solo la indispensable para que puedan recuperarse por ellas mismas del mal o pérdida sufrida. Así puede decirse que Las relaciones sociales y las comunidades existen para proveer ayuda (subsidium) a los individuos en su libre y obligatoria asunción de la responsabilidad en su propia autorrealización. Esta función subsidiaria, salvo en circunstancias excepcionales, no consiste en la sustitución o suplencia de la responsabilidad individual, sino en el proveer al conjunto de condiciones necesarias para la autorrealización personal” (1).

Por supuesto, determinar en concreto qué tanto, cómo y qué debe hacerse, no se resuelve teóricamente, sino aplicando la prudencia para pensar y aplicar un juicio práctico de la razón de cómo aquí y ahora se debe actuar. Los ejemplos que se comentaron al principio ilustran bien esto: ¿debo escribirle a alguien el curricular vitae o solo ayudar a revisarlo y darle sugerencias de mejora?, ¿debo redactarle el informe al compañero de trabajo o solo completarlo? Las respuestas dependerán de las circunstancias y situación de cada persona. Sería insensato que alguien que tenga problemas de movilidad le digamos que le “eche ganas” para subir una pendiente o exigir a personas prácticamente en inanición exigirles que simplemente trabajen y tengan una mejor actitud.  

Algo semejante sucede en la educación: solo debemos orientar y dirigir el aprendizaje para que el propio estudiante aprenda por sí mismo. Si uno se queda corto o se pasa en la ayuda, se anula o empobrece el proceso enseñanza aprendizaje.  Pues bien, en términos sociales es semejante: nunca debe tratarse a las personas o ciudadanos como menores de edad, sino como ciudadanos capaces de resolver sus problemas dentro de los límites propios de sus circunstancias. El principio de subsidiariedad hace alusión a no suplir, sino ayudar; no crear dependencia con quien proporciona la ayuda, sino que éste procure los elementos para la independencia de la persona a quien brinda apoyo. 

En conclusión, la subsidiariedad consiste en permitir el desarrollo y no la dependencia de los cuerpos sociales al Estado. No se trata de absorber a las personas o grupos sociales ni volverlos dependientes, sino al contrario: volverlos independientes y críticos de sí mismos y de su entorno. En pocas palabras, tratar a las personas con su edad y condiciones apropiadas sin minimizarlos o infantilizarlos. Cuando el Estado intenta absorberlos o substituirlos, hay riesgo de totalitarismo.  

Notas:
  1. SCHICKENDANTZ, Carlos. El principio de subsidiariedad en la Iglesia: Breve historia, discusiones recientes y campos de aplicación práctica. Teol. vida [online]. 2001, vol.42, n.3 [citado  2020-08-30], pp.280-291. Disponible en: <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492001000300003&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0049-3449.  http://dx.doi.org/10.4067/S0049-34492001000300003.
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El diario de circulación nacional destacó que de acuerdo con contratos, simularon la compra de azúcar por 465 millones de pesos. Cabe recordar que este no es el único caso de Corrupción que se ha dado a conocer dentro de esta empresa creada por López en la nefasta Cuarta TRANSA-FORMACIÓN, que al igual que todo lo que han instrumentado nuevo, se ha ido al fracaso. Recordando aquello de “amor con amor se paga”, López designó como director de Segalmex a su exjefe y amigo Ignacio Ovalle, quien por aquello de que López odia a los priistas porque son corruptos, resulta que Ignacio Ovalle fue ni más ni menos que secretario particular del expresidente Luis Echeverría, y jefe de López en IMSS-COPLAMAR. Y quizás por ese agradecimiento que le tiene, además de haberlo designado en ese cargo, al salir la gran corrupción en Segalmex, que se ha comentado que es mayor a la de la Estafa Maestra de EPN, lo quita y manda como Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) seguramente para protegerlo.  Vale la pena recordar que Ignacio Ovalle fue quien el 24 de mayo de 1999 dio por terminadas las funciones de la Conasupo, creada en 1961, siendo su último Director General. Y ahora con esos fraudes ¿acabará con Segalmex, que tenía las dos últimas filiales de la extinta Conasupo, Liconsa y Diconsa, fusionadas en este nuevo organismo al que se les dio por llamar la nueva Conasupo? FRAUDE CON AZÚCAR En esta nueva parte de la Corrupción en Segalmex, resultó que le compraron azúcar a una empresa fantasma, de la cual sus “socios” son un hombre y una mujer humildes, a los que usaron para simular una venta de azúcar a Segalmex por 465 millones de pesos, y de 25 mil toneladas compradas, solamente entregaron 7800 toneladas. Esta “empresa” llamada Servicios Integrales Carregin, ya fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y lavado de dinero. Resultando que el apoderado de Carregin, también participa en dos empresas, que Casualmente recibieron más contratos en Segalmex por un monto de 53 millones de pesos en la compra de alcohol y gel antibacterial. Eduardo Alejandro Murillo Landeros, quien funge como apoderado legal de Carregin, ostenta el mismo cargo en Gainmate Comedores Industriales y Comercializadora Aservayan, que son las empresas con contratos para proveer alcohol y gel. Resultando que los “accionistas” de Carregin, Jorge Romero Valencia y Daffne Pomar Colin, resultaron personas humildes, quienes desconocen quién y cómo los hicieron parte de esa sociedad. Y sin que ello influyera, la FGR giró órdenes de aprehensión en su contra. De estas “compras” Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) realizaron una investigación. Destacan que en la denuncia de Segalmex-Diconsa contra Carregin, se señala que la supuesta compra se realizó durante la pandemia y que los pedidos fueron conocidos por Ignacio Ovalle Fernández, el destituido exdirector general de Segalmex. Estas compras a la empresa irregular, se ordenaron por parte de Manuel Lozano Jiménez, de la Dirección Comercial de Diconsa, quien ya fue denunciado penalmente. Llama la atención que, si los pedidos fueron realizados con conocimiento del hoy ex director general de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, ¿por qué él no enfrenta hasta ahora ningún proceso en su contra? La estela de corrupción de este tema surge el 23 de abril de 2020, cuando Manuel Lozano Director de Diconsa, firma un convenio con la empresa fantasma Carregin por 37 pedidos, que suman un costo de 465 millones de pesos por 25 mil toneladas de azúcar estándar a granel en distintos almacenes del país. Tres semanas después de haberse firmado el convenio, Carregin le pidió a Diconsa que cancelara 36 de los 37 pedidos, por dificultades logísticas derivadas por la contingencia sanitaria por Covid-19; quedando únicamente un pedido por 7 mil 800 toneladas, equivalentes a 145 millones de pesos, solicitado por la Unidad Operativa del Bajío. Acorde a lo asentado en la denuncia, la Unidad declara no tener la capacidad para almacenar las 7 mil toneladas, pero, tras un acuerdo entre ambas partes, Carregin resguardaría el azúcar en un domicilio ubicado en Paseo del Pedregal, en la Ciudad de México. Y sin tener físicamente el azúcar, la dependencia pagó a Carregin los 145 millones de pesos pactados. Resulta así otra anomalía, dado que los funcionarios encargados del pedido fijaron en $18.60 el precio por kilogramo de azúcar, sin haber llevado a cabo un estudio de mercado. Al descubrirse esto, la dependencia llevó a cabo la búsqueda en el reporte semanal de precios, emitido por el Comité Nacional de Desarrollo Sustentable de Caña de Azúcar, resultando que el costo durante el periodo de la compra era menor. Posteriormente, Diconsa y Carregin firmaron un convenio modificatorio y de finiquito dando por terminada la relación contractual en diciembre de 2020. Sin importarles que Diconsa ya había pagado la totalidad de las 7800 toneladas de azúcar con valor de 145 millones de pesos y solamente les habían entregado 3110 toneladas en los almacenes de la dependencia. Por esa razón, Diconsa pidió a Carregin que realizara a más tardar el 31 de diciembre de 2020 la devolución a las cuentas bancarias de la dependencia de 88 millones de pesos, equivalentes a las 4700 toneladas de azúcar que no habían entregado. Pero no lo hicieron, razón por la cual, Diconsa nuevamente requirió a Carregin la devolución el 25 de marzo y el 1 de julio de 2021, seis meses después del plazo que la dependencia había establecido inicialmente. Pero Carregin solamente devolvió 8 millones de pesos. Por ello, María Oceguera Valle, representante legal de Diconsa, presentó el 26 de agosto de 2021 una denuncia penal ante la FGR contra Carregin y contra los ex funcionarios que resulten responsables por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. De esas órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR están la de Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial y quien firmó el convenio con Carregin; René Gavira Segreste, ex director de finanzas y Carlos Dávila Amerena, ex director jurídico de Diconsa. Estimados lectores, a todas luces esta empresa fantasma cometió un fraude, empezando porque no es posible que Daffne Pomar Colín, una ama de casa sin dinero ni para pagar un adeudo de 3 mil pesos en una tienda departamental, pueda ser accionista de Servicios Integrales Carregin. Al igual que el otro accionista Jorge Saúl Romero Valencia, que vive en una modesta casa que renta en Cuatro Vientos, una colonia popular del municipio de Ixtapaluca en el Estado de México.  Simplemente los utilizaron para crear la empresa Carregin, que ya fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y lavado de dinero, por las ventas inexistentes de azúcar a Segalmex. Pero, como ya lo señalamos, a pesar de ello la FGR solicitó la aprehensión de ambos. Así la Corrupción que se vive en la CUARTA TRANSA-FORMACIÓN, esa que presume López que ya se acabó y por la que han ahorrado miles de millones de pesos. López ha cubierto con el manto de la impunidad a quienes deberían estar siendo investigados por estos fraudes en Segalmex que, se comenta, son mayores al de la Estafa Maestra con EPN, porque esto del azúcar es solamente uno de ellos. Nada se hace para aplicar la ley y que devuelvan todo lo que se han llevado.   " ["post_title"]=> string(70) "De Frente Y Claro | Corrupción en Segalmex peor que la estafa maestra" ["post_excerpt"]=> string(216) "Mientras López presume en sus spots de su cuarto informe que han ahorrado millones de pesos porque ya no hay corrupción, hay otros datos que aplastan sus mentiras, como es el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana." 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