La cuestión del sufragio público, universal y obligatorio no es algo nuevo. El primer país en incluirlo en su legislación fue Bélgica ya a finales del siglo XX. Le siguieron otros como Australia y Argentina a principios del XXI. En México ha habido voces que lo han sugerido, pero (y en eso coincido) no con algún método coercitivo, por tímido o meramente simbólico que este resulte, sino implementando alguno que estimule y dote de un entusiasmo extra al derecho de expresar la voluntad política en las urnas.
Alguien en algún panel de análisis por TV sugirió hace algunos años un tipo de sorteo, con algún número de folio de se entregue a la salida del Ciudadano al emitir su voto. Esto podría ser factible, máxime que la ley de la lotería nacional se ha modificado recientemente, en favor de su flexibilidad.
Un método que pudiera utilizarse también, sería el de emitir la autoridad electoral algún documento avalando que se ejerció dicho derecho (obligación también, en dado caso) para que este fuera requerido por autoridades de todos los órdenes de gobierno al hacer válidos las tan acostumbradas promociones (descuentos o ampliaciones de plazo, en su mayoría) para el pago de impuestos estrictamente a tiempo, o atrasados y para ponerse al corriente, como el impuesto predial, o el recibo del servicio municipal del agua, tan solo por mencionar dos simples ejemplos.
En los últimos años, la cultura política en México ha ido avanzando, mas no ha sido un camino fácil y mucho menos corto, sino uno tardado e innecesariamente sinuoso, que no ha llevado a presenciar cómo, debido a lo mismo, mafias de todo tipo pueden comprar todo tipo de cargos de elección popular, desde un comisario municipal, hasta la mismísima Presidencia de la República. Todo esto con el indispensable aliado que supone el ABSTENCIONISMO, que es hijo de la apatía y la poca cultura política que, insisto, afortunadamente en los últimos años, han venido de a poco, a menos.
Una política pública que diera cierto matiz de obligatoriedad al sufragio, tendría efectos muy deseables en la vida pública mexicana, restándole poder al abstencionismo insisto, mejor aliado de las más bajas intenciones de muchos intereses ilegítimos pero existentes en los hechos; se disminuiría el sesgo que dan la vil compra del voto o quizás hasta se anularía ya dicho incentivo perverso; se expresaría mucho más fielmente la voluntad popular (así sea anulando el voto) e incluso la tentación de algunos de atreverse a amenazar con la pérdida de algunos derechos ya adquiridos e inalienables, como los programas sociales que son ya parte del texto constitucional.
No hay que pensar que en los 27 países en total en los que se implementa algún tipo de voto obligatorio la medida es, pero ni de lejos, una panacea. Baste mencionar la cruel dictadura de Corea del Norte es uno de esos Estados, que en ese caso en particular lo utiliza como una más de sus tácticas de control absolutista de la tiranía comunista. En fin, siempre los sistemas electorales serán perfectibles, el mexicano por ejemplo, adolece de ser demasiado oneroso y ya se impulsa una importante reforma en la materia, pero que no quede duda que su enemigo principal es el ABSTENCIONISMO, y con ciertas reglas que doten de cierta conciencia del voto como no solo un derecho sino un DEBER, se pudiera combatir de forma más eficaz y dotar además de una mayor legitimidad al proceso electoral.
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