Adios Enrique, adios

El entusiasmo que hoy desbordan las huestes morenistas es comparable al de las huestes priístas del sexenio anterior. ¡El mejor candidato posible para el desarrollo...

15 de noviembre, 2018
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El entusiasmo que hoy desbordan las huestes morenistas es comparable al de las huestes priístas del sexenio anterior.

¡El mejor candidato posible para el desarrollo del país! Un joven con experiencia, con carisma, preparación, de la más añeja tradición de Atlacomulco, envuelto en pañales de los gobiernos anteriores, su actuación en el Estado de México enseña que sabe gobernar y un arrastre popular especial con el sexo femenino que garantizaba la aceptación que facilitaría su actuación.

Los defectos que ha enseñado son tan pequeños que sus cualidades los convierten en imperceptibles, ¿que es inculto? No importa, ¿de qué sirvió al país un presidente tan culto como el JOLOPO?

Sin lugar a dudas era el bueno.

El escándalo que despertó la complicada operación de la Casa Blanca y la poco satisfactoria explicación a cargo de la primera dama vinieron a minar un poco la confianza, sembrando la semilla de la sospecha de corrupción que acompañó su gobierno alimentada por la adquisición de la casa que en Malinalco hizo un probable delfín, el señor Videgaray,

Ya en el gobierno no se le veían patas para gallo, sus explicaciones acerca del plan de gobierno se notaban manejadas por alguien detrás de él y nos comimos todos el “Pacto por México” con la esperanza de un futuro mejor cimentado en las reformas que nos pondrían a la vanguardia de los países en vías de desarrollo y nos veíamos ya ingresando al primer mundo del concierto de las naciones.


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La discusión, aprobación e implementación de dichas reformas nos mantuvieron entretenidos y nos impidieron ver la corrupción desaforada que se daba en los estados priístas y que hábilmente trataban de disimular como mal nacional al tratar de involucrar al estado de Sonora sin respaldar sus acusaciones hasta la fecha de hoy.

El efecto real de las reformas fue más sicológico y emocional que real, pero sí afectó la percepción ciudadana dentro de un país que se sentía progresista y que observaba la manera en que el gobierno gastaba cada vez más y dilapidaba fortunas muchas veces bien publicitadas por un lado o bien ocultadas por el otro.

El afán de gastar lo que se va a ganar antes de tenerlo en las manos nos lleva a la tan conocida situación de inflación, devaluación, endeudamiento, insatisfacción popular y medidas de choque económico, político y social.

Las revueltas anti-reforma educativa, deformada por la corrupta interpretación que le dieron las hordas izquierdistas, de centrarse en aspectos laborales y no educativos, buscando perpetuar los malos manejos financieros concedidos por débiles gobiernos estatales que condenaban a sus educandos a permanecer como los peor preparados del país, carne de cañón para la explotación o material de exportación ante la improductividad de sus economías y la impunidad de los manejos sucios de sus líderes.

Estos son los momentos de prueba para los gobernantes, cuando tienen que mostrar para qué nacieron y se hicieron elegir, tienen que enseñar de qué están hechos y hacia dónde quieren llevar a sus gobernados.

Ahí es donde hace falta un hombre, que tenga los pantalones bien puestos y que responda no con machismo sino con inteligencia e integridad, en busca del bien común y combata la impunidad con justicia, que utilice la legítima fuerza del estado para poner a cada quien en su sitio.

Ese hombre tiene que tener la conciencia limpia, carecer de cola que le pisen para poder pisar la cola de los que la tienen corrupta, no puede temer al juicio de la historia por hacer lo que su nación requiere en momentos críticos como los que se vivieron y que dejaron sentir el vacío de poder que se captó en esos momentos.

Los bloqueos carreteros, la liberación de líderes sindicales de sobra conocidos como corruptos, la salvaje obstrucción de maestros y maestras en camino a sus evaluaciones, la desatención a los justos reclamos populares por liberar carreteras y hacer llegar alimentos y medicinas a pueblos secuestrados, la inacción contra los saqueos de comercios que dañan más la conciencia y los principios de la juventud que a las negociaciones afectadas, lo cual es decir bastante.

Hizo falta un hombre que tal vez se vio atado por sus culpas, justificándose por no querer verse como injustamente se vio a Díaz Ordaz mal juzgado por Tlatelolco, pero ¿quién puede hoy decir que no tuvo conocimiento previo de  las travesuras de sus gobernadores, de sus funcionarios, de las maniobras de Obredecht, del PRI de Chihuahua, de la estafa maestra, moches de legisladores, favores de tribunales, corrupción e impunidad de su sexenio?

Quiere ahora despedirse enarbolando la cantidad de empleos formales que registra su gobierno, empleos que no son todos de nueva creación sino formalización de puestos de economía informal con las ventajas que dio la reforma fiscal, pero que pertenecen al crecimiento natural de la economía, en la que poco o nada tuvo que ver el gobierno o sus políticas públicas.

A Enrique Peña Nieto le corresponde el dudoso honor de cerrar el ciclo priísta de nuestro país, con el intervalo de doce años de Panismo y abrir la puerta al dominio izquierdista de nombre y viejopriísta de hecho, ya que la tradicional cargada se inclinó por un señor que conociendo bien las debilidades del sistema las aprovechó en su favor para imponer un autoritarismo Echeverrista, una ignorancia Lopezportillista y aportar su dosis de Pejendejadas para continuar la tradición de la política que formó la dictadura perfecta.

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Después de ello, el proyecto de reforma se turnó a los Congresos de los Estados, emitiéndose votaciones en cada una de las legislaturas locales, para que al final la reforma constitucional quedara aprobada por la votación a favor de 26 Estados de la República.    Luego entonces, casi cien Senadores, que sumados a más de trescientos cincuenta diputados y otros cientos de legisladores estatales, aprobaron las reformas constitucionales. ¿Y así la Fiscalía General de la República pretende que se sancione penalmente a Anaya y, al parecer a otros investigados, por votar a favor de la reforma energética? Una pretensión aberrante ya que, como está plenamente documentado en el proceso legislativo, esta reforma se aprobó por el “Poder Constituyente”. La Constitución Política, siendo la Ley Suprema es incuestionable jurídicamente, esto es, que no existe ninguna autoridad, ni organismo público, ni autónomo, ni de cualquier especie, que tenga facultades para que, oficialmente, en el ejercicio de sus atribuciones y competencia, pueda tachar de incorrectas o ilegales las reformas constitucionales; es más, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación está impedida para emitir resolución alguna que determine que alguna Norma Constitucional es ilegal, incorrecta o dañina para el país, ni siquiera emitir opinión que la descalifique, ya que la principal función de la Corte es la de ser el Órgano Máximo de Control Constitucional, que le obliga a defender nuestra Carta Magna en su integridad y sin calificarla de buena o mala. Por ello es absurda la pretensión de la Fiscalía General de la República, al sostener su acusación en que la emisión del voto de Ricardo Anaya constituye una causa criminal, ya que tal hecho equivale a prejuzgar oficialmente la reforma Constitucional como generadora de un daño social y económico a México. Y más absurdo es que ante tal imputación el Juez de Control, Gustavo Aquiles Villaseñor, haya citado a Anaya a declarar, pues es como tener por cierto, indudable e incuestionable, tanto para el Fiscal como para el mencionado Juez, que la Constitución actual, en la parte de su regulación energética, ha afectado y afecta al país. Simplemente, no se puede acusar a nadie por reformar la Constitución. Que no haya confusión. No defiendo ni a Anaya Cortés ni a nadie que se esté investigando por haber votado favorablemente las reformas constitucionales, sino al Estado de Derecho, pues, en el caso, no solo se está imputando que hubo una colusión delictiva para aprobar las reformas constitucionales en materia de energía, sino también se está acusando, denostando y contraviniendo a la propia Constitución vigente, lo que se ha hecho en actuaciones oficiales, tanto por la Fiscalía General de la República, como por el Juez de Control, resultando en una verdadera aberración jurídica, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no puede ser motivo de descalificación oficial para sostener tal acusación. Esto ya es, repito, ¡ABERRANTE y de MIEDO!" 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Este proceso se inició por la denuncia del corrupto exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. El fin de semana pasado el excandidato panista había alertado de una acción penal en su contra y acusó al presidente de intentar encarcelarlo para descarrilar su aspiración presidencial, por lo que anunció su exilio voluntario. La FGR citó a comparecer a Anaya ante un juez para que aclare los presuntos sobornos en efectivo realizados por el exsenador Jorge Luis Lavalle, quien a través de Rafael Caraveo (increíblemente exonerado) entregó 80 millones de pesos a los legisladores blanquiazules para votar a favor de la reforma energética, según consta en un video entregado por Lozoya. El único personaje que está preso por esta denuncia es el exsenador Lavalle. La FGR a cargo de Alejandro Gertz Manero brilla por su tortuguismo y por su ausencia en los medios en este caso que debería ser emblemático. En otros momentos el nombre de Anaya ha estado ligado a los “moches” en la asignación de recursos desde el congreso de la unión cuando fue legislador. Ante el citatorio girado por la FGR el auto victimizado suspirante presidencial huyó del país alegando que sus derechos políticos serían vulnerados; mañosamente omitió explicar que solamente en caso de ser juzgado y sentenciado como culpable, es cuando dichos derechos serían revocados. Los procesos penales en contra de Ricardo Anaya no son nuevos, con razón jurídica o por simple golpismo político, el excandidato padeció de señalamientos durante la campaña presidencial de acciones ilegales en la compraventa de una nave industrial en su natal Querétaro. Como bien lo señaló AMLO, muchas de las demandas penales fueron realizadas por excompañeros de partido y por los nuevos aliados del frente opositor que antes atacó al panista, y ahora en el pragmatismo político más rancio, salen masivamente en su defensa. El exsecretario y exsenador por el PAN, Javier Lozano, en la pasada campaña de 2018 apoyó la denuncia que se presentó contra Anaya por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Este personaje oscuro quien mantiene el estilo porril de realizar política, estuvo identificado con el grupo calderonista que buscó regresar al poder mediante la fallida candidatura independiente de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón.  Lozano, desde el travestismo político, dinamitó la candidatura de Anaya al que atacó inmisericordemente. Ahora ante la acción legal en contra del queretano, que el mismo exsenador promovió, salió en su defensa y lo denominó perseguido político en un acto demencial. El exsecretario de Hacienda de Calderón y exsenador, Ernesto Cordero, realizó la demanda contra Anaya por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El nefasto personaje es famoso por sus declaraciones descabelladas de que con un sueldo de 6 mil pesos mensuales es suficiente para que una familia pueda pagar un carro, inscribir a los hijos en una escuela privada y vivir cómodamente.  Si bien Cordero no se pronunció sobre el proceso judicial contra Anaya, si lo hicieron el matrimonio Zavala-Calderón en un acto esquizofrénico de apoyo a quien antes acusaron de todo. Incluso el expolicía federal Javier Herrera Valles dedicó un mensaje en contra de Calderón acusándolo de cínico por haberlo encarcelado cuatro años por denunciar los lazos con el narcotráfico de Genaro García Luna, ahora bajo proceso judicial en los Estados Unidos.  El intrascendente expresidente de lo que queda del PRI, Enrique Ochoa Reza, también acusó al excandidato panista en el nado sincronizado del otrora partidazo para detener el crecimiento en la contienda presidencial. La entonces PGR facciosa acusó a Anaya de lavado de dinero y dos días antes de la conclusión del mandato de Enrique Peña, fue exonerado al no existir suficientes elementos de prueba. El ascenso meteórico del denominado “joven maravilla” estuvo plagado de traiciones, desencuentros y divisiones al interior de su partido. El clímax del cisma panista ocurrió cuando los Zavala Calderón dejaron el partido cuando entendieron que la candidatura presidencial se quedaría en manos de Anaya, lo cual fue imposible de digerir para el resentido matrimonio que históricamente no sabe aceptar las derrotas. Anaya siempre fue buen polemista, en la campaña que llevó a la presidencia a AMLO; logró asestarles críticas mordaces a sus contradictorias posiciones; sin embargo, nunca logró hacer mella en imagen de incorruptible y luchador del pueblo del talentoso político tabasqueño. Los resultados electorales para el PAN en 2018 fueron los más adversos en su historia, producto de la desastrosa campaña de Anaya. Por lo pronto el precandidato ya puso pies en polvorosa y se autoexilió del país acusando una persecución política, que hasta el momento no se puede comprobar sin conocer las pruebas que tiene en su poder la FGR, ausente mediáticamente en este caso.  Anaya no se atreverá a pisar un juzgado sin un amparo o negociar previamente su situación legal, pues teme que la justicia selectiva del régimen morenista le pueda aplicar la prisión preventiva como la que padece la impresentable Rosario Robles, quien nunca ha querido reconocer sus desfalcos millonarios y triquiñuelas tan bien documentados en la estafa maestra.  La carta política de la victimización de Anaya no estaría completa si no sigue los consejos envenenados del presidente AMLO de enfrentar el proceso legal sin amparos y tener la foto en un juzgado que lo transformaría de un precandidato sin muchas opciones, a un presidenciable con todo que ganar y nada que perder. 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Emilio "N", en su denuncia de 2020, señaló que recibió instrucciones "superiores" para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo "N", para que votara a favor de la Reforma Energética que privatiza la producción petrolera mexicana, en favor de las empresas extranjeras como Odebrecht Brasil (…) Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo (...) en el año 2014 (…) Posteriormente (...) quedó constancia de que Ricardo "N" votó a favor de la misma.  “La secuencia de todas las diligencias señaladas (...) evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido...” Lo expuesto por la FGR es de lo más aberrante jurídicamente que puede darse en un Estado de Derecho, ya que en su comunicado público se advierte que se inició una investigación en contra del ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, por haber recibido dinero (es hipótesis) para votar en favor de la reforma energética constitucional, promulgada en diciembre del año 2013 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de ese mismo mes y año, sosteniéndose en la acusación que, tal acto, constituye el delito de cohecho, lo que de acreditarse sería cierto.   En efecto, el cohecho es una conducta delictiva que se traduce en la recepción de dinero u otros bienes por parte de un servidor público, por hacer o dejar de hacer sus funciones, resultando, en este caso de muy difícil comprobación, en cuanto a que habría que demostrarse que, antes de la votación a esas reformas, se le ofreció a Anaya un pago por su voto, siendo extraño que, según la propia carpeta de investigación, en la parte que se ha hecho pública, ese pago se le hizo varios meses después de que emitió su voto, a saber, el voto en diciembre de 2013 y el pago en agosto de 2014.  Además de tal hipótesis, relativa al delito de cohecho, se expuso en el comunicado de la FGR, que la reforma a la constitución, tuvo por objeto la entrega del patrimonio petrolero a los extranjeros y que tal, le ha traído consecuencias de sufrimiento social y económico a México, lo que resulta en una opinión insostenible e ilegal. Así es, la reforma a la Carta Magna en materia energética de finales de 2013, se realizó en cumplimiento al artículo 135 de la misma Constitución que determina que, para su reforma, debe aprobarse por las dos terceras partes del Congreso, es decir, de cada cámara legislativa, lo que se conoce como “mayoría calificada” y, adicionalmente, se requiere el voto de por lo menos la mitad de los congresos de las 32 entidades federativas, para que, en su conjunto, Congreso Federal y legislaturas de los Estados, formen el “Poder Constituyente”, único que puede reformar nuestro Máximo Cuerpo Legal. En el caso, se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con una votación en el Senado con 95 votos a favor y 32 en contra y, posteriormente en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma con una votación de 354 a favor y 134 en contra, y uno de esos trescientos cincuenta y cuatro votos fue el de Ricardo Anaya Cortés. Después de ello, el proyecto de reforma se turnó a los Congresos de los Estados, emitiéndose votaciones en cada una de las legislaturas locales, para que al final la reforma constitucional quedara aprobada por la votación a favor de 26 Estados de la República.    Luego entonces, casi cien Senadores, que sumados a más de trescientos cincuenta diputados y otros cientos de legisladores estatales, aprobaron las reformas constitucionales. ¿Y así la Fiscalía General de la República pretende que se sancione penalmente a Anaya y, al parecer a otros investigados, por votar a favor de la reforma energética? Una pretensión aberrante ya que, como está plenamente documentado en el proceso legislativo, esta reforma se aprobó por el “Poder Constituyente”. La Constitución Política, siendo la Ley Suprema es incuestionable jurídicamente, esto es, que no existe ninguna autoridad, ni organismo público, ni autónomo, ni de cualquier especie, que tenga facultades para que, oficialmente, en el ejercicio de sus atribuciones y competencia, pueda tachar de incorrectas o ilegales las reformas constitucionales; es más, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación está impedida para emitir resolución alguna que determine que alguna Norma Constitucional es ilegal, incorrecta o dañina para el país, ni siquiera emitir opinión que la descalifique, ya que la principal función de la Corte es la de ser el Órgano Máximo de Control Constitucional, que le obliga a defender nuestra Carta Magna en su integridad y sin calificarla de buena o mala. Por ello es absurda la pretensión de la Fiscalía General de la República, al sostener su acusación en que la emisión del voto de Ricardo Anaya constituye una causa criminal, ya que tal hecho equivale a prejuzgar oficialmente la reforma Constitucional como generadora de un daño social y económico a México. Y más absurdo es que ante tal imputación el Juez de Control, Gustavo Aquiles Villaseñor, haya citado a Anaya a declarar, pues es como tener por cierto, indudable e incuestionable, tanto para el Fiscal como para el mencionado Juez, que la Constitución actual, en la parte de su regulación energética, ha afectado y afecta al país. Simplemente, no se puede acusar a nadie por reformar la Constitución. Que no haya confusión. No defiendo ni a Anaya Cortés ni a nadie que se esté investigando por haber votado favorablemente las reformas constitucionales, sino al Estado de Derecho, pues, en el caso, no solo se está imputando que hubo una colusión delictiva para aprobar las reformas constitucionales en materia de energía, sino también se está acusando, denostando y contraviniendo a la propia Constitución vigente, lo que se ha hecho en actuaciones oficiales, tanto por la Fiscalía General de la República, como por el Juez de Control, resultando en una verdadera aberración jurídica, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no puede ser motivo de descalificación oficial para sostener tal acusación. Esto ya es, repito, ¡ABERRANTE y de MIEDO!" 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