La declaración de Ismael Zambada en Estados Unidos, en la que asegura haber sostenido sus operaciones corrompiendo a policías, militares y políticos, no es nueva, pero sí desnuda una verdad incómoda: el narcotráfico en México se ha expandido gracias a la colusión de las instituciones encargadas de combatirlo.
Sus palabras aluden a un sistema de protección que ha operado en distintos niveles y que explica por qué el Cártel de Sinaloa se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.
Cuando habla de policías, parece referirse a los cuerpos municipales y estatales de Sinaloa, Durango, Sonora, Chihuahua y Baja California, regiones clave en su dominio. Desde hace décadas existen investigaciones que documentan cómo policías municipales en ciudades como Culiacán o Mazatlán actuaban como halcones y daban cobertura directa a los traslados de droga.
A nivel estatal y federal, también hay antecedentes de mandos policiacos vinculados con los cárteles, incluso dentro de la vieja Policía Judicial Federal.
En el terreno militar, la referencia apunta tanto a guarniciones locales que permitieron operaciones en la sierra sinaloense, como a mandos de alto nivel que, por omisión o por soborno, dieron espacio al crimen. El caso más emblemático fue el del general Jesús Gutiérrez Rebollo, nombrado zar antidrogas en los noventa y encarcelado después por sus vínculos con Amado Carrillo. Pero también resuena el episodio reciente del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aunque Estados Unidos lo detuvo en 2020 acusado de proteger a un grupo criminal y posteriormente retiró los cargos por presiones diplomáticas, el señalamiento dejó la sombra de que la complicidad podía llegar a los más altos niveles castrenses.
En cuanto a los políticos, Zambada alude a un abanico que va desde alcaldes y gobernadores de los estados del noroeste, hasta funcionarios federales. Los juicios de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de Genaro García Luna en Nueva York aportaron testimonios sobre pagos millonarios a funcionarios del más alto nivel de la Secretaría de Seguridad Pública y de otras dependencias federales.
El caso de García Luna es el ejemplo más contundente de esa corrupción institucional: el hombre que debía coordinar la lucha contra el narcotráfico resultó señalado como protector de los cárteles.
Lo que Zambada describe no es un hecho aislado, sino un patrón histórico: policías municipales usados como brazos auxiliares, militares que cerraron los ojos o protegieron al crimen, y políticos que se beneficiaron de sobornos para garantizar impunidad. La suma de estas complicidades es la que permitió al Cártel de Sinaloa no sólo sobrevivir, sino expandirse.
El punto crítico es que esta red de protección no ha sido desmantelada en su raíz ni llevada a la justicia. Cada gran juicio en Estados Unidos revela los mismos hilos de corrupción en México, sin consecuencias en nuestro sistema político y de seguridad.
El mensaje que queda es demoledor: el crimen organizado no se fortalece a pesar del Estado, sino con la ayuda de algunos de sus representantes. Me parece que llegó el momento de actuar por parte del gobierno mexicano. No hacerlo puede debilitar su credibilidad y reputación.
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