Una de las críticas principales que históricamente se han hecho a un amplio sector de la izquierda mexicana (y latinoamericana en general) es su repudio a la democracia liberal, que ellos llaman “democracia burguesa”: electoral, representativa, de competencia abierta entre las diversas fuerzas políticas operantes en la pluralidad de una nación. Consecuencia de ello, ha sido su adhesión ideológica a un modelo de organización política de partido único, autoritario, cerrado y vertical, sin competencia de otras fuerzas políticas (porque para ellos son propias de sus “enemigos de clase” o contrarias a los intereses “del verdadero pueblo” que ellos dicen representar). No es casual entonces su admiración hacia figuras como Fidel Castro Ruz, Ernesto “el Ché” Guevara o Salvador Allende y el legado de la Revolución Cubana. El asunto no es meramente anecdótico o un anacronismo propio de los años de la “guerra fría”, toda vez que el Presidente López Obrador, durante su mandato, ha abundado en elogios discursivos tanto al dictador artífice del socialismo cubano como a la dictadura actual de Miguel Díaz-Canel. Tampoco se ha quedado corto en manifestar sus afectos hacia Salvador Allende o la presente dictadura venezolana fundada por Hugo Chávez y hoy operada por Nicolás Maduro. Y no han faltado voceros de Morena y el Partido del Trabajo que han expresado clara y abiertamente sus anhelos de que México transite hacia un régimen político como el que se vive en Cuba o en Venezuela (ej. la diputada morenista Dolores Padierna, el subsecretario de Educación Pública Luciano Concheiro, el director de Materiales Educativos de la misma SEP, Marx Arriaga y Rafael Barajas “El Fisgón”, quien es director del Instituto de Capacitación Política de Morena y fue propuesto como senador plurinominal por ese partido).
A este sector radical de la izquierda que hoy es dominante en el gobierno de México, no le gusta el capitalismo ni la libertad empresarial propia de una economía de mercado; no termina de aceptar el derecho de las personas a la propiedad privada; detesta a la clase media (por “aspiracionista” y burguesa); tiene tendencias fuertemente estatistas para la gestión económica y el mantenimiento del orden político y, sin duda, le estorba la democracia liberal. Por poderosas y obvias razones coyunturales, la 4T ha preferido acomodarse estratégicamente en la dinámica del T-MEC y han pactado una alianza de mutuo beneficio con el gran capital. Sin embargo, es preciso señalar que tienen como objetivo estratégico desmantelar a nuestra joven democracia, hacer añicos la división republicana de poderes y destruir el sistema de contrapesos institucionales y de rendición de cuentas que con mucho esfuerzo fuimos construyendo en los últimos 35 años. Los ataques son evidentes y frecuentes, pero aún no los han podido hacer contundentes. Para no dejar margen a dudas, Claudia Sheinbaum no deja de pedir apoyo a sus electores para tener mayoría calificada en el Congreso Federal (en las dos cámaras) y en los congresos estatales para poder hacer una nueva Constitución Política, más afín a su visión ideológica de concentración de poder en el marco de un estado autoritario, donde las antiguas garantías individuales o el más reciente principio pro-persona ya no les estorben.
Los pasos hacia la captura autoritaria del Estado se han venido dando sin pausa a lo largo del sexenio, aunque se han topado con la resistencia heroica de ocho ministros en la Suprema Corte de Justicia quienes han defendido, a capa y espada, los principios de la Constitución vigente. (Por esto Claudia quiere una nueva, que no le estorbe). Sin embargo, esa resistencia pude desaparecer a fines de este año cuando se acabe el periodo del Ministro Luis María Aguilar y, de ser Claudia electa Presidente de la República, podrá nombrar a un nuevo ministro a modo (como Lenia Batres o Yazmín Esquivel), más leal a ella que a la Constitución y entonces ya no se tendrá el quórum de ocho ministros que se exigen para declarar la inconstitucionalidad de una ley. En ese contexto, podrán hacer lo que se les pegue la gana, contra los ciudadanos y sus bienes cada vez que quieran y en favor del estado autoritario y su proyecto político-ideológico. Por lo pronto, “los levantadedos” de Morena, PVEM y PT en el Congreso ya modificaron la Ley de Amparo que afecta gravemente la capacidad de los ciudadanos de defenderse de abusos dictados desde el Poder Ejecutivo. Muy importante: Si perdemos la autonomía de la SCJ, perderemos nuestro estado de Derecho y también la funcionalidad de nuestra democracia. Y este escenario lo tenemos ya en la puerta: en noviembre próximo, si Claudia gana la elección.
Otro paso fundamental hacia la captura autoritaria del Estado se ha dado con los golpes severos que el régimen ha propinado al INE y al Tribunal Electoral. Hoy el INE está parcialmente capturado por una consejera presidente, Guadalupe Taddei, marcadamente parcial a favor de Morena que ha mermado considerablemente la capacidad operativa de esta institución esencial para garantizar la confiabilidad de los procesos electorales. Para ver detalles, sugiero el artículo de Aurora Zepeda en el número de abril de la Revista Nexos: “El INE pasa aceite” (https://www.nexos.com.mx/?p=78603). Por su parte, el Tribunal Electoral está afectado porque el Presidente mantiene bloqueado el nombramiento de dos ministros de su Sala Superior, con lo cual, el Tribunal puede quedar impedido para calificar los resultados de las elecciones de junio próximo. (Sobre la crisis del TRIFE ver, también en Nexos: “El Tribunal Electoral en la orilla”, de Saúl López Noriega, https://www.nexos.com.mx/?p=78601). Con ello, el Presidente de la República quedaría con la capacidad de secuestrar el resultado electoral y meternos en un impasse bastante grave, abriéndole la puerta para la continuidad, directa o indirecta, de su gobierno, independientemente de la voluntad de los electores expresada en las urnas.
Otro elemento, nada menor en este ataque sistemático a los principios de la democracia liberal, es el acoso cotidiano y perverso a los medios de comunicación y a la crítica que periodistas, intelectuales y académicos hacen, con toda objetividad y abundancia de datos, a este régimen crecientemente autoritario, mentiroso y destructivo. El último escándalo en este sentido es el ataque infame a María Amparo Casar, quien se ha distinguido denunciando la corrupción de este gobierno y defendiendo la relevancia de los contrapesos institucionales, pero no es el único caso. Es verdad que este gobierno atenta contra la verdad que desnuda sus mentiras y atenta contra libertades básicas, como es la libertad de expresión. El régimen amenaza y presiona a los dueños de periódicos, radiodifusoras, cadenas de televisión abierta y de empresas encuestadoras para difundir información falsa que favorece a sus intereses o bloquear información cierta que les afecta.
En verdad nuestra democracia está en riesgo grave. Frente a ello, ¿qué podemos hacer? El mejor y más poderoso antídoto contra las dictaduras o las tentaciones autoritarias del poder político yace en la sociedad civil, en la movilización ciudadana, en su activismo, en la ciudadanía que configura el núcleo duro de una democracia. Frente a las mentiras difundidas por el régimen, la respuesta está en las verdades que se difunden de boca en boca y, hoy, de whatsapp en whatsapp, de tweet en tweet y, sobre todo, en la fuerza de nuestro voto bien informado, contra el autoritarismo y por la democracia.
Esto es lo que realmente está en juego en las próximas elecciones del 2 de junio: si podemos seguir disfrutando de libertades y derechos o si retrocedemos hacia un estado autoritario y represivo, como aquél del que nos libramos hace varias décadas. Cualquier otra consideración es superficial.
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