Como si violar la constitución una vez no fuera suficiente, el día de ayer el nuevo Congreso de Baja California, integrado por una mayoría absoluta de diputados de MORENA, aprobó la realización de una consulta ciudadana sobre la ampliación de mandato de la gubernatura de Jaime Bonilla.
En dicha sesión se aprobó con los votos de los 17 diputados de Morena de un Congreso integrado por 25 diputados, la creación de una consulta ciudadana, con la intención de dotar de mayor legitimidad democrática, a la reforma constitucional aprobada por la anterior legislatura el pasado 8 de julio, sobre la reforma al artículo 8 transitorio de la constitución local aprobada el 11 septiembre de 2014, para empatar las elecciones estatales con las federales el año 2021.
Según la iniciativa presentada, la consulta tendrá el objetivo de concederle a los bajacalifornianos, acceso a opinar directamente sobre un tema tan relevante para el estado y que el resultado sea retomado como un mandato de la ciudadanía hacia la actual legislatura, por lo que, si la consulta resulta a favor, se procederá con el proceso legislativo para ampliar la gubernatura y si resulta en contra se interrumpirá dicho proceso.
Además, según la iniciativa aprobada, dicha consulta será financiada con aportaciones voluntarias de representantes populares, militantes de partidos políticos, miembros de la sociedad civil y quien quiera participar en el evento.
Lo único que se me ocurre ante lo que acabo de describir, es simplemente qué demonios está sucediendo aquí, se pretende someter a consulta ciudadana el resultado de una elección, además la constitución de Baja California en su artículo 5 indica que no podrá ser objeto de consulta ciudadana la materia electoral.
Por si el repudio casi unánime de la opinión pública nacional y la inminente revocación de la reforma, por parte de la Suprema Corte de Justicia, no fueran suficientes, el día de hoy un nuevo Congreso, aprobó otra iniciativa polémica que una vez más violenta la certidumbre de la democracia.
En defensa el líder de la fracción de MORENA en el Congreso, argumentó que la única intención de esta consulta, es la de conocer la opinión de la ciudadanía sobre lo aprobado por la anterior legislatura. Pero, ¿por qué es necesario el conocer la opinión de la ciudadanía en primer lugar?
Los ciudadanos de Baja California ya nos expresamos y lo hicimos ante las urnas el pasado 2 de junio, el realizar una consulta ciudadana sobre las elecciones no es más que una manera ruin y peligrosa de confundir a la ciudadanía, ya que le creará incertidumbre a todo el proceso electoral.
Como si se tratase de crear ilegalidad tras ilegalidad, también se aprobó que la consulta será financiada, por aportaciones voluntarias que pueden ser realizadas literalmente por cualquiera, por lo que se le añade un problema adicional, debido a que la intromisión de recursos de origen desconocido vicia el principio de certeza electoral, ya que junto con las aportaciones voluntarias se añadirán intereses particulares a la consulta lo que afecta su imparcialidad.
Todo indica que el circo de la ley Bonilla está lejos de terminar, y si algo nos ha demostrado quien sea que esté detrás de esto, es que las leyes no son un impedimento, ya que con la misma soberbia con la que los diputados de MORENA justificaron la realización de la consulta, están respaldados por la legitimidad del pueblo, como si los ciudadanos fuéramos idiotas y si bien ganaron todos los cargos disputados en la pasada elección, eso no significa que siempre será así, con mayor razón si continúan malgastando su abrumador capital político de esta manera.
Hace poco menos de un año resultaba inimaginable que un político mexicano violentara el sufragio efectivo, mucho menos un gobernador de la 4T, a quienes tanto se les ha comparado con las dictaduras de izquierda latinoamericanas.
Pero aquí estamos ante un Congreso Estatal comprado para aprobar una ley anticonstitucional y un nuevo Congreso con todos los diputados electos por voto popular de un solo partido, que acaba de aprobar un plebiscito, para modificar el plazo de un gobierno ya electo. Si mañana esto sucede en algún otro estado, o si el presidente López Obrador decide preguntarnos si nos gustaría que su gobierno se amplíe a 9, 12, 15 años o de forma indefinida, los bajacalifornianos tendremos que admitir con vergüenza que todo comenzó en nuestro estado y no hicimos nada para impedirlo.
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