Al contrario de lo esperado por el presidente López Obrador y los miembros de la 4T, en el año y medio de su gobierno la demanda agregada del país se ha contraído, pero cada vez que se le cuestiona al presidente López Obrador sobre cómo planea generar crecimiento económico, o más recientemente, cómo contener los efectos de la crisis económica causada por el coronavirus. En todas estas ocasiones la respuesta ha sido una desacreditación de las empresas y del sector privado y se limita a decir que se lograrán los efectos económico deseados, mediante la implementación de los programas sociales de su gobierno, los cuales distribuyen recursos de forma directa entre la población más vulnerable del país, lo cual incrementará la demanda de productos y servicios y de esta manera crecerá la economía al mismo tiempo en que se redistribuye la riqueza del país.
Para entender el problema con el modelo de crecimiento económico de la 4T, debemos entender la forma en que el gobierno obtiene sus ingresos. Como la constitución lo indica, todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público mediante el pago de impuesto de forma proporcional a nuestros ingresos, por lo que para comenzar para que los mexicanos podamos pagar impuestos, primero debemos tener un empleo remunerado, de cuyos ingresos el gobierno se quedará con un porcentaje, y debido a que solo aproximadamente el 7% de los mexicanos trabaja para alguno de los sectores del gobierno, entonces el 93% de los ingresos del gobierno dependen de las actividades de las empresas privadas y trabajadores autoempleados.
Entonces una vez entendido cómo el gobierno recauda impuestos y se hace de recursos con los que financia su presupuesto, con el cual nos provee de servicios como salud, educación, seguridad, programas sociales, etc., la lógica nos indica que para generar crecimiento económico se requiere crear las condiciones necesarias para que las empresas crezcan y de esta manera paguen más impuestos y contraten más empleados, los cuales a su vez pagarán impuestos por sus ingresos.
Como podemos ver, la estrategia económica del gobierno del presidente López Obrador no contempla un incremento en la productividad del país, ni la creación de empleos, por el contrario, depende exclusivamente de la redistribución del gasto público, aunque esta redistribución afecte a las actividades productivas que son las que pagan impuestos, los cuales financian el gasto público del gobierno.
En pocas palabras, la estrategia económica está rompiendo el ciclo económico del país y el ciclo de las finanzas públicas de México, lo cual en el corto plazo no ha afectado aún a las finanzas públicas, debido al incremento en la recaudación de las grandes empresas, a las cuales se les han retirado privilegios de condonaciones de impuestos de los que gozaban en gobiernos anteriores; pero si bien esta estrategia recaudatoria es correcta, no es sustentable en el largo plazo, pues al verse afectada la productividad del país, eventualmente estas empresas registraran pérdidas o caídas en sus ingresos, lo cual se reflejará en menos impuestos que tendrán que pagar, y terminará afectando a los ingresos generales del gobierno y su capacidad no solo para financiar sus programas sociales, sino para proveer de servicios a los mexicanos.
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