Los efectos del problema de pensiones en las finanzas públicas y en la economía de los mexicanos están a la vuelta de la esquina. Es el momento de buscar soluciones. El presidente ya declaró que se están evaluando alternativas, el Consejo Coordinador Empresarial ya presentó su propuesta, y la AMAFORE y la CONSAR presentarán sus respectivas propuestas en los próximos meses.
Se parte del hecho de que es indispensable incrementar la contribución obligatoria de los trabajadores a su fondo de retiro, lo cual puede complementarse con la propuesta del CCE, la cual plantea subir la aportación a las afores del 6.5% al 15% del salario base de cotización del trabajador, y que la mayor parte de ésta la haga el patrón, por lo que la propuesta quedaría en que el patrón aporte el 13.65%, el trabajador 1.125% y el gobierno 0.225% de la contribución total al fondo de retiro de cada trabajador
Según la AMAFORE, en 2021 solo el 24% de los trabajadores de 65 años o más podrán solicitar una pensión, de éstos, el 17% obtendrán una pensión tan baja que deberán solicitar apoyo del gobierno para acceder a una pensión mínima para subsanar sus necesidades básicas. Para ello se debe contar con una pensión universal no contributiva que garantice el bienestar del trabajador, en complemento con el sistema de afores y la ley 73 del IMSS, pero debido a las limitantes económicas del gobierno mexicano, esta pensión universal deberá limitarse solo a la población realmente vulnerable.
Dentro de las propuestas que ya se han publicado y lo que se ha filtrado de las demás, lo más destacable es la creación de un instituto que se encargue de administrar y supervisar los diferentes esquemas de pensiones y hacerlos converger, con el objetivo de crear un sistema único de pensiones. Este nuevo instituto puede tener la función de concentrar la información de los diferentes sistemas de pensiones y, por ejemplo, conocer con certeza quiénes son los individuos que reciben pensiones inferiores a un salario mínimo mensual y, por ende, serían quienes necesitarán ser subsidiados por el Estado.
Ahora que el salario mínimo ha alcanzado a la línea de bienestar, y las declaraciones del gobierno nos indican que en los próximos años por lo menos seguirá incrementándose por encima de la inflación, por lo que es una muy buena base como límite inferior de ingresos de la población. Por lo que la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores –la cual ya beneficia por lo menos a 7.4 millones de personas y consume 126 mil 500 millones del presupuesto– puede evolucionar a un sistema de pensión universal mínima para todos los mexicanos de 65 años o más.
De todas formas, el gobierno mexicano estará obligado a mantener el programa actual de pensiones para el bienestar o algún otro similar con el mismo objetivo, entonces, ¿por qué no hacerlo bien y como parte de una solución integral? Desconozco cuáles serán las condiciones de la finanzas públicas en el futuro, pero lo que es un hecho es que una gran parte de éstas se destinará a pagar pensiones, por lo que esta pensión universal mínima deberá limitarse, tanto en el monto como en el alcance de la población objetivo, por lo que se puede establecer un objetivo para ésta, por ejemplo, que la pensión universal mínima sea de un salario mínimo mensual y limitada a aquellas personas cuya suma de pensión que reciben más la pensión universal mínima no exceda los dos salarios mínimos.
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