La intensificación de la guerra comercial con China y el inicio de la campaña presidencial, han intensificado la presión interna para la ratificación del TMEC por parte de Estados Unidos, lo que ha abierto la discusión en la Cámara de Representantes de mayoría demócrata, quienes han puesto como condición que antes de ratificar el acuerdo, México debe demostrar que cuenta con los recursos, la infraestructura y la voluntad política para cumplir con la implementación de la reforma laboral aprobada el pasado mes de abril.
Las condiciones de los demócratas están plenamente justificadas, según un estudio de Trade Watch, en los 25 años que lleva en vigor el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos ha perdido cerca de 1 millón de empleos, los cuales han migrado a México o Canadá. Según argumentos de representantes demócratas, esta situación no va a cambiar con el nuevo acuerdo en proceso de ratificación, pues hoy el salario promedio de los trabajadores mexicanos ya es menor que el salario promedio de los trabajadores manufactureros Chinos.
Por primera vez los intereses de los trabajadores mexicanos se alinean con los intereses de quienes sí tienen voz, pues para evitar que más empleos estadounidenses dejen ese país, los sueldos y las condiciones laborales en México deben mejorar.
El pasado mes de abril se aprobó una nueva reforma laboral en México, con el objetivo de cumplir con varios compromisos pactados en el nuevo Tratado de Libre Comercio, entre los que destacan transparencia sindical, libertad de trabajadores de afiliarse o no a uno o más sindicatos, y desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para crear los Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral y tribunales laborales.
La mejor manera de medir el compromiso del gobierno mexicano, es con la implementación de la reforma laboral, basta con observar el presupuesto propuesto para el 2020, pues en él se incluyen 746 millones para impartición y procuración de justicia laboral, lo que representa 59 millones menos que lo presupuestado en 2019, y en lo que respecta a asesoría a trabajadores, sindicatos y actualización del registro sindical por lo cual la Secretaría del Trabajo recibirá 28 millones de pesos, lo que significa una reducción de 12 millones respecto a 2019.
En mayo pasado el subsecretario del trabajo declaró, que la creación y puesta en marcha del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral costará 2,223 millones de pesos en el transcurso del sexenio, además explicó que el mantener las juntas de conciliación y arbitraje, hasta la entrada en funciones de los Centros de Conciliación y Tribunales Laborales locales el 1 de mayo de 2022, costará 1800 millones de pesos anuales.
Todo parece indicar que tal como pasó con la migración, el gobierno mexicano estará obligado a implementar eficazmente la reforma laboral. Lo que representa una gran oportunidad para que el presidente López Obrador, abandere la mejora de las condiciones de los trabajadores mexicanos como uno de sus principales objetivos, y de paso establezca una política en materia laboral, que le brinde un mayor poder de negociación a los trabajadores mexicanos, que les permita acceder a una mayor participación de la rentabilidad de las empresas en las que trabajan y de esa manera reducir un poco la gran desigualdad que vivimos hoy en México.
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