El pasado 14 de octubre el presidente López Obrador, envió una carta al presidente del comité de medios y árbitros de la cámara de representantes de Estados Unidos como muestra de voluntad del gobierno mexicano donde hace tres compromisos para la ratificación del TMEC:
Asignar un presupuesto suficiente para la implementación de la reforma laboral, que consiste en: presupuesto adicional para la secretaría del trabajo por 69 millones de dólares, 9 millones de dólares para el centro federal de conciliación y registro laboral, 18 millones de dólares para tribunales laborales federales, 13 millones de dólares para tribunales laborales locales, 17 millones de dólares para centros de conciliación locales y 9 millones para programas de capacitación de la STPS, además de 830 millones de dólares adicionales que se gastarán entre 2021 y 2023 sin especificar como.
cumplimiento del calendario de tres etapas para la transición del nuevo sistema de justicia laboral, el cual sustituye las juntas de conciliación y arbitraje con tribunales laborales federales y locales, y la puesta en marcha de los centros de conciliación y registro laboral. La primera etapa entrará en vigor el 1 de octubre de 2020, la segunda etapa el 1 de octubre de 2021 y la tercera el 1 de mayo de 2022.
Incremento del salario mínimo por lo menos dos puntos porcentuales arriba de la inflación entre 2020 y 2024.
Obviamente López Obrador envió la carta debido a la presión de que Estados Unidos ratifique el TMEC antes del día de acción de gracias, ya que que de no ser así el inicio del proceso electoral en 2020 postergara la ratificación probablemente hasta 2021, pero si quiere mostrar voluntad de cumplir con lo acordado en el TMEC e implementar debidamente la reforma laboral ¿por qué los recursos prometidos no aparecen en el presupuesto para 2021?
Al mismo tiempo en que en Estados Unidos se cabildea a favor de la ratificación del TMEC, aquí en México se discute la aprobación del presupuesto para 2020, el cual no incluye ninguno de los conceptos incluidos en la carta, además si ya se planeaba ofrecer garantías a los congresistas estadounidenses para facilitar la ratificación del acuerdo, hace aún más sospechosa la ausencia de dichas medidas del presupuesto de egresos.
Como dice el dicho, el diablo está en los detalles, y son precisamente los detalles los que generan dudas sobre el compromiso de México por realmente implementar la reforma laboral, en una entrevista la líder de la bancada demócrata Nancy Pelosi, comentó que antes de aprobar el acuerdo le mostraran la propuesta a los líderes sindicales de su país, lo que representa un enorme riesgo, ya que los sindicatos estadounidenses quienes son muy cercanos a los demócratas, podrían oponerse a la ratificación del tratado por no contar con garantías de que México no represente una competencia desleal hacia los trabajadores estadounidenses, al ofrecer salarios bajos, simulación de contrataciones laborales y una nula libertad de asociación sindical.
A fin de cuentas la presión por ratificar el TMEC es mayor del lado mexicano, ya que si bien México es ya el principal socio comercial de Estados Unidos, el comercio con Norteamérica tiene un efecto más significativo en la economía mexicana, por ello se acaba el tiempo de demostrar con hechos el compromiso por cumplir con lo acordado, además el presidente cuenta con mayoría en el congreso, lo que significa que sin grandes problemas se pueden agregar los compromisos en materia laboral al presupuesto para 2020, y de paso es el momento oportuno, para que alguien le explique al presidente que mejorar las condiciones laborales de los mexicanos, tendrá un mayor efecto en la reducción de la pobreza que la mayoría de sus programas sociales.
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