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Es necesario cambiar el pacto fiscal, pero primero se debe crear un nuevo sistema de fiscalización

Al parecer, el sistema actual de coordinación fiscal entre la federación y los estados, será una más de las víctimas del coronavirus, pues la pandemia...

11 de mayo, 2020

Leonardo González Luna

Al parecer, el sistema actual de coordinación fiscal entre la federación y los estados, será una más de las víctimas del coronavirus, pues la pandemia ha expuesto los problemas causados por el estado del federalismo mexicano, debido a que los estados quedan con un limitado rango de acción debido a que dependen de la federación en más del 80% de sus recursos.

Los estados de la República Mexicana son libres y soberanos, por lo que la fiscalización del gasto público de sus recursos, se limita al etiquetado de las participaciones federales con reglas de operación dictadas por el gobierno federal, pero de ahí en fuera la verdadera fiscalización del gasto recae en las fiscalías de cada uno de los estados, los cuales están casi totalmente influenciadas por los gobernadores, por lo que en realidad los gobernadores se auditan a sí mismos en cómo gastan los recursos de sus estados, no es de sorprendernos por qué tantos gobernadores han sido procesados por malversación de fondos o han sido por lo menos señalados por malos manejos y desvío de recursos.

Además de la manera en que los estados gastan sus recursos, la deuda de cada estado es un problema en sí mismo. La deuda de las Entidades Federativas y los municipios se regula conforme a lo establecido en el Artículo 117 de la Constitución, donde se define que los gobiernos estatales y municipales podrán contratar deudas en pesos mexicanos con personas físicas y morales nacionales y con la única finalidad de destinarla a la inversión productiva, pero en la Constitución no se define el concepto de “inversión productiva”, por lo que cada Estado define a su manera y sobre todo a su conveniencia este concepto, lo cual explica cómo la mayoría de los estados han destinado deuda pública para financiar gastos corrientes.

Además, la Ley de Coordinación Fiscal no limita el endeudamiento de los estados, dejando esta facultad a los congresos estatales, los cuales en la mayoría de los casos son controlados por los gobernadores, lo que explica cómo en las últimas décadas se ha incrementado considerablemente el nivel de endeudamiento de los estados.

Por este motivo es necesario un sistema nacional que permita fiscalizar todos los recursos públicos que se gastan en el país, independientemente de quien los ejerce, ya sea el gobierno federal, los estados, municipios, organismos autónomos, empresas paraestatales y cualquiera que gaste dinero público, así como delimitar su capacidad de endeudamiento. Con fiscalizar los recursos públicos no solo me refiero a evitar que se desvíen recursos públicos, sino también a evitar la discrecionalidad en su gasto, mediante la creación de reglas que obliguen a que se justifique por qué se destina a cada concepto el presupuesto y la viabilidad tanto económica como social de cada obra pública a construir. De igual manera como existe un sistema de coordinación fiscal y un pacto fiscal, éste se puede modificar o crear uno nuevo, que tenga como principal objetivo, el correcto uso de los recursos públicos, y como segundo objetivo, el proporcionarles más libertad a los estados en el gasto y ejecución de sus presupuestos, siempre y cuando éstos se gasten correctamente.

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