La noche del 8 de julio de 2019 debe quedar grabada como un episodio infame en la historia de Baja California, pues el congreso local de mayoría panista aprobó extender de 2 a 5 años la gubernatura de Jaime Bonilla. Como último recurso, después de que el tribunal electoral federal rechazara la modificación realizada de forma igual de dudosa por el tribunal estatal electoral en medio del periodo electoral y sin importar que la constitución establezca que no se pueden realizar este tipo de modificaciones 90 días antes del inicio del periodo electoral.
Lo ocurrido el pasado lunes apesta a CORRUPCIÓN sin importar por donde se le mire, pues la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California (formada por MORENA, partido del trabajo, partido verde y transformemos), la cual llevó a la gubernatura a Jaime Bonilla en las pasadas elecciones, solo cuenta con 5 de los 25 diputados que conforman el congreso.
La iniciativa para modificar la constitución local y ampliar la gubernatura, logró 21 votos a favor, superando ampliamente las 2 terceras partes necesarias. Para ello 16 diputados de la oposición al parecer por arte de magia y tras una reflexión digna de la rosa de Guadalupe, decidieron votar a favor de ampliar el periodo de gobierno de quien los derrotó de forma aplastante en las pasadas elecciones. Y traicionando la voluntad de los ciudadanos quienes acudimos a votar, ya que modificaron el periodo de gobierno después de las elecciones.
No olvidemos que esta historia tiene tres protagonistas.
Un congreso que se vendió, pues esa es la única explicación posible, y son muchos los rumores que intentan explicar lo sucedido, ya que se rumora que cada diputado pudo haber recibido hasta 1 millón de dólares por su voto, otros rumores hablan de puestos en la nueva administración e incluso se rumora un posible acuerdo entre el actual gobernador Kiko Vega con el gobernador electo, a cambio de nombrar a Carlos Montejo Oceguera como auditor superior del estado
Un gobernador electo, su partido, o quien sea que haya operado la presunta compra de diputados, con el objetivo de ampliar la gubernatura de Jaime Bonilla, pues este es el tercer intento por ampliar el periodo de gobierno, y al parecer se tomaron de forma literal la expresión cueste lo que cueste.
Los ciudadanos bajacalifornianos de quienes se han burlado una vez más, ya que hay que recordar que se convocó a elecciones a votar por un gobernador por un periodo de 2 años, y esta modificación representa una violación a los derechos de los ciudadanos. Para agravar aún más la falta de respeto hacia los ciudadanos, podemos observar la cínica respuesta de Jaime Bonilla cuando al ser cuestionado sobre este hecho, simplemente indicó que no es más que un ajuste hecho por el congreso, el cual no fue ordenada por él, aunque es el quien resulta ser el obvio beneficiario.
Por este motivo, los ciudadanos de Baja California debemos dejar a un lado la histórica apatía hacia los temas políticos del estado y expresar nuestra opinión al respecto. Muy seguramente quien sea que haya operado esto calculó la escasa reacción de la ciudadanía, lo que se traduce en un reducido costo político.
No olvidemos que la razón del triunfo aplastante de MORENA tanto en el estado como en el país fue el hartazgo precisamente hacia comportamientos como este, y el emblema de ambas campañas fue el combate a la corrupción. Apenas ha transcurrido un mes de la elección, Jaime Bonilla aún no toma protesta como gobernador y ya aparecen sospechas sobre posible corrupción y en caso de que la presunta compra del congreso no haya sido orquestada por el gobernador electo, las preguntas entonces son, ¿quién y a cambio de qué lo hizo?, ¿qué compromisos se generaron? Y ¿Qué favores deberá pagar el nuevo gobierno?
Finalmente, de proceder la modificación aprobada por el congreso local, se puede crear un precedente para que gobernadores de otros estados, utilicen su influencia en los congresos locales para modificar sus propios periodos de gobierno, o el mismo presidente podría utilizar lo sucedido en Baja California, como primera ficha de dominó para ampliar su mandato o una posible reelección
Lo más probable, es que la modificación sea revocada por el tribunal federal electoral o sea declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero eso no quita que lo sucedido en el congreso de Baja California es una marranada política, por ello los ciudadanos si debemos sentar un precedente y no olvidar los nombres de los 16 diputados infames, quienes presuntamente vendieron su voto, e independientemente de nuestra orientación política debemos, asegurarnos nunca volver a votar por ellos y terminar sus carreras políticas.
Los 16 diputados infames son:
Dip. José Félix Arango Pérez – DISTRITO IV / PAN
Dip. Irais María Vázquez Aguiar – DISTRITO XI / PAN
Dip. Raúl Castañeda Pomposo – DISTRITO XII / PAN
Dip. Ignacio García Dworak – DISTRITO XVII / PAN
Dip. Mónica Hernández Álvarez – DISTRITO IX / PAN
Dip. Sergio Tolento Hernández – DISTRITO VI / PAN
Dip. Carlos Alberto Torres Torres – DISTRITO XIII / PAN
Dip. María Trinidad Vaca Chacón – DISTRITO I / PAN
Dip. Alfa Peñaloza Valdez – DISTRITO VIII / PAN
Dip. Alejandro Arregui Ibarra – DISTRITO XV / PRI
Dip. Marco Antonio Corona Bolaños Cacho -PLURINOMINAL / PRI
Dip. Edgar Benjamín Gómez Macías – DISTRITO VII / PRI
Dip. Bernardo Padilla Muñoz – DISTRITO XVI / TIJUANA
Dip. Blanca Patricia Ríos López – PLURINOMINAL / PRI
Dip. Rocío López Gorosave – PLURINOMINAL PRD
Dip. Job Montoya Gaxiola – PLURINOMINAL / MOVIMIENTO CIUDADANO
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