“AMLO eliminará el seguro popular”, es la expresión que predomina en la prensa nacional ante la iniciativa de creación del Instituto de Salud para el Bienestar, presentada por MORENA para reemplazar al actual seguro popular. Exsecretarios de salud argumentan que dicha iniciativa destruirá una institución construida a lo largo de 15 años y tres sexenios, y dejará sin cobertura médica a la población más vulnerable del país. Pero, ¿por qué? Tanta resistencia para impedir que se reforme una institución que sistemáticamente ha sido utilizada para el desvío de recursos públicos.
Antes de investigar para escribir este artículo, mi teoría era que la transformación del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar, solo se trataba de un intento más de la 4T para centralizar un área más de la administración pública. Aunque es evidente que la nueva institución de salud hará a un lado a los gobiernos de los estados, al centralizar por completo la salud pública en el gobierno federal, a lo cual me opongo rotundamente. Pero la corrupción creada en torno a las transferencias del gobierno federal, para financiar los sistemas de salud estatales, los cuales operan el programa de seguro popular es una justificación más que valida para imponer un control al desvío sistemático de recursos que se dio en la mayoría de los estados.
Según la 4T el nuevo instituto de salud garantizará la universalidad y gratuidad del acceso a la salud de todos los mexicanos, ya que el actual sistema solo contempla a 54 de los 66 millones de mexicanos que no cuentan con seguro social, además de que se eliminarán las exclusiones de cobertura de enfermedades, debido a que modifican la esencia de la institución la cual dejará de ser una aseguradora pública y se convertirá en un sistema universal de salud.
La principal crítica de los expertos sobre la sustitución del Seguro Popular, es que se corre el riesgo de que la nueva institución, pierda la capacidad de solventar servicios médicos de alta especialidad, debido a que se eliminará el fondo de protección contra gastos catastróficos, y según el presidente este fondo será utilizado una parte en revitalizar la infraestructura del sistema de salud y el resto en otras áreas del gobierno federal, lo que después fue desmentido por el secretario de salud Jorge Alcocer quien indicó, que los recursos de este fondo solo serán utilizados para cubrir enfermedades, lo cual nos deja con la incertidumbre sobre cuál será el verdadero uso que se tiene planeado para este fondo.
Lo que hasta ahora se ha presentado sobre la operación del día a día, del Instituto de Salud para el Bienestar aún es muy ambiguo, por lo que aún no podemos saber si se trata de una verdadera universalidad de servicios públicos de salud o simplemente otra buena intención de la 4T, que en el afán de ofrecer beneficios gratuitos al mayor número de personas, podría terminar en la pérdida de servicios de salud para la población más vulnerable del país, ya que lo que han presentado solo habla de atención primaria.
Pero a esta discusión se debe agregar la razón por la que se creó el Seguro Popular, la cual es ofrecer una alternativa de salud pública a aquellas personas que viven en la economía informal y por lo tanto no tienen acceso a la seguridad social.
Sin embargo, una vez que se creó el Seguro Popular se perdió el principal incentivo para que las personas busquen integrarse a la economía formal. Por lo que además de la escasez de recursos públicos, esta es la razón por la cual el Seguro Popular no cuenta con las mismas coberturas que el IMSS o el ISSSTE.
La reducción de la economía informal debe ser una meta igual de importante que el acceso de la población general a servicios de salud pública, por lo que se debe encontrar un equilibrio que garantice el logro de ambos objetivos, ya que si bien los fieles seguidores de la 4T pueden argumentar que cómo me atrevo a poner en el mismo nivel la salud de los mexicanos y la economía, pero debemos tener claro que no hay manera que se reduzca la pobreza sin antes reducir la economía informal.
Por último, podremos tener dudas, sobre cómo utilizará la 4T el fondo de protección contra gastos catastróficos, si se podrán garantizar los niveles de cobertura actuales por parte del nuevo instituto, sobre si alcanzará el dinero para crear la cobertura universal que quiere el presidente, o si será una mejora o la destrucción de una institución que medio funciona. Pero al final del día solo se trata de la sustitución de una institución por otra, casi igual o muy parecida que busca el mismo objetivo, tal y como ha ocurrido con muchas instituciones y programas en cada cambio de gobierno, por lo menos desde la era de la democracia, pero como mínimo debemos exigir que el nuevo instituto sea más eficiente y resuelva la corrupción sistémica que envolvió al seguro popular a lo largo de su existencia.
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