Con la llegada del nuevo congreso y de los nuevos funcionarios estatales y municipales, se ha puesto sobre la mesa el deterioro de la calidad del aire de las ciudades de Tijuana y Mexicali, pues es un tema que cada día cobra más importancia para los ciudadanos, principalmente en el invierno cuando la contaminación es más visible y se incrementan las enfermedades respiratorias.
El pasado 8 de septiembre el diputado local Fausto Gallardo García, presentó una iniciativa que propone que los ingresos que se obtengan por concepto de verificación vehicular se destinen en su totalidad a los fondos ambientales 50% estatal y 50% municipal, debido a que los fondos municipales de protección al ambiente, actualmente se encuentran sin operar por falta de recursos.
El 22 de septiembre el diputado David Ruvalcaba Flores, presentó una propuesta para evaluar el programa de verificación vehicular, para que este cumpla con el objetivo de su creación, que es la disminución de la contaminación ambiental y no solo como una política recaudatoria. Por último, el día de ayer el próximo director de protección al ambiente de Mexicali, comentó que el ayuntamiento propondrá que el programa de verificación vehicular pase a ser operado por los municipios, ya que actualmente la operación del mismo se encuentra alejada de su objetivo principal, que es disminuir los niveles de contaminación.
Desde el 2011 el gobierno del estado opera el programa de verificación vehicular y es un hecho que el fin de este proyecto es más recaudatorio que de protección ambiental, pues basta con pagar y presentar la verificación para revalidar la tarjeta de circulación, sin importar si el automóvil cumple o no con los niveles de emisión de gases rquerido.
Por este motivo las propuestas de los diputados y del ayuntamiento de Mexicali están más que justificadas, los gases emitidos por los vehículos son la principal fuente de contaminación ambiental. Pero si bien el corregir el programa de verificación vehicular es un paso correcto para resolver el problema, este no soluciona los altos niveles de contaminación por sí solo, pues Baja California es el cuarto estado con más automóviles por habitante y muchos de ellos circulan de manera ilegal.
No existe una cifra oficial sobre cuántos automóviles circulan en el estado de forma irregular, el secretario de gobierno estimó que son 800 mil, el líder de ANAPROMEX afirmó a principios de año, que 120 mil vehículos irregulares están inscritos en su padrón y el gobierno del estado implementó el programa de registro estatal vehicular, el cual sumó 105 mil vehículos que fueron registrados voluntariamente por sus propietarios.
Si las estimaciones del gobierno del estado son correctas, aproximadamente el 40% de los vehículos que circulan en el estado lo hacen de manera ilegal, portando placas no oficiales expedidas por asociaciones o con placas estadounidenses dadas de baja en dicho país. Por esta razón es imposible que se resuelva el problema de contaminación producida por automóviles, cuando el 40% de estos no estarían obligados a presentar una verificación vehicular.
Por increíble que parezca, para resolver un problema ambiental es necesario una solución integral a la importación de vehículos. Es un hecho que el cabildeo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, ha creado un estigma sobre los vehículos importados, argumentando que son chatarra, si bien muchos vehículos importados se encuentran en malas condiciones, la mayoría de estos si están en condiciones aptas para circular, incluso cumplen con requisitos ambientales y de seguridad más estrictos que los que se requieren en México.
Desde 2013 el gobierno federal restringió la importación de vehículos al limitarla solo a aquellos entre 5 y 10 años de antigüedad e incrementó el costo del arancel, alejando de toda opción legal al resto de los automóviles que ingresan al país, por este motivo la ciudadanía ha recurrido a todo tipo de opciones para hacerse de un vehículo y poder circular.
Tanto el presidente de la república como el gobernador electo, prometieron solucionar este problema en sus respectivas campañas, por lo que si el interés de una parte considerable de la población, la seguridad pública, el control vehicular por parte del estado y la recaudación perdida en expedición y revalidación de placas que es captado por asociaciones civiles, no fueran suficientes podemos agregar la calidad del aire como una más de las consecuencias por una política de importación de vehículos mal diseñada.
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