En la última semana el sentir de la opinión pública pasó del júbilo, por haber llegado a un acuerdo en los cambios del T MEC, al desconcierto y confusión después de que el sector empresarial se percatara de que este nuevo acuerdo incluye agregados laborales, con el objetivo de vigilar la implementación de la reforma laboral por parte del gobierno mexicano, y el cumplimento de las leyes laborales por las empresas mexicanas que participan en el tratado.
Solo unas pocas horas después de que se hicieran públicos los detalles del acuerdo por parte de los congresistas estadounidenses, se dio una reacción generalizada en notas de prensa y artículos de opinión, todos y cada uno de ellos desde el punto de vista del sector empresarial haciendo sentir su malestar al respecto, y fue tal la presión que obligó al presidente López Obrador a pronunciarse y al negociador Seade a solicitar una explicación a su contraparte en Estados Unidos. Esto es el claro ejemplo de lo que es un contrapeso y su importancia para un país, debido a que ante una posible afectación a un importante sector de nuestra economía estos hicieron sentir su malestar, mediante la prensa utilizando sus vastos recursos económicos.
Pero en esta historia falto un punto de vista, el de los trabajadores, pues vimos la reacción del sector empresarial y después la respuesta del gobierno, pero en ningún momento escuchamos la postura de los trabajadores quienes están siendo beneficiados con las modificaciones que incluye el TMEC, y dichos beneficios correrían el riesgo de perderse a no ser por el contrapeso que significan los gobiernos de Estados Unidos y Canadá quienes condicionaron el acuerdo a la implementación de la reforma laboral, con el objetivo de defender a sus propios trabajadores, debido a que los bajos sueldos y malas condiciones laborales de México ponen en desventaja a los trabajadores de dichos países.
El principal argumento de quienes se oponen a los agregados laborales, es que México cede soberanía al permitir que extranjeros vigilen la implementación y cumplimiento de leyes mexicanas. Pero todos los acuerdos y tratados internacionales constituyen una cesión de soberanía, en este caso es el costo de acceder al mercado más grande del mundo en condiciones privilegiadas, y simplemente no nos hagamos tontos desde hace un año cuando la bancada demócrata ganó la mayoría en la cámara de representantes de Estados Unidos, su principal exigencia y condición para ratificar el acuerdo, es una garantía de que México cumplirá sus obligaciones en materia laboral, por lo que no es ninguna sorpresa que el acuerdo final incluya supervisores laborales.
A su vez es una triste realidad que México nunca implementara la reforma laboral por iniciativa propia, pues no tiene ni los recursos ni la disposición para hacerlo, prueba de ello son casi 200 años de historia como país, y como ejemplo más reciente, al acordarse la firma del TLCAN en 1994, México accedió a un compromiso no vinculante de aprobar e implementar una reforma laboral para mejorar las condiciones del país de forma gradual, hecho que no ocurrió hasta 2019 cuando el nuevo tratado ahora TMEC, esta vez obligó a México a hacerlo.
Por lo tanto, nos guste o no, la nueva realidad es que estos famosos agregados laborales, aseguraran que México cumpla con la implementación de la reforma laboral, ya que de lo contrario las empresas mexicanas quedarán expuestas a ser excluidas de los beneficios del tratado. Esto abre la puerta a que por primera vez los trabajadores mexicanos tengan verdadera libertad de asociación y formar sindicatos, y de ser implementados a como está acordado, los centros federales de conciliación y registro laboral, mantendrán registros públicos de los sindicatos y de los contratos colectivos de trabajo, lo que además obligará a los actuales sindicatos blancos, charros o corporativistas a evolucionar o desaparecer.
Esta semana el gobierno federal nos dio una buena noticia, al anunciar que el salario mínimo se incrementará 20% este año, lo que es un gran paso a favor de que el salario mínimo recupere su poder adquisitivo, el cual se perdió de forma gradual y consistente en las últimas décadas, esto debido a la falta de poder de negociación de los trabajadores al carecer de acceso a sindicatos que los representen.
Un claro ejemplo de la diferencia entre contar o no con un sindicato que represente a los trabajadores, lo vimos en enero de este año cuando el gobierno federal implementó su nueva política de austeridad republicana, la cual entre otras cosas consistió en reducir el gasto corriente del gobierno federal a través de recortes de personal y reducir salarios y prestaciones, pero estas medidas de austeridad solo aplicaron para los trabajadores no sindicalizados y de niveles bajos que carecían de conexiones políticas. Entonces si un gobierno que se dice progresista y en favor del pueblo, despide y pisotea las prestaciones laborales de trabajadores desprotegidos a cambio de reducir su gasto, que no harán las empresas privadas con el fin de incrementar sus utilidades.
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