¿En realidad puede el gobierno de Baja California resolver el problema de los autos chocolate?

El pasado mes de octubre, la inclusión de un artículo transitorio a la ley de ingresos 2020, que proponía un programa de regularización de autos...

1 de febrero, 2020

El pasado mes de octubre, la inclusión de un artículo transitorio a la ley de ingresos 2020, que proponía un programa de regularización de autos chocolates, inició el debate nacional sobre si estos vehículos deben regularizarse, y desde la Ciudad de México se expusieron todo tipo de argumentos sobre un problema que no les afecta directamente y, por consecuencia, no comprenden sus implicaciones de seguridad, medio ambiente y finanzas públicas.

Esta semana el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, sorprendió a la opinión pública al anunciar medidas drásticas contra los vehículos que circulan de forma ilegal en el estado, principalmente aquellos que lo hacen con placas de asociaciones de empadronamiento. A su vez se anunció un programa de regularización temporal mediante un registro de los vehículos que circulan en el estado y las autoridades podrán expedir un permiso temporal para que estos automóviles puedan circular legalmente. El permiso será temporal ya que según el gobernador, en los próximos meses el presidente López Obrador emitirá un decreto para regularizar estos automóviles y resolver los problemas de importación de vehículos.

Si bien los autos chocolate circulan en el país desde hace décadas, el problema se agravó el sexenio pasado cuando el gobierno bajo la presión de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, no sólo incrementó los costos de importación, sino también limitó la importación legal solo a vehículos fabricados en México, Estados Unidos y Canadá con una antigüedad entre cinco y diez años para la franja fronteriza y ocho y nueve años para el resto del país, excluyendo de toda opción legal al resto de los vehículos.

Además de dichas exclusiones, actualmente para importar un vehículo se requiere pagar el 10% de impuesto general de importación, 16% de IVA, impuesto sobre automóviles nuevos y derecho de trámite aduanero. Todos estos impuestos son calculados utilizando como base gravable el valor de venta de un vehículo nuevo en México de características similares al vehículo a importar, aplicando una depreciación de 10% por cada año de antigüedad sin que exceda el 80%. 

Basta con hacer los cálculos para darnos cuenta que dichos impuestos incrementan el costo de importar un automóvil a un nivel casi prohibitivo, lo que explica por qué tanta gente opta por no importarlos, pues no les alcanza o el vehículo que pueden comprar no se puede importar por no estar dentro de la antigüedad requerida por la ley o por no ser fabricado en Norteamérica.

Debido a esto, los estados fronterizos se han saturado de asociaciones privadas que empadronan los vehículos ilegales, las cuales a cambio de una cuota les ofrecen a los ciudadanos una placa expedida por ellos mismos que les permite circular, lo que es ilegal a todas luces, pues solo el gobierno federal y los estados pueden expedir placas de circulacion vehicular.




Dichos autos empadronados solo pueden circular en aquellos municipios o estados en los cuales las asociaciones de empadronamiento hayan pagado, para que los gobernadores o presidentes municipales le instruyan a sus policías no detener los vehículos con dichas placas, creando un claro sistema de corrupción y manejo de clientelas electorales que sucede a la vista de todos desde hace décadas.

Tanto a nivel nacional como a nivel estatal existen cifras confusas sobre cuántos automóviles circulan ilegalmente en México. Según un estudio realizado por el gobierno del estado de Baja California en 2019, el 40% de los vehículos que circulan en el estado lo hacen de forma irregular, lo que representa un serio problema de seguridad, pues si estos vehículos son utilizados para cometer delitos, o se ven involucrados en un accidente vial, no es posible saber a quién pertenecen.

Claramente la intención del gobierno del estado es de carácter recaudatorio, pues dichos permisos temporales tendrán un costo y la efectividad a largo plazo del programa depende de que el presidente López Obrador emita el decreto o se cambien los costos y exclusiones para la importación de vehículos. Pero la nueva actitud del gobierno del estado hacia las asociaciones de empadronamiento de vehículos principalmente ANAPROMEX y Condefa es un cambio de 180 grados que puede significar el principio del fin de este tipo de organismos, cuyos líderes y sus enlaces con los gobiernos estatales y municipales han sido los principales beneficiarios de las prohibitivas reglas de importación vehicular, ello explica por qué no existe un interés real de ninguna autoridad por resolver el problema. 

 

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