El próximo mes de octubre se reunirá la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, con la misión de revisar el porcentaje de participación en las utilidades que reciben los trabajadores actualmente del 10%, lo que alimentará el debate sobre la desigualdad salarial que existe en México, la cuál se ha incrementado en los últimos años a pesar de que las empresas mexicanas han incrementado consistentemente sus niveles de productividad.
El porcentaje de participación de los trabajadores debe revisarse cada 10 años, por esta razón este año se realizará la revisión por la comisión conformada por representantes sindicales y representantes patronales, esta revisión se sumará a la implementación de la reforma laboral aprobada el pasado mes de mayo, y a la discusión de otros temas laborales en el congreso, como una iniciativa para incrementar los días de vacaciones y la regulación de outsourcing, por lo que queda claro la intención de la 4T de generar cambios, con la intención de buscar la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos.
Dada la situación política y económica actual, la revisión del porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades (PTU), se presta para el oportunismo político, debido a que es muy fácil publicitar el incremento del PTU como una conquista en la búsqueda por reducir la desigualdad.
Pero si se lograse incrementar el porcentaje del PTU las empresas mexicanas perdieran competitividad ante el mundo, y el problema de desigualdad salarial no se resolvería, ya que actualmente existen prácticas generalizadas de simulación de contratación laboral. Mediante la subcontratación ya sea con outsourcing o empresas creadas por las mismas empresas con el único fin de administrar la nómina, para entre otros objetivos fiscales, reducir el pago de reparto de utilidades a los trabajadores.
Según datos del INEGI el 16% de los trabajadores mexicanos, fueron contratados mediante algún tipo de subcontratación, y según un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, el 97% de los trabajadores contratados bajo subcontratación, trabaja en empresas que no cumplen con las regulaciones establecidas en la reforma laboral del 2012 y que tampoco cumplen con sus obligaciones fiscales (incluyendo contribuciones de los trabajadores al IMSS, INFONAVIT y ahorro para el retiro).
Esto se debe a que actualmente las empresas de outsourcing, no requieren de una licencia o certificación por parte de la secretaría del trabajo o algún otro regulador para poder operar, de hecho, la obligación de regularlas recae en las propias empresas que las contratan, quienes según la ley están obligadas a vigilar que cumplan con las leyes o de lo contrario absorben la totalidad de las obligaciones contractuales de los trabajadores subcontratados.
La generalización de la subcontratación, hace que no tenga ningún sentido realizar cambios en el PTU sin antes modificar las leyes para regular a las empresas de outsourcing, debido a que de no hacerlo un incremento del PTU solamente incentivara a las empresas a incrementar el uso de esta práctica, ya que no hay quien se los impida, y como hemos visto en los últimos años las empresas carecen de incentivos para autorregular esta práctica, ya que es la naturaleza de las empresas el buscar maximizar sus utilidades, además las leyes actuales dejan desprotegidos a los trabajadores, quienes no cuentan con instituciones que los defiendan de la perdida de derechos laborales mediante la subcontratación.
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