En la última semana se han escrito una gran cantidad de columnas y artículos, oponiéndose a la posibilidad de que en el TMEC se apruebe la opción de que Estados Unidos envíe inspectores a México para verificar el cumplimiento de la reforma laboral por parte de las empresas participantes del tratado. Si enumeramos los argumentos en contra podremos encontrar los siguientes: la soberanía que México estaría cediendo al aceptar dicha propuesta, las empresas mexicanas quedarían en desventaja debido a las inspecciones, se estancará la productividad del país, y esta medida podría ser utilizada para frenar las exportaciones mexicanas. Pero en ningún lado se habla del efecto que esta medida tendría en las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos.
Basta con ver la inmensa lista de condonaciones fiscales que se realizaron en los pasados sexenios, para dimensionar la influencia que las grandes empresas han alcanzado en todos los ámbitos del gobierno, y cómo estas han logrado capitalizar esta influencia para favorecer sus negocios, ya sea consiguiendo condonaciones de impuestos o logrando que los reguladores volteen hacia otro lado cuando sea necesario.
No se puede entender el estancamiento de los salarios promedio y el detrimento de las prestaciones y condiciones laborales en las últimas décadas, sin dimensionar este nivel de influencia de las cúpulas empresariales en el gobierno, pues en este periodo gracias al original tratado de libre comercio, se crearon cientos de miles de empleos en el sector manufacturero y se incrementó la productividad de las empresas, mientras que los salarios no se incrementaron a la misma velocidad.
Ya sea que esta influencia de las cúpulas empresariales se haya logrado a través de la corrupción, apoyo a campañas electorales o simplemente mediante la negociación utilizando su peso como sector empresarial. Hace que sea muy complicada la implementación de la reforma laboral en México (la cual por cierto fue aprobada debido a que era un condicionante del TMEC), debido a que la imparcialidad de los reguladores y demás funcionarios que queden encargados del cumplimiento de las nuevas leyes laborales, será comprometida de la misma manera en que se ha comprometido en las últimas décadas, en favor de los grandes empresarios y en contra de los trabajadores, quienes carecen de poderes de negociación e influencia que los ponga en igualdad de condiciones con sus patrones, quienes a su vez a todas luces buscan que estas condiciones se mantengan exactamente iguales a pesar del cambio de las leyes, pues para ejemplo basta la simulación que intentó CEMEX, al manipular la primera votación “libre” de sus trabajadores sobre un nuevo contrato colectivo de trabajo.
No cabe duda que la implementación de la reforma laboral tendrá efectos negativos de corto plazo, debido a que las empresas deberán absorber los costos laborales que les genere el cumplir con las nuevas leyes, y este es el motivo por el cual las cúpulas empresariales se oponen a que sea implementada, sobre todo ante la posibilidad de que supervisores externos de Estados Unidos o Canadá intervengan, debido a que estos no serán tan influenciables como los mexicanos y difícilmente mirarán hacia otro lado cuando alguna empresa mexicana viole las leyes laborales.
Pero los efectos a mediano y largo plazo serán mucho más positivos, debido a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos, lo cual se verá reflejado en el incremento de los salarios promedio y una reducción de la desigualdad en el país, pero al parecer eso no importa pues los trabajadores no tienen los recursos para comprar tiempo en los medios, ni para influenciar a la comentocracia nacional y posicionar el otro lado de la historia en la opinión pública.
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