No ha pasado ni un mes de que terminó el sexenio del exgobernador de Baja California Francisco Vega de Lamadrid, cuando comienzan a surgir las denuncias por corrupción, principalmente: una denuncia penal interpuesta por el mismo gobierno del Estado por un presunto desvío de 1,200 millones de pesos, la denuncia mediática de presidentes municipales y autoridades de la UABC sobre retención de recursos públicos, y la investigación de un periódico local, sobre posible corrupción en la licitación y construcción de tres plantas desalinizadoras de agua; lo que parece ser un claro presagio sobre lo que está por venir conforme vaya surgiendo nueva información sobre las condiciones en que quedaron las finanzas públicas del gobierno del Estado.
Tanto para los medios como para los ciudadanos bajacalifornianos, estas denuncias no representan ninguna sorpresa, pues ya eran muchas las sospechas al respecto, lo cual explica perfectamente la aplastante victoria de MORENA en las elecciones del pasado 2 de junio, donde ganaron la gubernatura, los 5 municipios y los 17 distritos locales. La única explicación de esta victoria no solo es la popularidad del presidente López Obrador, sino que el empuje de la popularidad del presidente se apalancó en el hartazgo de los ciudadanos hacia un gobierno estatal distante, carente de resultados y envuelto en sospechas de corrupción y tráfico de influencias.
Por lo pronto debemos ser cautelosos sobre la ola de denuncias y descalificaciones que se vienen, pues de igual manera a como sucede con el gobierno federal, estas denuncias representan la excusa perfecta para desviar la atención ante cualquier cuestionamiento sobre las gestiones del nuevo gobierno estatal.
Por ejemplo, en el caso de las desaladoras en el cual el modus operandi, es muy similar al denunciado por el nuevo gobierno quien acusa a la pasada administración de desviar 1,200 millones de pesos a través de 40 empresas fantasmas, pero presenta algunas inconsistencias que podrían ser exageraciones, por ejemplo, afirman que se simuló un desabasto de agua en la zona costa, pero esta zona sigue presentando escasez de agua y conforme vaya aumentando su población el problema se incrementará, por lo que eventualmente se tendrán que construir plantas desalinizadoras para resolverlo, y en el caso de la desalinizadora de Rosarito, denuncian que su verdadero objetivo era vender esa agua a Estados Unidos, al producir más agua de la que necesita el Estado y el excedente venderlo a alguna ciudad de dicho país, cediendo una parte del agua que México recibe producto del tratado binacional de distribución de agua del río Colorado, pero esa agua es administrada por la CONAGUA no por el gobierno del Estado, por lo que de existir corrupción al respecto también involucra al gobierno Federal, debido a que sí Baja California le informa a la CONAGUA que no necesita el total de su cuota designada de agua, se exponen a que Sonora reclame esa parte para abastecer a la ciudad de San Luis Río Colorado donde hay serios problemas de escasez de agua.
Mi punto no es desestimar ni minimizar estas denuncias, las cuales están más que justificadas, pues en los últimos años periódicos locales ya habían publicado varios artículos señalando posibles actos de corrupción, y el caso del desvío de recursos de los municipios y de la UABC, el mismo exgobernador lo reconoció e incluso restableció una parte de los montos denunciados, eso sí sin explicar en qué se usó el resto de dichos recursos.
Aún no nos queda claro si el exgobernador Francisco Vega se unirá a la infame lista de exgobernadores procesados penalmente por desvío de recursos, por lo que aún falta definir si será recordado como el gobernador que acabó con la hegemonía panista en el Estado, el primero en ser procesado por corrupción en Baja California, por satanizar la única solución al problema de escasez de agua en el Estado o por todas las anteriores.
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