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Autos chocolate, el verdadero problema son los costos de importación

La inclusión de un artículo transitorio a la ley de ingresos 2020, la cual le impone al Congreso un plazo máximo de 8 meses para...

25 de octubre, 2019

Leonardo González Luna

La inclusión de un artículo transitorio a la ley de ingresos 2020, la cual le impone al Congreso un plazo máximo de 8 meses para que se regularicen los vehículos ingresados de manera ilegal al país. Esto ha creado una reacción casi unánime de la prensa, organismos empresariales y políticos de todos los partidos, satanizando la iniciativa argumentando que dicha regularización afectará a la economía nacional.

Pero basta con leer los encabezados de distintos periódicos para darnos cuenta que todas las voces que apoyan la iniciativa se encuentran en la frontera norte, donde los autos chocolates son un problema de seguridad pública, y corrupción a nivel estatal y municipal. Aunque debo hacer notar que, si bien la regulación reducirá el problema, no lo solucionará y eventualmente se requerirán nuevas regularizaciones, pues la población seguirá ingresando vehículos de forma ilegal.

Al leer las principales objeciones a la regularización, percibo que la prensa nacional tiene la idea de que todos los automóviles extranjeros son ilegales y no deben circular en el país, pero la realidad es muy distinta, las leyes mexicanas contemplan la importación de vehículos usados de forma legal tanto para circular exclusivamente en la franja fronteriza, como para circular en todo el país, y es justo ahí donde se encuentra el problema.

Si bien los autos chocolates circulan en el país desde hace décadas, el problema se agravó el sexenio pasado, cuando el gobierno bajo la presión de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, no sólo incrementó los costos de importación sino también limitó la importación legal solo a vehículos fabricados en México, Estados Unidos y Canadá con una antigüedad entre cinco y diez años para la franja fronteriza y ocho y nueve años para el resto del país, excluyendo de toda opción legal al resto de los vehículos.

Gracias a la presión de los dueños de las agencias automotrices, para importar un automóvil hoy de forma legal, se requiere pagar el 1 o el 10% de impuesto general de importación, 16% de IVA, impuesto sobre automóviles nuevos y derecho de trámite aduanero, todos estos impuestos son calculados utilizando como base gravable, el valor de un vehículo nuevo en México de características similares al vehículo a importar, aplicando una depreciación de 10% por cada año de antigüedad sin que exceda el 80%. No hace falta hacer los cálculos para darnos cuenta que dichos impuestos incrementan el costo de importar un automóvil a un nivel casi prohibitivo, lo que explica porqué tanta gente opta por no importarlos, pues no les alcanza o el vehículo que pueden comprar no se puede importar por no estar dentro de la antigüedad requerida por la ley.

Para hacer más complejo el problema, los estados fronterizos se han llenado de asociaciones que empadronan los vehículos ilegales y a cambio de una cuota les ofrecen a los ciudadanos una placa expedida por ellos mismos que les permite circular, si bien esto es ilegal a todas luces, pues solo los gobiernos federal y estatales pueden expedir placas de circulación vehicular. Los autos chocolate pueden circular en aquellos municipios o estados a los cuales su asociación de empadronamiento les haya pagado y estos gobernadores o presidentes municipales le instruyan a sus policías no detener los vehículos con dichas placas, creando un claro sistema de corrupción y manejo de clientelas electorales, el cual sucede a la vista de todos desde hace ya demasiado tiempo.

Debido a la corrupción generada por las asociaciones de empadronamiento, no es posible saber cuántos automóviles ilegales circulan actualmente en México, la prensa asegura que pueden ser hasta 18 millones, pero son solo estimaciones pues no hay un registro oficial, siendo este problema más grave en Baja California estado donde se estima que hasta el 40% de los automóviles que circulan son ilegales.

Según la COPARMEX y otras organizaciones, si se regularizan los vehículos ilegales, la venta de automóviles nuevos se desplomarán entre 20 y 40%, lo que se sumará a 28 meses consecutivos de caídas en las ventas, además de mencionar la afectación a la industria automotriz mexicana la cual produce 1.9 millones de empleos.

Pero no mencionan que todos estos automóviles contienen por lo menos un 20% de sus componentes fabricados en México, hasta llegar al absurdo de automóviles fabricados en México, pero vendidos en Estados Unidos, los cuales no pueden ingresar legalmente al país a pesar de haber sido fabricados aquí. Además, el segmento de personas que no importan sus vehículos porque no les alcanza obviamente no pueden permitirse comprar un automóvil nuevo, y quienes sí les alcanza importan sus vehículos de forma legal y no compran automóviles mexicanos, por ser mucho más caros y por contar con estándares de calidad y seguridad inferiores a las de un vehículo igual pero producido para circular en Estados Unidos.

En conclusión, el problema de los automóviles ilegales no se resolverá con la regularización, si esta no viene acompañada de una modificación a las leyes aduanales, que reduzcan los costos de importación y permitan la importación de vehículos de cualquier antigüedad para evitar exclusiones. Si preocupa el tema ambiental o que se importe chatarra, entonces que se incluya el requisito de verificación ambiental vigente del país de origen como ya se pide en este momento. Además de modificar las leyes que sean necesarias para impedir la existencia de asociaciones de empadronamiento, para que solo puedan circular por el país vehículos con placas expedidas por algún gobierno federal o estatal.

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