A raíz de la reforma energética implantada por el Estado Mexicano, fue posible la inversión privada nacional y extranjera en la generación de energía eléctrica.
Las empresas privadas (nacionales y extranjeras) que entraron al mercado energético mexicano a raíz de dicha reforma, tienen derechos adquiridos que NO pueden desconocerse unilateral y retroactivamente por la actual Administracion Pública Federal.
Las empresas privadas participantes en el mercado eléctrico, se dedican a la generación LIMPIA de energía aprovechando el viento (eólica) y la energía solar (foto voltaica).
Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genera electricidad a base de combustóleo o carbón cuya utilización ilegal viola el Protocolo de Kioto y los Acuerdos de Paris del 2015 que son tratados internacionales OBLIGATORIOS PARA EL ESTADO MEXICANO que los suscribió y ratificó.
Las obligaciones asumidas por el Estado Mexicano vinculan a todas las administraciones federales supervinientes que NO PUEDEN cambiar las reglas pactadas con base en las cuales se aceptó la participación de capitales privados en el sector energético.
El actual gobierno federal, por conducto de la Secretaria de Energía (Rocío Nahle), publicó el “Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” publicado en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada.
La verdadera razón de dicho acuerdo es la siguiente:
Se pretende infundirle “vida artificial” tanto a PEMEX como a la CFE utilizando el combustóleo mexicano cuyo uso ha sido prohibido internacionalmente por su alto contenido de azufre y sus efectos dañinos para el calentamiento global.
Como ningún otro país compra el combustóleo mexicano, el Gobierno Federal ha decidido que la CFE se lo compre a PEMEX, aunque los mexicanos respiren veneno, aparte del incremento inevitable en las tarifas eléctricas.
Los acuerdos y decretos como el que menciono aquí hoy, violan compromisos y contratos firmados con inversionistas privados nacionales y extranjeros con lo cual, se ocasiona quebranto al patrimonio nacional porque nos lleva a tener que indemnizar a los afectados pagándoles con cargo al Erario Federal es decir, a los mexicanos que pagan impuestos.
El interés superior de nuestra nación exige que los contratos se cumplan para beneficio del país. La cancelación arbitraria de esos contratos no debe permitirse porque nos priva de los beneficios de las energías renovables limpias, y nos sobrecarga con deudas en concepto de indemnizaciones que no podemos seguir acumulando en perjuicio del país.
Incumplir contratos firmes perjudica gravísimamente el prestigio de México que por ello está siendo visto como inseguro, sin ley, sin justicia, sin garantías y sin confiabilidad.
El “Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” ha dado lugar ya a múltiples demandas de amparo en las que los jueces de distrito han suspendido su aplicación.
A raíz de la avalancha de demandas de amparo, la CENACE o Centro Nacional de Control de Energía reanudó las pruebas operativas para 23 plantas de generación eléctrica (con energías limpias y renovables) con la intención inmediata de dejar sin materia las múltiples demandas de amparo interpuestas.
El que podamos llamar “ACUERDO NAHLE”, no solamente viola los derechos de los inversionistas que los adquirieron legítimamente durante la pasada administración federal, sino que viola tambien nuestros derechos humanos consagrados en el artículo 4º constitucional que a la letra dice:
Artículo 4º.- “…Toda persona tiene derecho A UN MEDIO AMBIENTE SANO para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”
A consecuencia del funcionamiento de la planta termoeléctrica de la CFE en Tula, Hidalgo, se estima que aproximadamente 25 000 personas morirán a causa de la contaminación que genera su utilización de combustóleo cargado de azufre.
Nada justifica que se nos imponga el consumo de energía eléctrica generada con carbón y combustóleo que envenena a la población y además tiene un costo superior a la energía eléctrica eólica o solar.
Nada justifica que se violen los acuerdos internacionales de protección ambiental y contra el calentamiento global. México se comprometió a reducir nuestras emisiones de monóxido de carbono y demás contaminantes comprendidos en el Protocolo de Kioto y los Acuerdos de Paris.
En esos tratados, México se obligó a promover y estimular la investigación y el desarrollo de nuevas formas de energía que protejan el medio ambiente global, lo cual se logra con la utilización de la energía eólica y la energía solar que, a diferencia de los combustibles fósiles, son limpias, más baratas y no contaminan en absoluto.
Si no fuera suficiente que el “Acuerdo Nahle” viola el Derecho Internacional contenido en el Protocolo de Kioto y los Acuerdos de Paris, hay que recordar un viejo tratado que data de hace 172 años y obliga por igual a Estados Unidos y a México. Ese viejo acuerdo fue firmado el 2 de febrero de 1848 y se conoce como Tratado de Guadalupe Hidalgo que sigue vigente en México por disposición del artículo 133 de nuestra Constitución Federal.
En Estados unidos se le conoce como U.S. Federal Law 9 Stat 922, y gracias a que sigue vigente, ha sido admitido en más de 200 juicios federales por Jueces de Distrito de los Estados Unidos.
En su artículo XXI establece que ni Estados Unidos ni México pueden tomar unilateralmente decisiones que puedan afectar al otro (1).
Los inversionistas privados afectados por el cambio ilegal de las reglas pactadas, pueden además acudir ante cualquier Juez de Distrito de los Estados Unidos invocando el articulo XXI del antiguo tratado VIGENTE, y obtener la declaración judicial de indemnizaciones cuantiosas que tendrán que ser pagadas por los ciudadanos mexicanos y no por el gobierno que viola esos acuerdos.
Cualquier juez federal de Estados Unidos es competente para conocer y resolver esas demandas en las que los inversionistas afectados habrán de invocar el Protocolo de Kioto y los Acuerdos de Paris, además de reclamar que el gobierno de incumplió su obligación de consultar, acordar y resolver previamente el ACUERDO con los Estados Unidos.
La economía nacional no puede resistir el doble efecto de las violaciones cometidas por nuestro Gobierno Federal:
No podemos prescindir del beneficio manifiesto de utilizar energías renovables, menos costosas eficientes y limpias.
Y menos podemos pagar a cambio de seguir generando electricidad con métodos obsoletos, contaminantes, venenosos e ilegales, MAS CAROS por doble partida: porque los recibos por consumo de electricidad se verán incrementados y porque tendremos que pagar indemnizaciones que no pueden siquiera calcularse.
La pérdida de credibilidad del Estado Mexicano es consecuencia directa del incumplimiento de nuestras obligaciones. Esa pérdida de credibilidad, se traduce en el encarecimiento de nuestros adeudos porque las calificadoras nos consideran indignos de crédito y eso redunda en el incremento de nuestra carga crediticia.
Como dice la canción recientemente estrenada, “Esto pasará”; el actual gobierno se irá cuando concluya este sexenio, pero el patrimonio nacional estará quebrantado y tardaremos muchos años en recuperarnos.
Cuando el actual presidente de la República se vaya de Palacio Nacional nos va a dejar embarcados con el típico mensaje: Cóbrenle a los mexicanos…
…al fin que “los de atrás pagan”…
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(1) Guadalupe Hidalgo, articulo XXI.
“Si desgraciadamente en el tiempo futuro se suscitare algún punto de desacuerdo entre los gobiernos de las dos repúblicas, bien sea sobre la inteligencia de alguna estipulación de este tratado, bien sobre cualquiera otra materia de las relaciones políticas o COMERCIALES de las dos naciones, los mismos gobiernos, a nombre de ellas, se comprometen a procurar de la manera más sincera y empeñosa a allanar las diferencias que se presenten y conservar el estado de paz y amistad en que ahora se ponen los dos países, usando al efecto de representaciones mutuas y de negociaciones pacíficas”.
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