Pocos negocios le reditúan tanto a las autoridades de la Ciudad de México como la invasión de inmuebles ruinosos o abandonados que, además, tiene la ventaja de proporcionarles cientos de miles de votos de grupos vulnerables obligados a invadir propiedades para provecho de servidores públicos corruptos.
La receta perfecta para cocinar grandes ganancias inmobiliarias es una legislación ambigua y oscura más un laberinto burocrático dedicado a cansar a los propietarios de casas, edificios y terrenos. Una vez que los propietarios se han agotado, rinden sus propiedades a la mafia del poder que hoy ha alcanzado hasta la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unción (1).
Las numerosas disposiciones legales en materia de dizque protección civil, de gestión integral de riesgos, de reconstrucción y demás normas similares, tienen por único propósito enredar a los propietarios damnificados en un laberinto indescifrable.
Las autoridades se aferran a sus inmuebles reteniéndolos por medio de grupos criminales como la Asamblea de Barrios o Vanguardia Ciudadana, a los que dirigen y manejan solapándolos a cambio de votos en los procesos electorales.
De un par de años a la fecha, he tenido la oportunidad de constatar de primera mano, el auténtico viacrucis que ha significado para muchos propietarios de inmuebles tratar de obtener justicia y recuperar inmuebles invadidos de esa forma.
Hay numerosos edificios en situación de alto riesgo de colapso que las autoridades se niegan a evacuar, porque para ellas la evacuación tiene efectos de desalojo y con ello tendrían que dejar ir a la apetitosa presa de muchísimos inmuebles en esas condiciones.
En teoría, tendrían que evacuar los edificios o casas de alto riesgo, pero al hacerlo, tendrían que identificar a los evacuados y determinar si tienen algún derecho legal para que, en su caso, se les restituya la posesión en la parte que ocupaban de los inmuebles evacuados.
¡Pero en la inmensa mayoría de los casos son despojadores que, además, son exconvictos recién salidos de prisión!
Desde las jefaturas delegacionales comenzó a desarrollarse el gran negocio del apoderamiento ilegal de inmuebles, hasta tal punto que la actual Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil castiga especialmente a los servidores públicos dedicados al lucro con grupos vulnerables.
Esto dicen los artículos 222 y 223 de la citada ley:
Artículo 222. La omisión en el cumplimiento de las medidas preventivas que generen una afectación a los grupos vulnerables o a la información pública por causas imputables al servidor público responsable del resguardo o expedición de la misma, se equiparará al delito de ejercicio ilegal del servicio público en términos de lo establecidos en el artículo 259 fracción IV del Código Penal para la Ciudad de México.
Artículo 223. El servidor público que, teniendo la obligación de custodiar, vigilar y evitar el asentamiento humano en zonas dictaminadas como de alto riesgo, promueva, autorice, permita o tolere la existencia de los mismos, será sancionado en los términos que establece el Código Penal de la Ciudad de México, además de las sanciones administrativas a que haya lugar.
¿Ha habido algún resultado a partir de la promulgación de estas disposiciones?
¡NINGUNO!
De nada sirve cambiarle de nombre a las leyes o transformar a Ernestina Godoy de procuradora a Fiscal, con el altísimo costo en papelería que el inútil cambio de nombre significa.
Lo que está en la ley es letra muerta, como si no existiera, en tanto lo que sí existe y le funciona muy bien a las autoridades impunes es el ININBI: Instituto de Invasiones Inmobiliarias para el Bienestar, es decir: para el bienestar de pejes y lagartos.
…
Notas:
(1) UNCIÓN. Arte de embarrar, untar, lubricar. También significa uncirse, agacharse, empinarse, ser servil o abyecto. En su segunda acepción, es la práctica habitual de los legisladores mexicanos pertenecientes al congreso de la Unción.
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