Una de las nuevas modalidades del despojo en la Ciudad de México consiste en apoderarse de casas y departamentos pertenecientes a personas de la tercera edad que viven solas.
Así como por todo el territorio nacional hay halcones dedicados a avisar sobre los movimientos de tropas y corporaciones policiacas, también los hay dedicados a monitorear las rutinas de ancianos que viven solos.
También hay halcones en las tesorerías, las alcaldías, el Registro de la Propiedad, archivos como el de notarías, en el SAT y en el INE; la extensa red de información para las bandas delincuenciales es sofisticada y eficaz.
Como es bien sabido, hay halcones en las sucursales bancarias, halcones que filtran información sobre las cuentas de ancianos, o que “ponen” a los cuentahabientes que hacen retiros importantes en efectivo.
Conocer la situación financiera de un adulto mayor que vive solo, permite anticipar el grado de reacción legal que puede oponer para recuperar su propiedad.
Gracias al espionaje existente, los grupos criminales pueden conocer la situación jurídica de todos los inmuebles que les interesan; pueden saber si existen embargos, hipotecas, litigios y herederos, o bien pueden saber si hay adeudos por predial y agua, con lo cual cuentan con datos suficientes para determinar la vulnerabilidad del inmueble y la posible indefensión de su propietario.
Una vez establecida la rutina que siguen los adultos mayores en sus actividades ordinarias, un buen día, mientras el anciano se encuentra fuera de su domicilio atendiendo sus quehaceres, un grupo de tres o más personas se introducen a su casa o departamento y después de vaciarlo, se instalan en el lugar a esperar lo que venga.
“Lo que venga”, en teoría, debería ser la llegada inmediata de las autoridades encargadas de atender con urgencia las denuncias de las víctimas de semejante novedad delictiva.
Pero “lo que venga” es lo que nada más no viene ni vendrá…
¡No existen protocolos de reacción inmediata que antepongan los derechos humanos de las víctimas, a los “derechos humanos” ¡de los delincuentes!
Al delincuente hay que concederle todas las oportunidades para que se defienda aunque sea mintiendo, mientras la víctima es llevada de Herodes a Pilatos en el interminable laberinto de la burocracia cómplice.
Las autoridades de la Ciudad de México NO están infiltradas por el crimen organizado, sino que SON la cabeza de las bandas criminales dedicadas a toda clase de delitos que, al amparo del poder, gozan de la más absoluta impunidad.
Las autoridades de la Ciudad de México son más bien los autores intelectuales de esta vasta gama de delitos inmobiliarios, cuyas ganancias ilícitas son de muchos cientos de millones de pesos de los que el fisco, por supuesto, no recibe ingreso alguno.
Para que hubiera justicia y Estado de derecho en México, tendríamos que incorporar una serie interminable de hipótesis:
Tendría que haber autoridades honestas y conscientes de que su obligación es servir a la ciudadanía que paga sus sueldos.
Tendría que haber capacidad profesional, moral, psicológica, ética, humana en los servidores públicos que adolecen de terribles deficiencias.
Tendría que haber honestidad y compromiso efectivo.
Tendría que existir voluntad de servicio y elemental respeto o empatía con quienes viven a merced de toda clase de delincuentes.
La corrupción que sostiene al inmenso negocio del despojo de inmuebles en la Ciudad de México, se extiende a notarios de los estados que otorgan escrituras apócrifas en las que los firmantes pueden ser hasta cadáveres resucitados mediante credenciales falsas del INE, expedidas por autoridades igualmente contaminadas de la incontenible corrupción.
Estoy próximo a recibir información documentada sobre la participación activa de un banco (¡un banco!) en el robo descarado de inmuebles a través de la fabricación de escrituras notariales en distintos sitios de la Ciudad de México…
Puede parecer inimaginable que una institución bancaria, cuyo principal activo es el CRÉDITO (es decir, la credibilidad) pueda dedicarse al latrocinio en asociación con las mismas bandas criminales que delinquen impunemente al amparo de las autoridades asociadas con ellas.
Tengo conocimiento de un caso concreto en el que una viejecita que fue despojada de su casa por individuos que conocían sus movimientos y aprovecharon su avanzada edad para despojarla. Sabían que la pobre mujer no tendría la menor oportunidad ante las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la que, lo único que ha cambiado es el nombre…
No existen protocolos eficaces para atender en forma inmediata y efectiva a los ancianos despojados, de manera que recuperen sus propiedades sin demora alguna, y que los perpetradores sean aprehendidos y encarcelados sin posibilidad de amnistías, perdones ni abrazos.
Desde luego que existe una ley de derechos de las personas adultas mayores de la Ciudad de México, cuyo artículo 5º, inciso B, fracción IV dice a la letra:
“Los adultos mayores tienen derecho:
…A recibir el apoyo de los órganos locales de Gobierno en lo relativo al ejercicio y respeto de sus derechos a través de las instituciones creadas para tal efecto como son: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de las Procuradurías competentes y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal”.
La FEDAPUR (Fiscalia Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana) es la responsable de atender los despojos de inmuebles cometeidos en la Ciudad de México, y especialmente está obligada a atender a los adultos mayores a los que debería servir con especial celeridad y eficacia.
NADA DE ESTO OCURRE.
¿Hasta dónde va a esperar la ciudadanía para hacer que las autoridades respeten sus derechos?
Los adultos mayores constituyen el grupo más vulnerable e indefenso de nuestra sociedad, para nuestra vergüenza.
Mientras más investigo sobre el trafico ilegal de inmuebles en la Ciudad de México, me doy cuenta que se acumulan cientos y cientos de carpetas de investigación que nadie investiga; en las que los ministerios públicos no hacen respetar los derechos de las víctimas; en las que las autoridades no impiden que los delitos se sigan cometiendo impuenemente…
Las autoridades le apuestan a la estadística macabra que les permite una corta expectativa de vida de las víctimas de la tercera edad que, una vez fallecidas, seguramente intestadas, dejan sus propiedades a merced de quienes impunemente las despojan.
Si alguna vez vio usted el programa “¿Qué nos pasa?” de Héctor Suárez, podrá imaginar a algún anciano atónito frente a un ministerio público cínico, cuya respuesta ante la denuncia de despojo que intenta presentar la víctima senil, responde descaradamente:
¡Ni modo abuelo: el que se fue a la villa, perdió su silla!
Lo malo es que esta historia no es imaginaria, sino real, y ocurre todos los días en la Ciudad de México con el beneplácito de las autoridades…
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Le agradecere que, si tiene conocimiento de alguna invasion o despojo, escriba a mi correo electronico para que podamos airear esos casos y propiciar por todos los medios que las cosas mejoren de verdad.
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