Desde la aparición del Covid-19, las circunstancias económicas mundiales han cambiado y seguirán cambiando a la baja en el corto, mediano y largo plazo.
SISTEMA AEROPORTUARIO.
La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue decidida calculando que el actual aeropuerto ya era incapaz de satisfacer la demanda creciente de usuarios, tanto de aerolíneas como de pasajeros.
Sin embargo, la pandemia actual ha dado como consecuencia inmediata la desaparición casi total de vuelos comerciales y del flujo de pasajeros. En consecuencia, el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez es más que suficiente para atender la reanudación del tráfico aéreo que tardará un tiempo impredecible en recuperar los niveles inmediatamente anteriores a la emergencia sanitaria.
Los términos y condiciones de los vuelos comerciales tendrán que adaptarse a la nueva realidad postpandémica bajo el peso de numerosas restricciones sanitarias preventivas.
El volumen de tráfico aéreo y la afluencia de pasajeros en este momento son prácticamente nulos, pero además, no repuntarán por decreto presidencial y difícilmente volverán a tener los volúmenes inmediatamente anteriores a la aparición del Covid-19.
¿Qué significa esto para efectos prácticos?
En vista de la disminución drástica de la demanda aeroportuaria, el Ejecutivo Federal debe actuar en acatamiento a los artículos 25º y 26º constitucionales, y cancelar la construcción del ahora innecesario Aeropuerto Felipe Angeles en Santa Lucía (Estado de México).
El proyectado “Sistema Aeroportuario de la Ciudad de México”, integrado por el actual Benito Juárez, el de Toluca y el de Santa Lucía, ya no tiene justificación en el balance costo/beneficio. Nada justifica la continuación de un proyecto diseñado para satisfacer una demanda que ahora es inexistente.
En este momento es necesario que la sociedad civil organizada haga valer lo ordenado en los artículos 25 y 26 de la Constitución que regula la planeación democrática del desarrollo nacional.
Esto significa que el Ejecutivo Federal debe suspender de inmediato las obras de construcción en Santa Lucía y convocar a la ciudadanía y a la sociedad civil organizada para revisar el escenario postpandémico y decretar la cancelación del Aeropuerto Felipe Angeles.
En este momento, LA PRIORIDAD ABSOLUTA es canalizar todos los recursos disponibles hacia la preservación de la planta productiva, de las fuentes de trabajo y la recuperación económica.
POLÍTICA PETROLERA
En cuanto a la industria petrolera se refiere, el Ejecutivo Federal está obligado a revalorar toda la política energética ante la nueva realidad impuesta por el Covid-19 a los mercados internacionales de hidrocarburos, y a las economías del mundo.
La refinería de Dos Bocas debe suspenderse de inmediato. No se pueden hacer apuestas a un futuro incierto, ni derrochar recursos de los contribuyentes en proyectos que carecen de sentido ante la retracción del mercado petrolero internacional.
La industria petrolera debe analizarse en relación costo/beneficio, y decidirse sobre su futuro en función de las ganancias o pérdidas que puede significar para el patrimonio nacional.
Tomando en cuenta los efectos sin precedente de la actual pandemia deberá decidirse la cancelación definitiva de esta refinería innecesaria y canalizar para la atención de otras prioridades urgentes los recursos originalmente destinados a su construcción. Los recursos liberados por la cancelación de Dos Bocas, deben encauzarse hacia quienes construyen el presente en la planta productiva.
EL TREN MAYA
Finalmente, la industria turística mundial inseparable del tráfico aéreo y marítimo tambien permanecerá disminuida por un largo tiempo cuya duración actualmente es imposible calcular o predecir.
Al igual que con los proyectos aeroportuarios y de refinación, el Tren Maya debe suspenderse de inmediato mientras se realiza un control de daños y una prospectiva realista que tome en cuenta los factores de viabilidad, pero sobre todo, los derechos humanos de los pobladores de las zonas potencialmente afectadas por el ferrocarril, sin pasar por alto el impacto ambiental.
El actual gobierno de la República no puede continuar proyectos que son inviables ante los cambios impuestos por las causas de fuerza mayor derivadas de la pandemia Covid-19.
Los artículos 25 y26 constitucionales no hablan de concederle prioridad a la agenda personal de quien quiera que ocupe la Presidencia de la República. Estos artículos de la Constitución Federal, son más que claros al establecer los lineamientos a los que debe apegarse el Gobierno Federal para ejercer la rectoría económica del Estado.
La planeación democrática del desarrollo no puede dictarse unipersonalmente por el presidente actual; tiene que diseñarse de común acuerdo con todos los actores participantes de la economía nacional.
¿Qué se puede y debe hacer?
Se le debe pedir por escrito al Ejecutivo Federal que suspenda de inmediato esos tres proyectos. Esto es indispensable para que de manera democrática se escuche a los representantes de la Iniciativa Privada y del Sector Social, analizando la realidad nacional de manera objetiva, con datos estadísticos reconocidos, y con la asesoría de instituciones educativas de alto nivel y con la intervención de expertos reconocidos.
La única forma eficaz de comunicación con el Ejecutivo Federal, es a través de los canales estrictamente constitucionales, como lo marca el artículo 8º de la Constitución. El ejercicio escrito del derecho de petición es la única comunicación que no admite ambigüedades ni evasivas.
Hay que pedir en concreto:
-Suspensión inmediata de las tres obras mencionadas;
-Revisión profesional de su viabilidad y rentabilidad.
-Cancelación definitiva.
-Reasignación de los recursos liberados a favor de la preservación de la planta productiva, los puestos de trabajo y la recuperación económica.
Si el actual presidente no se conduce con apego a los artículos 25 y 26 de la Constitución, se debe acudir en demanda de amparo ante el Poder Judicial Federal.
Los gobernadores de los estados, e incluso los presidentes municipales, pueden exigir al presidente de la República que acate la voluntad popular que reclama apoyo sustancial para recuperarnos de los efectos de la actual pandemia.
En cuanto a demandar el amparo de la Justicia Federal, la lucha no depende de la suspensión provisional de las obras ni de su posible denegación; el juicio de amparo va mucho más allá y solamente termina cuando la autoridad judicial competente, otorgue el amparo o lo niegue.
No debemos olvidar que existen tribunales internacionales competentes para poner en orden al Gobierno de México en caso necesario. Es conveniente destacar que la República Federal Alemana se proclama como defensora y garante de los Derechos Humanos en todo el mundo.
No podemos permitir que se nos impongan autoritariamente proyectos inviables. Los mexicanos no podemos darnos el lujo de permitirle al presidente en turno, que nos lastre el futuro bajo el PECIO (1) de sus caprichos personales.
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Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española:
PECIO. Restos de un naufragio; en este caso, el naufragio de México que debemos y podemos evitar.
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