Cualquier mexicano que se haya visto obligado a recurrir (en vano) a las autoridades buscando justicia, inicia un larguísimo camino cuyo recorrido es la secuela inevitable de cualquier delito del que haya sido víctima.
La llegada de la Señora Sheinbaum al trono de la única ciudad federativa de la república, no ha traído ni la mínima sombra de mejoría para los muchos miles de víctimas del delito más lucrativo después del narcotráfico: el despojo de inmuebles.
En las semanas recientes hemos publicado en este espacio una investigación de primera mano, sobre el inmenso negocio inmobiliario que explotan en asociacion delictuosa las autoridades capitalinas y sus cómplices invasores de casas, terrenos y edificios.
La semana pasada recibí un correo electrónico en el que un lector me compartió el caso de la Inmobiliaria Antigua La Piedad S.A.
La referida empresa es dueña de un edificio ubicado en Avenida Cuauhtémoc 166 en la colonia Doctores, de la infame municipalidad de Cuauhtémoc.
El representante legal de la inmobiliaria víctima del despojo, presentó denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hace “nada más” ocho años.
Su denuncia dio inicio a la averiguación previa FCHCUH-2T2 75211-03.
Con gran velocidad, y “nada más” 6 años después, el 9 de junio de 2017, se realizó el aseguramiento del inmueble, que según el representante legal de la víctima, sigue “asegurado” por la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, de la Procuraduria General de Justicia que hoy está a cargo de la defensora de los derechos humanos, Ernestina Godoy Ramos.
(Las cosas de palacio, van despacio…)
INEXPLICABLEMNTE, la fiscalía que aseguró el inmueble, NO detuvo a los delincuentes sorprendidos en FLAGRANCIA ocupando el edificio despojado, sino que les permitió organizar un plantón “electoral” sobre las banquetas aledañas al edificio invadido, porque se trata de “UN TEMA SOCIAL” de esos que la señora Sheinbaum antepone a las sentencias judiciales y a las órdenes de ejecución dictadas por jueces federales.
Lo anterior evidencia la complicidad activísima y la asociacion inocultable entre el gobierno de la ciudad de México y los grupos delincuenciales que operan bajo el cobijo de la jefa de Gobierno, la Procuraduría de Justicia, y los jueces del ex Distrito Federal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el despojo es un delito continuado, cuya perpetración persiste ininterrumpida hasta que alguna autoridad decida cumplir y hacer cumplir la ley, sin interpretaciones personalísimas como las de la señora Sheinbaum y sus “temas sociales”.
La procuradora Godoy Ramos, ha reconocido que el negocio de las invasiones es más grande de lo que pensaba…
(Y seguramente más jugoso, ¿verdad?).
Ante lo establecido por la Suprema Corte, todos los invasores de casas, terrenos y edificios, se encuentran en flagrancia, y en consecuencia, NO BASTA “dizque asegurar” los inmuebles, sino que hay que ENCARCELAR a los invasores que sean sorprendidos ocupando ilegalmente el inmueble de cualquier ciudadano.
¿Qué justificación hay para que los delincuentes que fueron expulsados del edificio de Avenida Cuauhtémoc 166, permanezcan amenazantes sitiando esa propiedad en vez de estar confinados en Almoloya o algún otro reclusorio?
¡NO HAY JUSTIFICACIÓN ALGUNA!
En este caso, la organización criminal responsable del despojo, es el BARZÓN POPULAR, que además tiene sus activistas femeninas de nombres Sandra Valdés Cárdenas y Nora Maria Pineda Mendoza.
Estas señoras promovieron juicios de amparo en contra de las autoridades penales y los magistrados que conocieron sus demandas las declararon improcedentes…
…PEROOOO para eso está Claudia Sheinbaum que anula sentencias judiciales a su gusto alegando que tratándose de “temas sociales” , los “pobrecitos delincuentes” tienen que ser protegidos por el gobierno de la CDMX.
¿Y los dueños legítimos?
¡Los dueños legítimos, como buenos fifís, que se chinguen!
La agente investigadora del Ministerio Publico Lic. Diana Sonia García, intentando cumplir su deber y hacer justicia, le giró oficios al Secretario de Gobierno de la CDMX, Lic. Guillermo Orozco Loreto, para que desalojara el plantón con el que los despojadores se mantienen aferrados a su presa.
El distinguido Secretario de Gobierno, desobedeció los requerimientos de la Fiscalía, lo cual es otro delito.
Los despojadores que acamparon impunemente aferrados a su botín, volvieron a meterse al edificio, y la pesadilla de la inmobiliaria atropellada, no tiene para cuando terminar.
¡Pero eso sí!
La Tesorería de la CDMX cobra impuestos prediales con una voracidad leonina y sin misericordia.
Los propietarios de inmuebles en la ciudad de México; tanto los invadidos como los que no lo han sido, deberían EMBARGAR y RETENER el pago de impuestos prediales, mientras las autoridades capitalinas no respeten y hagan respetar la propiedad privada.
La ciudadanía no puede seguir condenada a vivir en verdadero laberinto de la soledad, a merced de los grupos delincuenciales asociados con los gobiernos “de izquierda” que se adueñaron de la capital de la república desde la llegada del PRD al gobierno de la ciudad.
Los miles de propietarios agraviados, deberían unirse y presentar demandas colectivas contra el gobierno de la CDMX, y sitiar legalmente a la Asamblea Legislativa; PERO SOBRE TODO, EMBARGAR Y RETENER EL PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES, que cualquier juez federal autorizaría si se le presenta una demanda de Amparo bien planteada.
El mal gobierno abusa, hasta donde el pueblo lo permite.
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