Derecho de piso

¿Cómo ha sido posible que la invasión de inmuebles en la CDMX haya alcanzado las proporciones incontroladas que han convertido a la capital en tierra...

6 de febrero, 2019

¿Cómo ha sido posible que la invasión de inmuebles en la CDMX haya alcanzado las proporciones incontroladas que han convertido a la capital en tierra de nadie?

Según datos oficiales, hay 18,000 inmuebles invadidos en el ex Distrito Federal; y tan sólo en la hoy municipalidad de Cuauhtémoc, más de 700.

Más preocupante que las invasiones mismas, es la inocultable y flagrante complicidad de TODAS las autoridades de la ciudad de México, bajo cuyo cobijo ha florecido un muy bien organizado negocio que tiene acceso irrestricto al Registro Público de la Propiedad, al Archivo de Notarías, y a la Tesorería de la CDMX,  sin olvidar el Registro Civil.

Las autoridades de la Ciudad de México que están involucradas en el negocio de despojos selectivos, se valen de todos los medios a su alcance,  para  apoderarse de predios, casas y edificios, simulando expropiaciones sin causa alguna de utilidad pública; valuaciones irrisorias de los bienes elegidos para su pillaje, y desde luego, la complicidad incondicional de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX.

Organizaciones criminales como la Asamblea de Barrios y el Frente Francisco Villa, entre muchas otras,  han florecido y prosperado bajo el cobijo clientelar del PRD que mediante este tráfico ilegal, mata dos pájaros de un tiro: Se asegura votos y participa en el negocio en asociacion con sus fieles votantes.

Los inmuebles más vulnerables son los abandonados o los que tienen conflictos sucesorios  o de otra clase de litigios, cuyos datos son obtenidos  por las bandas criminales, gracias al apoyo de las autoridades que les pasan información tanto pública como reservada, procurando invadir predios, casas y edificios que no tengan dueños, o en su caso, se encuentren en disputa judicial.

Uno de los procedimientos que constituyen el “modus operandi” de las autoridades capitalinas, es el de iniciar procedimientos de “expropiación”  extorsionando a los dueños mediante un regateo en torno al monto de las indemnizaciones constitucionales,  aplicando un “tómalo o déjalo”  que no  siempre les funciona.

Lo anterior lo hacen a sabiendas de que violan la Ley de Expropiación que claramente ordena que se paguen los bienes expropiados A VALOR COMERCIAL VIGENTE, y no a precios de “quemazón”.

Las autoridades corruptas también se valen de las cuentas prediales y los derechos de agua y otros adeudos para acorralar a propietarios que no pueden contratar abogados competentes que los defiendan de los latrocinios sistemáticos que los gobiernos perredistas han convertido en su mina de oro y su caja chica.

Para muestra basta un botón:

El artículo 18, inciso “d” de la Ley de Protección Civil de la ciudad de México previene la existencia de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a emergencias y riesgos.

Sin embargo, resulta que la Unidad de Protección Civil en Cuauhtémoc, (por ejemplo), dice que esa jefatura de emergencias y riesgos, ¡NO EXISTE!

¿Cómo es posible que una unidad indispensable para atender emergencias y riesgos NO EXISTA?

La razón de su inexistencia, es poder “nadar de muertito” y declararse incapaces de atender emergencias y riesgos porque según la Unidad de Protección Civil en Cuauhtémoc, carece de facultades…

Esto, por supuesto, no es cierto; pero de esa manera las autoridades de la CDMX se echan la pelota unas a otras, trayendo a los infelices gobernados, de Herodes a Pilatos sin darles jamás una solución concreta y efectiva en la protección de su patrimonio.

Por eso la CDMX, como gran parte del país, es tierra de nadie.

Los edificios y casas dañados por los sismos de 1985 y del 19 de septiembre de 2017, son construcciones antiguas  y deterioradas, cuyos dueños las abandonaron o si no las han abandonado, se encuentran invadidas por los socios del gobierno capitalino.

A las autoridades del gobierno de la CDMX, NO les importa en absoluto utilizar a sus votantes cautivos como carne de cañón, capitaneándolos por medio de organizaciones como Asamblea de Barrios, para apoderarse de edificios y casas que luego se apropian  y comercian con promotores inmobiliarios “favoritos” con los que realizan negocios redondos.

Naturalmente que los  desarrolladores consentidos de la mafia del poder de la CDMX, tienen vara alta para conseguir usos de suelo, licencias, permisos, exenciones, protección e impunidad.

Así lo reconoció oficial y públicamente Ricardo Monreal cuando era delegado en Cuauhtémoc,  cuya zona es la Meca de las invasiones inmobiliarias en el ex D.F.

El “derecho de piso” no solamente consiste en el cobro de una renta a cambio de “protección” a negocios, oficinas, comercios o talleres; el DERECHO DE PISO tambien abarca el tráfico de terrenos, edificios, casas, naves industriales, bodegas y demás inmuebles en una intrincada complicidad.

Esta mafia  comprende jueces civiles y penales;  jueces de distrito en materia administrativa y en materia civil; ministerios públicos, policías, jefes delegacionales (ahora llamados Alcaldes), la mismísima Procuraduría de Justicia de la CDMX, el Registro Público de la Propiedad, el Registro Civil, la Tesorería,  y en general todas las dependencias que pueden proporcionar información y apoyar el robo sistemático de inmuebles en la capital del país.

Las autoridades del sistema de “dizque” protección civil, son pieza clave en el tráfico ilegal de inmuebles, porque las leyes en la materia estan intencionalmente diseñadas y redactadas con ambigüedad, para permitir interpretaciones tendenciosas y discrecionalidad arbitraria.

Calificaciones de “alto riesgo” y condiciones de “emergencia” son parte de un tabulador comercial que determina los precios de los sobornos, las gratificaciones,  los regalitos, las prebendas y demás canonjías colaterales en el tormentoso caudal de la corrupción incontenible.

La actual  Jefe del Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que es su intención limpiar la administración pública de la capital federal.

Habrá que ver cuántos y qué callos está dispuesta a pisar, para ponerle fin a este nefasto tráfico inmobiliario  del  DERECHO DE PISO.

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