La seguridad pública del país acaba de ser encomendada expresamente al Ejército y a la Marina.
Lo ordenado por el actual presidente de la República, nada tiene de nuevo.
El Artículo 89, fracción VI, dice a la letra:
Articulo 89.- “Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.
Como puede apreciarse de lo ordenado por este Artículo de la Constitución, lo que López Obrador acaba de hacer, nada tiene de nuevo aunque para variar, estuvo mal hecho.
¿Por qué digo que estuvo mal hecho?
Estuvo mal hecho, porque López Obrador debería utilizar los mecanismos constitucionales diseñados ESPECÍFICAMENTE para enfrentar situaciones extremas de violencia como las que vive México.
Ese mecanismo se llama SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS precisa CON TODO DETALLE, la forma y términos en que se restringirán ciertas garantías constitucionales.
Lo anterior es indispensable para que pueda combatirse al crimen ORGANIZADO con una fuerza profesional ORGANIZADA como lo es el Ejército Nacional y la Marina.
El arma más poderosa que podemos darle al Ejército y a la Marina, es LA FUERZA DEL DERECHO para que pueda ejercer con total legitimidad EL DERECHO DE LA FUERZA.
No es suficiente el acuerdo presidencial recién publicado en el Diario Oficial. No basta ejercer la facultad presidencial del Artículo 89, fracción VI, de la Constitución; es necesario reforzar esta acción con el mecanismo previsto en el Artículo 29º constitucional. (1)
Hace falta un DECRETO DE SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS que ha sido indebidamente descalificada como “Estado de sitio” o “Ley marcial”. Suspender garantías no significa resucitar a Pinochet ni a Victoriano Huerta. La suspensión de garantías constitucionales en realidad es un mecanismo para PROTEGER a los ciudadanos evitando que haya daños colaterales y que paguen justos por pecadores.
Aquello de ¡mátalos en caliente! tiene sus asegunes. Matar a un delincuente después de haberlo aprehendido, sería una violación de sus derechos humanos. Matar a un sicario o a cualquier delincuente violento REPELIENDO “EN CALIENTE” su fuego, es obligación y DERECHO HUMANO de todo soldado, de todo marino y de todo policía.
Ninguna autoridad civil ni militar puede ni debe válidamente ordenarle a nuestros soldados, marinos y policías, que se dejen ultrajar ni a ellos en sus personas, ni a los símbolos patrios que portan en sus uniformes.
Para ponerlo aún más claro: Mientras un delincuente tenga las armas en la mano, es un enemigo de la sociedad que debe ser abatido por las fuerzas legítimas del Estado Mexicano.
Mientras un delincuente armado no se haya rendido es un peligro mortal para nuestros soldados, para nuestros marinos y policías y, por supuesto, un peligro para todos nosotros. La única alternativa en este caso es combatirlo hasta que caiga abatido o sea aprehendido y sometido.
Hay otro aspecto no menos eficaz para combatir al CRIMEN ORGANIZADO. Aprovecho esta oportunidad para referirme a la hoy famosa Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. El crimen organizado es ANTE TODO, UN NEGOCIO.
¿Qué mejor forma de hacerlo INCOSTEABLE, que desplegando los mecanismos de INTGELIGENCIA FINANCIERA del Estado Mexicano, para cerrarle todas las vías bancarias, bursátiles, mercantiles y logísticas incluyendo hackear sus correos electrónicos y sus cuentas bancarias?
Si de mí dependiera, pediría ayuda a los Servicios Secretos de Israel (MOSSAD) que, en mi opinión, son los mejores del mundo. Lo anterior, sin perjuicio de celebrar convenios específicos de cooperación en SERVICIOS DE INTELIGENCIA con la República Popular China, con la Unión Europea y con los Estados Unidos.
No es fácil combatir al crimen organizado cuando existen diputados federales que lideran bancas criminales; cuando las fiscalías NO son autónomas y no investigan ni persiguen a la delincuencia; cuando el Poder Judicial Federal tiene magistrados de circuito y jueces de distrito coaligados con otros servidores públicos dedicados a la invasión y despojo de inmuebles.
La proclama de “CERO CORRUPCIÓN” debería hacerse efectiva aplicando castigos severísimos a los servidores públicos que aprovechan sus cargos para delinquir. Deberían ser castigados como TRAIDORES A LA PATRIA.
No, no es tarea fácil.
El Presidente de la República en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Nacionales, debe vigilar celosamente que se cumpla el mandamiento sagrado que puede leerse en la hoja del espadín de los cadetes del Heroico Colegio Militar:
¡NO ME SAQUES SIN RAZÓN, NI ME GUARDES SIN HONOR!
….
Artículo 29º … podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación;
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