El actual “gobierno federal” está buscando dinero hasta debajo de las piedras.
Al son de la proclamada “austeridad republicana”, se encubre un subejercicio del gasto público que afecta al sector salud especialmente, pero también a muchas otras áreas de la administración pública.
Siguiendo un mismo modus operandi, el Ejecutivo Federal lanza buscapiés legislativos para sondear la reacción de la opinión pública y luego recula o sigue adelante, dependiendo de la respuesta social.
¿Para qué otra cosa será que el actual presidente quiere disolver todos los fideicomisos públicos, si no es para apropiarse de sus fondos fiduciarios con el mismo propósito electoral?
¿Para qué otro objetivo se intentó reducir los sueldos y cancelar aguinaldos de funcionarios de nivel medio y superior de la administración pública?
¿A dónde iban a ir esos ahorros? Al fondo electoral de AMLO.
El INFONAVIT no ha escapado a la voracidad de la máquina devoradora de fondos públicos, cuyo único propósito es sostener los programas de dádivas (sembrando el futuro, servidores de la nación, adultos mayores) para todos aquellos cuyo voto pueda comprarse a bajo precio.
El INFONAVIT es una institución financiera que ya no construye vivienda, sino que se maneja a traves de las cuentas individualizadas de los trabajadores y NO recibe fondos del gobierno federal. Sin embargo, la llamada “4T”, decidió imponer al Consejo del INFONAVIT una iniciativa para que los créditos cuyo pago alcance el 90% del saldo total, se condone el 10% restante.
Ese “pequeño descuento” significa un golpe fatal para la viabilidad de su funcionamiento. Esta medida genera un quebranto grave en el patrimonio del INFONAVIT, con efectos directos sobre los derechos de los trabajadores.
Esto es una violación a las cuentas y a los particulares, toda vez que ese 10% lo terminan pagando los ahorradores que no han sido beneficiados ya que sus cuentas sufrirán una minusvalía para cubrir ese diferencial.
El activísimo desmantelamiento de fideicomisos, y la desviación de recursos federales hacia “quien sabe dónde”, tienen como propósito inmediato hacer acopio ilegal de recursos públicos para “SOLTARLOS EN EL MOMENTO OPORTUNO”, es decir, para la compra de votos en 2021.
La fusión de la Comisión Reguladora de Energia, de la Comisión Federal de Competencia y el Instituto de Telecomunicaciones en un solo organismo “para el bienestar” tiene la misma finalidad: acumular la mayor cantidad de dinero posible para asegurar la compra de la próxima legislatura al Congreso de la Unión y todas las gubernaturas y legislaturas estatales que sea posible.
¿Por qué será que no hay medicamentos para los niños con cáncer en los hospitales públicos?
¿Por qué motivo faltan instrumentos y equipo indispensable en el sector salud?
Por la misma democrática razón de asegurarle una victoria electoral al nuevo partido oficial.
¡Ahora AMLO quiere DESAFORAR a los trabajadores!
Las AFORES también están en la mira del actual “gobierno federal” que no oculta su intención de fusionarlas (todas) bajo control del Estado a fin de incrementar la capacidad presidencial para la compra de votos en 2021, 2022 y por supuesto, 2024.
¿Qué se puede hacer para ponerle fin al desvió de fondos públicos que viene cometiendo la 4T?
Hay dos formas:
Los gobernadores, las legislaturas de los estados, los partidos de oposición en el Congreso Federal, podrían, si quisieran, exigir a la Auditoria Superior de la Federación y a la mismísima Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP que expliquen a dónde se están canalizando los recursos pertenecientes a los fideicomisos desmantelados; que expliquen e informen cómo es posible el subejercicio del presupuesto federal aprobado, y dónde se está “guardando”.
López Obrador se atrevió a denunciar que los ocho gobernadores que estan pidiendo ayuda federal para atender a sus gobernados, ¡en realidad quieren ese dinero para comprar votos!
Los gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Jalisco, Colima y Guanajuato, deberían ejercer los derechos de sus entidades ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si la Suprema Corte cerrará sus puertas al reclamo de los gobernadores, deberían llevar su reclamo hasta el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas e incluso a los tribunales internacionales.
López Obrador no tiene que recurrir al endeudamiento, porque tiene acceso directo a “la caja” y con la ayuda de sus empleados legislativos desvía y oculta recursos públicos para no tener competencia en la gran subasta electoral que se avecina.
Para impedir la compra ilícita de votos por Obrador, los gobernadores deberían acudir al INE y denunciar el acopio ilícito de recursos federales desviados por el actual gobierno, porque no hay duda de que MORENA solamente puede retener su mayoría mediante la compra de votos a como dé lugar.
¿Pero qué pueden hacer los trabajadores cuyos ahorros apetece el presidente de la República?
Me queda claro que al actual presidente de la República eso del “estado de derecho” le hace lo mismo que el viento a Juárez, (como él mismo suele decir).
No todo está perdido, por fortuna.
Obrador ignora lo que disponen el artículo 74 de la Ley que rige las AFORES y dice lo siguiente:
ARTÍCULO 74.- LOS TRABAJADORES AFILIADOS TIENEN DERECHO A LA APERTURA DE SU CUENTA INDIVIDUAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN LA ADMINISTRADORA DE SU ELECCIÓN.
López Obrador NO PUEDE arrebatarles a los trabajadores el derecho a elegir libremente a qué AFORE le encomienden la administración de sus ahorros para el retiro.
López Obrador podría crear una AFORE del gobierno federal, e invitar a los trabajadores a confiarle sus ahorros para que él “se los administre”…
Por muy dueño y señor que Obrador sea del Poder Legislativo sus diputados y senadores NO PUEDEN sustituir ni ignorar EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES A ELEGIR LA AFORE DE SU PREFERENCIA.
Cualquier ley cuyo propósito sea arrebatarles ese derecho a los trabajadores, seria directamente violatoria de la Constitución Federal y de sus derechos humanos.
Indudablemente que en caso de que Obrador se lance sobre las AFORES, procedería el amparo de la Justicia Federal para proteger a esos trabajadores cuyo derecho de elección libre AMLO no puede arrebatarles.
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