Los que se han acercado al actual presidente de la República a nombre de los empresarios, estan equivocando el camino.
Las reuniones de los representantes empresariales con López Obrador NO SON VISITAS SOCIALES, son actuaciones regidas por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y su reglamento.
En consecuencia, los representantes empresariales tienen derecho a exigir que se levanten actas pormenorizadas de esas reuniones oficiales, siguiendo al pie de la letra lo que ordena el artículo 67 del Reglamento Federal de Procedimiento Administrativo.
Al actual titular del Poder Ejecutivo Federal, no hay que acercársele como si fuera un rey para suplicarle favores y gracias que además no puede dispensar o negar como si fuera Nerón.
Hay que ejercer ante la Presidencia de la República, el derecho de petición contenido en el artículo 8º constitucional que a la letra dice:
Artículo 8º.- “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”
El breve término en el actual estado de emergencia sanitaria, significa DE INMEDIATO.
La única forma de obligar a López Obrador a conducirse CON RESPETO por los ciudadanos, es promover las peticiones exigiendo que sus escritos sean sellados con el acuse de recibo por la Oficialía de Partes de la Presidencia de la República.
A partir del momento en que la petición constitucional escrita es recibida por la Presidencia de la República se hace exigible la respuesta inmediata del presidente conforme amerita de acuerdo al estado de emergencia sanitaria.
Si los representantes empresariales solicitan por escrito constitucional la implementación de los 68 puntos planteados por el Consejo Coordinador Empresarial, el actual presidente de la República tiene que responder PUNTO POR PUNTO mediante un acuerdo escrito en el que funde y motive legalmente la razón por la cual se accede o se niegan las peticiones empresariales.
Los empresarios deben dejarle BIEN CLARO a López Obrador, que existe una inmensa diferencia entre rescatar potentados corruptos, y RESCATAR DAMNIFICADOS DE LA PANDEMIA.
En el escrito constitucional QUE LOS EMPRESARIOS NO LE HAN PRESENTADO a López Obrador, deben anexar PRUEBAS estadísticas y periciales así como documentos oficiales, que acrediten la necesidad NACIONAL de proteger el EMPLEO, LA PLANTA PRODUCTIVA y LA RECUPERACION ECONOMICA.
Los empresarios deben acreditar LEGALMENTE que sus peticiones son de interés público y que deben ser tratadas con absoluta prioridad.
Es momento de que se unan en un frente amplio los organismos empresariales (COPARMEX, CCE, Consejo Mexicano de Negocios…) y las grandes centrales obreras (Congreso del Trabajo, CTM, CROC, CROM, FTSE y la CNOP) junto con los micro empresarios y los que trabajan en el sector informal.
Debemos hacer cumplir el artículo 39º del Código Fiscal de la Federación de manera que el Ejecutivo Federal les otorgue todos los apoyos y beneficios fiscales a los ciudadanos golpeados por la crisis sanitaria.
EL Servicio de Administración Tributaria NO es nuestro acreedor.
El SAT recauda los impuestos cuyo propósito es sufragar el GASTO PÚBLICO.
El gasto público en este momento de EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, tiene únicamente tres prioridades:
1.- COMBATIR LA PANDEMIA.
2.- Preservar LA PLANTA PRODUCTIVA, protegiendo el EMPLEO.
3.- Asegurar la RECUPERACIÓN ECONÓMICA.
El escrito de petición constitucional que los empresarios deben presentarle al actual presidente de la República, debe concluir pidiendo que se acuerden los 68 puntos contenidos en el documento presentado recientemente por el Consejo Coordinador Empresarial.
Es indispensable que lo presenten ante la Oficialía de Partes de la Presidencia de la República, cuyo acuse de recibo garantiza a los solicitantes que el Ejecutivo Federal tendrá que responder DE INMEDIATO, fundando y motivando la causa legal por la cual acepta o rechaza las peticiones de los empresarios.
Esto lo ordena el artículo 43 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
La primera gran ventaja de presentar una petición constitucional escrita, es que si el Ejecutivo Federal responde de manera insatisfactoria, pueden acudir directamente ante el Poder Judicial Federal en demanda de amparo para preservar los derechos humanos de millones de afectados.
Si el Poder Judicial Federal no responde como le ordena la Constitución Federal, los representantes empresariales, organizaciones sindicales, la sociedad civil a través de sus organismos y la ciudadanía en general, podrían acudir a los Organismos Internacionales de Derechos Humanos cuyas resoluciones obligan al Estado Mexicano.
En lo personal me sorprende inmensamente que los líderes sindicales independientes y el sector empresarial no hayan formado todavía un frente común para obligar al actual gobierno federal a cumplir con sus más importantes obligaciones que son:
Preservar la planta productiva, proteger el empleo y hacer posible la recuperación económica.
Estos objetivos son indispensables para proteger a millones de familias que dependen de las fuentes de trabajo.
Lo que hasta ahora ha permitido a López Obrador conducirse como emperador, es que los representantes empresariales se le han acercado pidiendo favores y gracias virreinales, en vez de ejercer el SENCILLO Y CONTUNDENTE DERECHO CONSTITUCIONAL DE PETICIÓN en términos del estado de emergencia sanitaria.
Aquí no se trata de acciones “anti AMLO”, se trata de que los mexicanos en calidad de CIUDADANOS podemos forzar legalmente al mismísimo presidente de la República haciéndolo cumplir la Constitución y todas las leyes que rigen el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal según lo establece el artículo 87 constitucional.
Es indispensable que los mexicanos nos unamos y ejercitemos directamente nuestros derechos sin esperar la intermediación del Poder Legislativo.
Cada quien por su lado, no es la solución.
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