¡¿Cómo no se nos había ocurrido?!
¿Qué mejor solución para los millares de desaparecidos en México, que emitir una ley que prohíba y castigue la desaparición forzada de personas vivas? (¿Habría que promulgar otra ley que prohiba la desaparición de personas muertas?).
Fue así como el Congreso de la Unción, ha emitido una ley que a partir de su promulgación, garantizará que ningún mexicano desaparezca vivo sin dejar rastro. (¿Los muertitos comen aparte?).
Como el artículo 14º de nuestra Constitución prohíbe la aplicación retroactiva de la ley, esta nueva obra legislativa no podrá aplicarse para buscar, encontrar y reaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa, ni a ningún otro desaparecido con anterioridad a su promulgación.
Solamente será aplicable a los que desaparezcan en el futuro.
La flamante ley viene equipada con un glosario de vocablos técnicos para la mejor comprensión de los gobernados y de las autoridades encargadas de guardarla y hacerla guardar (que, como ya hemos dicho, no es lo mismo que cumplirla y hacerla cumplir).
Por si fuera poco, la nueva legislación crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que, ante la cantidad ingente de desaparecidos, asegura ponerle fin al problema del desempleo.
Cientos de mexicanos desempleados podrán incorporarse a las filas de buscadores, con lo cual tendrán un empleo prometedor, porque me parece poco probable que se terminen las desapariciones de vivos (y de muertos) por obra y gracia de lo recién legislado.
La más reciente obra de los legisladores apareja una verdadera cascada de nuevas instituciones tales como el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y sus respectivas comisiones estatales y municipales.
Una cosa es segura: el gobierno no tendrá que andar buscando candidatos para ocupar los múltiples cargos disponibles en el nuevo Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; los candidatos a esos jugosos empleos, aparecerán solitos.
Esta ley portentosa, nos trae nuevas garantías nunca antes vistas:
Se garantiza la protección de los derechos de las personas desaparecidas, mientras se descubre su paradero y reaparecen; (el equivalente del “lost and found” de los colegios gringos).
En la fracción V del artículo 4º, se garantiza que una persona que haya desparecido, una vez reencontrada, no volverá a desaparecer jamás; esto viene siendo una especie de vacuna anti-desaparición.
La fracción VI del mismo artículo, crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas que se coordinará con el SAT para localizar a los contribuyentes desaparecidos por motivos fiscales.
Para perfeccionar el Registro de Personas Desaparecidas, Ilocalizables y de Paradero Ignoto, todos los ciudadanos desvanecidos deberán presentarse a la ventanilla del nuevo Registro Nacional, con dos fotografías a todo color en tamaño infantil, y presentar su credencial para votar vigente (o su acta de defunción en original), a fin de que se tome nota y se les asigne un auxilio económico mensual, mientras reaparecen o son encontrados en sus respectivos paraderos.
Los ciudadanos desaparecidos y no localizados, gozarán del mismo derecho de los ciudadanos muertos, que como es tradicional en Mexicalpan de las Tunas, siguen votando desde ultratumba.
La fracción VII del portentoso artículo 4º de la ley en cuestión, regula la participación de los parientes, familiares y amigos de los desaparecidos para que cooperen con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas (¿no será un pleonasmo?), así como garantiza la coadyuvancia en las etapas de investigación para que opinen y reciban información.
Viendo la brillantez intelectual de los diputados que han sido capaces de redactar una ley única en todo el mundo, valdría la pena sugerirles que emitan una nueva norma que puede llamarse “Ley General para Prevenir, Evitar la Desaparición y/o Recuperar Fondos Públicos Desaparecidos y Amachinados por Funcionarios Corruptos y sin Escrúpulos”.
Si el Congreso de la Unción emitiera una ley así, la Secretaría de la Función Pública resultaría innecesaria, porque bastaría con integrar la Comisión Nacional de Buscadores de Recursos Desaparecidos y Amachinados, para pasar a la báscula a toda clase de Duartes, Borges, Moreiras, Zavalas, Sahagunes, Foxes, Calderones y demás fauna nociva.
Lo que merece mención aparte, es el cinismo celebratorio de la bien llamada “cámara baja” (moralmente hablando), que vocifera y festina la dichosa ley, como si la legisladera al mayoreo hubiera servido de algo al país.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, como su nombre lo indica, EXCLUYE las desapariciones cometidas por la Policía Municipal de Iguala, por los soldados del glorioso Ejército Mexicano, o por las corporaciones policiacas inspiradas en el código ético del legendario Negro Durazo.
Dados los honorarios, aguinaldos y bonos que se despachan nuestros patrióticos legisladores, deberíamos promover que la nueva ley se exporte a países como Siria, Somalia, Irak y Afganistán, donde desaparecen cientos y millares de personas todos los días.
Si esos países acogieran esta ley mexicana como modelo para solucionar la epidemia de desapariciones que padecen, recuperarían la paz social y gozarían de las garantías que disfrutan los mexicanos y las mexicanas, especialmente a partir de la promulgación de esta ley que sin duda viene a ser la más grande conquista legislativa de la humanidad, desde el Código de Hammurabi.
Mediante la exportación de leyes tan extraordinarias, México podría recuperar al menos parte de lo que nos cuesta patrocinar a diputados y cenadores (sí, con “C”, ¡porque cómo cenan a nuestra costa!).
No hace falta reiterar que esta ley tendrá la misma eficacia que la mítica Carabina de Ambrosio (que no servía para nada).
La creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas podría aprovecharse para que aunque sea con la linterna de Diógenes, busquen candidatos con cuando menos tres neuronas para ocupar los miles de cargos que se disputarán en la rapiña electoral del año entrante.
¿Cuándo comenzarán a regresar los desaparecidos gracias a la nueva ley emanada de los privilegiados cerebros diputadiles?
Lamentablemente, la respuesta la sigue teniendo la antiquísima canción de Mambrú:
“Mambrú se fue a la guerra
¡Qué dolor, qué dolor, qué pena!
Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá, do, re mí, do, re fa, no sé cuándo vendrá…”
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