Se acaba de dar a conocer en días pasados el Índice Global de Impunidad México 2016 (IGI-MEX 2016).
Este reporte fue elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), auspiciado por la Universidad de las Américas Puebla y asesorado por una amplia gama de universidades, agencias intergubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.
El IGI-MEX 2016 surge por la preocupación que despertó el que nuestro país ocupe el lugar 58 de 59 países con los mayores niveles de impunidad, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015, presentado por ese mismo centro de estudios en abril del año pasado.
La impunidad en México es uno de los desafíos más grandes para alcanzar un mayor estado de derecho en nuestro país, ya que si las faltas a la ley no se traducen en sanciones, difícilmente las leyes repercuten en calidad de vida para las personas.
La impunidad se asocia directamente con otros problemas como corrupción, inseguridad, violencia, desigualdad económica, entre muchos otros.
De las cosas más importantes que aclara el reporte del IGI-MEX es que la impunidad tiene múltiples causas y múltiples dimensiones.
Entre las múltiples causas y dimensiones de la impunidad, destaca el papel de los estados como los responsables directos de la procuración de justicia y las condiciones para un ambiente de mayor seguridad.
Si bien la impunidad es un problema generalizado en México, es necesario entender que las raíces del problema de la impunidad se encuentran principalmente en lo que sucede en el ámbito local.
Los expertos del IGI-MEX señalan que afortunadamente nuestro país cuenta con información suficiente y de calidad para medir el problema de la impunidad, con excepción de Michoacán, que se clasifica como caso atípico por la poca confiabilidad de la información disponible a nivel local.
Gracias al reporte del IGI-MEX 2016, nuestro país se ha convertido en pionero en el estudio de las fuentes de impunidad en el ámbito local. El reporte ayuda a entender cómo los obstáculos al funcionamiento de los aparatos locales de justicia y seguridad impactan en el resultado de impunidad.
En México solo se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos, y esto sucede porque lleva demasiado tiempo hacer una denuncia y existe una desconfianza generalizada en la autoridad.
Lo grave es que esta desconfianza no ocurre en uno que otro estado, sino que está vigente a lo largo y ancho del territorio nacional. De hecho, desafortunadamente el nivel de impunidad es bastante parejo entre la gran mayoría de los estados.
Solamente siete estados clasifican en un grado de impunidad medio o bajo. Son los estados de Campeche y Nayarit (grado bajo de impunidad), mas San Luis Potosí, Distrito Federal, Sonora, Chihuahua y Chiapas (con grado medio de impunidad). Los otros 25 estados tienen un grado de impunidad que se considera “alto” o “muy alto”. Así las cosas.
Clasificación de los estados de acuerdo con el IGI-MEX 2016
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Fuente: CESIJ; UDLAP. 2016.
Algunos indicadores que toma en cuenta el IGI-MEX 2016 son:
- Presuntos delitos registrados por cada 100 mil habitantes
- Presupuesto ejercido por habitante por parte de la Procuraduría de Justicia local
- Personal del ministerio público por cada 100 mil habitantes
- Peritos del Ministerio Público por mil delitos registrados
- Magistrados y jueces por cada 100 mil habitantes
- Causas penales en primera instancia entre número de jueces
- Número de sentenciados en 1ra. instancia entre número de procesados en 1ra. instancia
- Número de sentenciados entre número de ingresos penitenciarios
- Porcentaje de reclusos sin sentencia en 1ra. instancia.
Grados de impunidad en los estados en México de acuerdo con el IGI-MEX 2016
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Fuente: CESIJ; UDLAP. 2016.
Alcanzar mejores niveles en el indicador de impunidad es un aspecto que llevará tiempo, por lo que resulta crucial avanzar de manera decidida en las reformas a los sistemas de procuración e impartición de justicia en los estados.
Es importante que los gobiernos locales entiendan la enorme trascendencia de contar con sistemas de justicia que mantengan la mayor independencia y autonomía posible para abatir los altos niveles de impunidad, así como el hecho de que los sistemas de justicia no deben ser utilizados como una cota de poder. Lo que se debe buscar por parte de los estados es contar con un sistema neutral que por sí solo llevaría a mejoras en la calidad de vida de los habitantes.
Por otro lado, como señala el reporte que hoy nos ocupa, la autonomía de los órganos de procuración e impartición de justicia debe ir de la mano de una mayor transparencia y gobierno abierto, completamente apegadas a las recomendaciones de carácter internacional.
A nivel global, necesitamos aprovechar la información con que contamos sobre dónde estamos y cuáles son los mejores referentes internacionales en materia de impunidad, estado de derecho, corrupción y muchos otros aspectos que impactan en las posibilidades de las personas de alcanzar un futuro más promisorio.
Nuestra posición en el contexto internacional es débil en estado de derecho, impunidad, corrupción, desarrollo humano, paz y muchos otros temas que en esta columna hemos abarcado. Acabamos de enterarnos casi a la par con el IGI-MEX 2016 que en el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 que realiza Transparencia Internacional, estamos en el lugar 96 de 167 países.
Es urgente saber en qué estamos mejorando y en qué estamos estancados con base en la mirada experta e imparcial de las agencias internacionales y centros de estudio.
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Fuentes:
http://www.transparency.org/cpi2015
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